La ONU instó a México a crear un mecanismo internacional para fortalecer la búsqueda de personas desaparecidas

El Comité de la ONU contra las Desapariciones Forzadas instó este lunes a México a fortalecer sus servicios forenses y periciales “con la creación de un mecanismo internacional de asistencia técnica en conjunto con las víctimas, las organizaciones especializadas y otras entidades relevantes con el objetivo de proceder de manera urgente al procesamiento forense de los miles de cadáveres y restos óseos pendientes de identificación”.

Este grupo de diez expertos de la ONU, que examinó al Estado el pasado 9 de noviembre, dijo estar preocupado por la insuficiencia de los servicios forenses mexicanos por lo que llamó a las autoridades a tomar medidas para “responder adecuadamente al creciente número de personas reportadas como desaparecidas, los miles de cadáveres y restos óseos pendientes por identificar, así como la continua aparición de fosas comunes y clandestinas en distintas partes de su territorio”.

Para hacer frente a lo que llamaron una “emergencia forense”, los expertos además le recomendaron al Estado garantizar que todo el procedimiento de recuperación, identificación, notificación y entrega de los restos de personas fallecidas a sus familias “se realice con rigor científico, de forma digna y respetuosa, de conformidad con los más altos estándares”.

Además del mecanismo internacional, las autoridades deben crear “una institución nacional especializada y autónoma que cuente con un servicio profesional de carrera, sometida a un régimen de rendición de cuentas efectivo que incluya controles de calidad”, aseguraron los expertos en el informe de doce páginas en el que consignaron las recomendaciones que le hicieron al Estado norteamericano.

Desapariciones generalizadas, impunidad y revictimización

El Comité indicó que México vive una situación de desapariciones generalizadas y lamentó que allí “imperen la impunidad y la revictimización”. De igual forma, deploró la falta de datos confiables sobre personas desaparecidas, calificó como estructurales los obstáculos para acceder a la verdad, la justicia y la reparación y destacó la “falta de avances efectivos” en la implementación de las recomendaciones que le había formulado al Estado con anterioridad.

Dentro de las medidas que los expertos recomendaron a México para hacer frente a esta situación está “elaborar y adoptar a la mayor brevedad, un plan claro, completo, verificable y con un cronograma definido de implementación de la Ley General en materia de desaparición forzada de personas” que, aunque entró en vigor en enero de 2018, aún no ha sido puesta en marcha.

En el mismo sentido, el Comité recomendó poner en funcionamiento “los registros y herramientas contemplados en la Ley General, incluyendo el Registro Nacional de Personas Fallecidas no Identificadas y no Reclamadas, el Banco Nacional de Datos Forenses y el Registro Nacional de Fosas y también el sistema único de información tecnológica e informática”.

Por otra parte, preocupados por que la militarización excesiva pueda aumentar la impunidad y las desapariciones forzadas, los expertos exhortaron al Estado a “fortalecer a las fuerzas civiles del orden y a establecer un plan de retiro gradual, ordenado y verificable de las fuerzas militares de las tareas de seguridad pública” y a regular el uso de la fuerza de acuerdo con los estándares internacionales de derechos humanos.

Finalmente, el Comité reiteró que la creación de una Fiscalía General autónoma e independiente es indispensable para garantizar los derechos a la verdad y la justicia y exhortó al Estado a “dotar de personal idóneo y recursos materiales suficientes a la Fiscalía Especializada en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada y a las fiscalías especializadas locales para su correcto funcionamiento”.

México, que ratificó en 2008 la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, deberá presentar su próximo informe al Comité en noviembre de 2021.