Naciones Unidas pidió a Ecuador investigar denuncias de tortura en centros de reclusión

por | 07-12-2016

El Comité de la ONU contra la Tortura recomendó a Ecuador investigar con diligencia las denuncias de presuntos abusos o tratos inhumanos cometidos en centros de reclusión. Los hallazgos deben ser presentados dentro de un año.

Palais des Nations, Ginebra

En un documento divulgado hoy en Ginebra, el Comité de la ONU contra la Tortura pidió a Ecuador entregar, a más tardar en diciembre de 2017, los resultados de la investigación de los presuntos abusos cometidos contra las personas privadas de la libertad en el Centro Regional Sierra Sur Turi, ubicado en Cuenca, que quedaron evidenciados en un video que circula en redes sociales.

Durante el examen que este órgano de las Naciones Unidas le hizo a Ecuador los pasados 8 y 9 de noviembre, la delegación nacional confirmó la veracidad del material audiovisual e informó que había un proceso de indagación en curso. En sus recomendaciones, los expertos del Comité fijaron el plazo en el que Ecuador debe presentar “información completa” sobre este caso y sobre “denuncias de malos tratos a menores internados en centros de adolescentes infractores”.

Las condiciones de reclusión en las cárceles también fueron objeto de preocupación para este Comité encargado de supervisar el cumplimiento de la Convención contra la Tortura, ratificada por Ecuador en 1988. En particular, los expertos se refirieron a condiciones como hacinamiento, deficiencia del acceso a los servicios de salud, violencia entre los reclusos, restricción de las visitas y “métodos de registro invasivos y vejatorios a los que deben someterse los visitantes, en particular las mujeres”.

Por estas razones, el Comité recomendó a Ecuador asignar el presupuesto y personal necesarios para corregir estos factores violatorios de la dignidad de las personas privadas de la libertad y sus allegados, observar lo establecido por las Reglas Mínimas de la ONU para el Tratamiento de los Reclusos, reducir el hacinamiento “principalmente mediante el recurso a medidas alternativas a la pena privativa de la libertad” y “proseguir los trabajos de mejora de las instalaciones penitenciarias”.

En el mismo sentido, el Comité, conformado por 10 expertos independientes, pidió a Ecuador asegurarse de que el régimen de aislamiento solo sea utilizado “como medida de último recurso, por el periodo más breve posible y bajo estrictas condiciones de supervisión”, y prohibir su uso en el caso de menores de edad. Igualmente, Ecuador deberá investigar “todas las muertes de personas en detención a fin de determinar cualquier posible responsabilidad de los funcionarios de instituciones penitenciarias”.

Adicionalmente, el Comité recomendó al Estado ecuatoriano garantizar que las personas privadas de la libertad gocen de “todas las salvaguardias legales fundamentales a partir del mismo momento del arresto, incluido el derecho a recabar la asistencia sin demora de un abogado y el derecho a comunicar inmediatamente su detención”.

Así mismo, pidió velar por que todos los lugares de detención “sean objeto de inspecciones periódicas e independientes” para lo cual el Estado debe facilitar el acceso a estos sitios del personal del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura “y de las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos mediante la correspondiente acreditación oficial”.

Violencia sexual y de género

Por otra parte, los expertos del Comité, alarmados por los altos índices de violencia sexual, recomendaron a Ecuador garantizar que “las mujeres víctimas de una violación que voluntariamente decidan interrumpir su embarazo tengan acceso a abortos legales y en condiciones seguras” para lo cual deberá eliminar las restricciones establecidas en su legislación, que solo permite la interrupción del embarazo cuando pone en peligro la vida de la mujer o se produce como consecuencia de la violación de una persona con discapacidad mental.

De igual manera, el Comité dijo estar consternado por la persistencia de casos de abuso y violencia sexual a menores en centros educativos y señaló que tan solo entre 2012 y 2014 se registraron 343 denuncias por este tipo de delitos. Por esta razón, recomendó al Estado adoptar medidas para prevenir y sancionar la violencia sexual en establecimientos de enseñanza, investigar con diligencia las denuncias y brindar protección a las víctimas.

Finalmente, preocupado por la falta de condenas en los casos de centros que ofrecen las llamadas “terapias de deshomosexualización”, el Comité instó a Ecuador a investigar “todos los casos de violencia contra las personas por motivo de orientación sexual e identidad de género” y a combatir la estigmatización de la población LGBT.