La ONU envía una misión a Argentina por la liberación de la dirigente indígena Milagro Sala
Expertos de las Naciones Unidas viajarán a Argentina para abogar por la liberación de la líder indígena Milagro Sala, detenida desde 2016, y para revisar el estado de las detenciones arbitrarias en el Estado suramericano.
Según un comunicado difundido en Ginebra, el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU envía a dos de sus cinco miembros a la Argentina, del 8 al 18 de mayo, para obtener la liberación de la dirigente indígena Milagro Sala, presa desde enero de 2016, y para inspeccionar lugares de reclusión, entrevistar a víctimas, autoridades y la sociedad civil en la capital, Buenos Aires, y las provincias de Jujuy, Buenos Aires y Chubut, reveló la Agencia France Presse (AFP).
Viajan a Argentina los expertos Sètondji Roland Adjovi, oriundo de Benín, y la letona Elina Steinerte. Esperan reunirse a solas con Milagro Sala y se aguarda que le reiteren al Gobierno de Mauricio Macri que la ponga en libertad, como le solicitaran mediante una decisión notificada en octubre de 2016. Sala continúa detenida en la provincia de Jujuy y su caso se encuentra pendiente de resolver en la Corte Suprema de Justicia de Argentina.
Está previsto que los expertos visiten la comunidad indígena mapuche (lof) de Cushamen, Chubut, en la región austral del país, que presuntamente es objeto de criminalización de la protesta social, agudizada como consecuencia de disturbios al comienzo de 2017, tras la ocupación de tierras ancestrales, cuya devolución reclaman, y que son ahora propiedad del empresario italiano Luciano Benetton, quien posee cerca de un millón de hectáreas en la Patagonia Argentina.
“El 10 y 11 de enero de 2017, el lof Cushamen sufrió una dura represión, con más de 200 efectivos de Gendarmería Nacional que avanzaron sobre la comunidad y detuvieron a una decena de dirigentes”, denunció Amnistía Internacional (AI), que criticó la falta de “control judicial efectivo sobre el operativo y los alcances y exabruptos que fueron cometidos”, y aseguró que “el Estado debe rendir cuentas por el maltrato y abuso de la fuerza dirigido a hombres, mujeres y niños”.
De los siete mapuches detenidos en aquel acto, todos posteriormente liberados, tres han quedado procesados al “impedir el normal funcionamiento del servicio de transporte por tierra, en grado de tentativa, resistencia a la autoridad, lesiones y daño agravado”, delitos que pueden ocasionar “penas de tres meses a cinco años de cárcel”, recogió la prensa argentina.
En diciembre de 2016, el Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación Racial observó con preocupación “que a pesar del marco legal que reconoce el derecho de propiedad de las tierras tradicionalmente ocupadas por los pueblos indígenas, el Estado (argentino) no garantiza todavía el pleno disfrute y ejercicio efectivo de este derecho”, e instó a implementar la Ley 26 160 y “a la pronta finalización del proceso de relevamiento de las tierras y territorios ancestrales”.
El Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria está compuesto por cinco expertos independientes, uno por cada una de las zonas en las que se agrupan los Estados miembros de las Naciones Unidas. Estas personas son elegidas por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, trabajan sin cobrar sueldo y solo reciben viáticos.
Esta es la segunda vez que el Grupo sobre la Detención Arbitraria visita Argentina. La anterior fue en 2003, cuando le recomendó al Gobierno que entonces presidía Néstor Kirchner “revisar la legislación y práctica en materia de detención preventiva”, que “debe ser la excepción, no la regla” y liberar a los imputados “cuando ello no sea incompatible con el interés superior de la justicia y cuando pueda asegurarse de otra manera su comparecencia en juicio”.
Así mismo le recomendó tomar medidas contra la sobrepoblación carcelaria, que “está en la base de los problemas detectados en las condiciones de detención”, un fenómeno que hoy sobrepasaría en un 10 % la capacidad de alojamiento penitenciario del país, a tenor de lo admitido la semana pasada en Ginebra por la delegación argentina ante el Comité de la ONU contra la Tortura. Datos oficiales del Sistema Nacional de Estadística sobre Ejecución de la Pena (SNEEP) precisan que en Argentina, a 31 de diciembre de 2015, había 75 769 personas bajo régimen penitenciario, una tasa de 176 por cada 100 000 habitantes, cuando la totalidad de la población nacional era de 43 131 966.
En aquella primera misión hace casi 14 años, los expertos tuvieron “una serie de dificultades como cancelaciones de reservas de vuelos y hoteles, que les impidieron, entre otras cosas, visitar la provincia de Santiago del Estero, que unas semanas después fue intervenida por el Gobierno federal” de Néstor Kirchner, recuerda un funcionario que formara parte de la comitiva de la ONU.
