La ONU pidió a Honduras legalizar la píldora anticonceptiva de emergencia y el aborto terapéutico
El Estado hondureño “debería eliminar la prohibición de la píldora anticonceptiva de emergencia” y modificar “con carácter de urgente” su legislación “para ayudar a las mujeres a evitar embarazos no deseados y asegurar que no deban recurrir a abortos clandestinos que pudieran poner en peligro sus vidas y salud”, se lee en las recomendaciones que formuló a Honduras el Comité de Derechos Humanos de la ONU, y que fueron publicadas en Ginebra.
Compuesto por 18 expertos independientes, elegidos por el voto secreto de los países que han ratificado el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, este Comité mostró su desacuerdo por que en Honduras “toda interrupción voluntaria de embarazo es ilegal e incurre en penas de hasta diez años de prisión”, y se alarmó de las “altas tasas de mortalidad debido a abortos inseguros” y “de embarazo adolescente no deseado”.
El Comité instó en consecuencia al Gobierno hondureño a que garantice “el acceso a un aborto legal y seguro incluyendo en los casos de amenaza a la vida o a la salud de la mujer, violación o incesto, y de feto inviable debido a anomalía, y considerar la descriminalización del aborto”.
Elecciones ajustadas a la Constitución
Por otra parte, el Comité manifestó su preocupación “por el hecho de que a pesar del límite del mandato presidencial establecido en la Constitución el titular del cargo se presente a la reelección”, apuntando sin nombrarlo al primer mandatario, Juan Orlando Hernández, elegido por 4 años en 2013, quien vuelve a presentarse para las próximas elecciones presidenciales, del 26 de noviembre de 2017, en busca de un nuevo mandato de cuatro años.
El Comité recordó “las alegaciones de irregularidades” en las elecciones que llevaron al poder a Hernández cuatro años atrás, y enumeró “la compra de votos, deficiencias en la actualización del censo electoral, la falta de transparencia en la financiación de la campaña y la posibilidad de que hubiera habido fraude en la transmisión de las actas electorales al Tribunal Supremo Electoral”.
Los expertos añadieron “el asesinato de más de una docena de activistas de la oposición y candidatos durante la pasada campaña electoral”.
Pidieron que para las elecciones venideras se respete “el criterio de elegibilidad establecido en la Constitución, en particular el de la limitación del mandato presidencial”, pese a que Hernández haya proclamado su candidatura para un segundo mandato, aprobada por el Tribunal Electoral en 2016, una presunta transgresión de un artículo constitucional que solo podría ser reformado por referendo.
Este Comité de la ONU se pronunció por que las elecciones de noviembre de 2017 sean “libres y equitativas”, que se garantice “el ejercicio efectivo del derecho al voto”, mediante “un proceso electoral justo e imparcial”, con “seguridad de las urnas y que los votos puedan ser escrutados en presencia de los candidatos o de sus agentes”.
Los expertos concluyeron que “debería haber un escrutinio de los votos y un proceso de recuento independientes y con posibilidad de revisión judicial o de otro proceso equivalente”.
