La ONU reafirmó el principio de la justicia transicional para países con crisis en DD. HH.
A punto de concluir su 33.ª sesión ordinaria, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU adoptó una resolución en la que reiteró la importancia de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición en los contextos de transición a la democracia.
Con 30 votos a favor y 17 abstenciones, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU adoptó hoy en Ginebra una resolución en la que reafirmó el principio de justicia de transición, guía para los países que salen o deberían salir de regímenes autoritarios hacia democracias participativas, mediante la “promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición”.
De los ocho países latinoamericanos que integran este Consejo, cinco votaron a favor (Ecuador, El Salvador, México, Panamá y Paraguay) y tres se abstuvieron: Bolivia, Cuba y Venezuela, debido a la mención en la resolución de la “responsabilidad de proteger”, establecida por la Asamblea General de la ONU, que puede abrir las puertas a una intervención internacional de un país que cometa, contra su propia población, “violaciones graves del derecho internacional humanitario, en particular el genocidio, los crímenes de guerra, la depuración étnica y los crímenes de lesa humanidad”.
Los tres países latinoamericanos que no se sumaron al voto a favor de la resolución intentaron en vano que el concepto de la “responsabilidad de proteger” fuera eliminado del texto. Para ello propusieron dos enmiendas que fueron rechazadas en votaciones separadas, maniobra que, en diferentes medidas, acompañaron El Salvador y Ecuador, aunque estos dos últimos Estados, tras la derrota de las enmiendas en los citados escrutinios, resolvieron apoyar la resolución original en el voto final.
¿Por qué se abstuvieron?
La controversia residió en un detalle aparentemente anodino, pero cuyas eventuales consecuencias no lo son: en nombre de la “responsabilidad de proteger”, el Consejo de Seguridad de la ONU podría tomar cartas en los asuntos de un país cuyo Gobierno viole masiva y sistemáticamente los derechos humanos de la población civil. Esto podría desencadenar una intervención internacional como la acontecida en Libia en 2011 y que derrocó a Muamar Gadafi.
Fue así que Cuba, Bolivia y Venezuela se abstuvieron de apoyar una resolución que en uno de sus puntos exhorta a los Estados a que, para impedir los crímenes atroces enumerados con anterioridad, cooperen con el Asesor Especial del Secretario General sobre la responsabilidad de prevenir el genocidio, encargado de alertar a la máxima autoridad de la ONU de situaciones que podrían necesitar una intervención extranjera para que cesen las graves violaciones de los derechos humanos.
Finalmente, la resolución solicita un estudio conjunto al Asesor Especial del Secretario General sobre la prevención del genocidio y al Relator Especial sobre verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. El informe, que será debatido en una próxima sesión del Consejo, deberá abordar la contribución de la justicia de transición en la prevención de las violaciones de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario.
Así votó el Consejo la resolución sobre justicia transicional.*
*Tenga en cuenta que, posteriormente, el Congo rectificó su voto negativo.
