La ONU pidió a Guatemala revisar su legislación sobre los derechos de las personas con discapacidad

El Comité de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad recomendó al Estado centroamericano hacer una “completa revisión transversal” de su legislación para hacerla compatible con lo dispuesto en la Convención Internacional que regula la materia, y que fue ratificada por Guatemala en abril de 2009.

Según los 18 expertos que conforman el Comité, en este país “prevalecen leyes, reglamentos, costumbres y prácticas existentes que constituyen discriminaciones graves contra las personas con discapacidad”. A esta conclusión llegaron luego de examinar por primera vez la situación de esta población en Guatemala los pasados 22 y 23 de agosto en Ginebra.

El Comité pidió agilizar el proceso de aprobación de la iniciativa 5125 o ley marco sobre discapacidad “la cual ofrece una respuesta armonizada con la Convención” y asegurar “la implementación efectiva por todos los ministerios e instituciones públicas concernidos de su Política Nacional de Discapacidad, asignando los recursos necesarios, una agenda de aplicación y un mecanismo de seguimiento”.

Institucionalización forzada

Además del marco normativo inadecuado, el Comité hizo referencia a la situación de los niños y adultos con discapacidad detenidos en instituciones, en particular en el Hospital Nacional de Salud Mental Federico Mora “quienes se encuentran segregados de manera indefinida”.

Al respecto, el Comité pidió al Estado “definir urgentemente una estrategia de desinstitucionalización para personas con discapacidad, con plazos, recursos suficientes y medidas de evaluación específicas” y “abolir la colocación de niños y niñas de todas las edades bajo el cuidado de instituciones”.

Con el fin de asegurar que los menores con discapacidad puedan permanecer en su entorno familiar, el Comité recomendó garantizar un apoyo adecuado a las familias y “asignar recursos suficientes para el desarrollo de servicios de apoyo incluyendo la asistencia personal en las comunidades locales que permitan a todas las personas con discapacidad elegir libremente con quién, dónde y en qué modalidad de convivencia vivirán”.

Discriminación y violencia contra las personas con discapacidad

El Comité también constató que, en Guatemala, las personas con discapacidad, en particular las mujeres y las niñas, sufren discriminación, malos tratos, abusos, restricción de sus derechos sexuales y reproductivos y que prevalece “el paradigma asistencialista y de caridad para su atención y cuidado”.

De igual manera, encontró que el acceso a la justicia para las personas con discapacidad, especialmente en las zonas rurales, es limitado y que existen “barreras de accesibilidad de todo tipo y falta de ajustes procesales”. Además de llevar a cabo los ajustes necesarios para corregir esta situación, el Comité recomendó a Guatemala dar capacitación sobre las disposiciones de la Convención a los operadores de justicia.

Guatemala deberá presentar su próximo informe al Comité en abril de 2023. No obstante, tiene solo 12 meses para proporcionar información sobre las medidas que emprenda para armonizar su legislación interna con la Convención y para avanzar en la desinstitucionalización de las personas con discapacidad.

Las recomendaciones del Comité a Guatemala están disponibles en este enlace.