La ONU reclama por los derechos humanos de las víctimas del robo de un río en Argentina
Dos expertos internacionales de las Naciones Unidas pidieron al Estado argentino restablecer los derechos violados por el desvío del río Atuel que privó de sus aguas a los habitantes de La Pampa y ocasionó graves daños ambientales.
En un comunicado difundido hoy en Ginebra, los Relatores Especiales del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Léo Heller, por el agua y el saneamiento, e Hilal Elver, por el derecho a la alimentación, exhortaron al Gobierno argentino a reparar el daño humano y ambiental causado por el robo del último tramo del río Atuel, perpetrado por la provincia de Mendoza en perjuicio de la población y medio ambiente de la provincia de La Pampa.
Pese a resoluciones judiciales internas en Argentina que vienen reclamando medidas para resolver el problema desde hace casi 30 años, y que permanecen incumplidas, el caso permanece en la impunidad.
La responsabilidad de solucionarlo recae en el Gobierno nacional, encargado de hacer respetar un dictamen de la Corte Suprema, de 1987, y reforzado por un convenio interprovincial de 2008 para desactivar el pleito, cuya aplicación debería haber sido garantizada por la entonces presidenta de la República, Cristina Fernández de Kirchner.
Sin embargo, su inacción favoreció a la provincia de Mendoza, que ahora debe reparar el daño que causó la desviación del curso del río Atuel hace alrededor de un siglo. La controversia motivó un reciente pronunciamiento de la procuradora general de la nación, Alejandra Gils Carbó, quien ha vuelto a señalar la injusticia que allí se cometió, dándole implícitamente razón a la provincia de La Pampa.
Ante esta situación, la Fundación Chadileuvú (FUCHAD), una organización de la sociedad civil de La Pampa, denunció el caso en la ONU. En su reacción, el Relator Léo Heller le pidió al Gobierno del presidente Mauricio Macri que cese la discriminación en perjuicio de la población de La Pampa, que debe gozar de “la igualdad en la prestación de servicios de agua y de saneamiento”, en relación con el acaparamiento de un río interprovincial en exclusivo provecho de la Provincia de Mendoza.
La Relatora sobre el derecho a la alimentación, Hilal Elver, le recordó al Gobierno argentino que debe velar por “la alimentación adecuada” de la población, y oponerse a toda medida que “impida el acceso a alimentos en cantidad y calidad suficientes” de acuerdo “a las necesidades alimentarias de los individuos”.
La Relatora fustigó la “desecación” del río Atuel, que acarreó “el éxodo poblacional en la zona oeste de La Pampa”. Así mismo, señaló que “la falta de agua” en esa región engendró la “salinización del agua restante, lo que ha provocado escasez de forraje para el ganado, la muerte de animales” y “la degradación del suelo, que tiene efectos negativos en la agricultura”.
Así se robaron el río Atuel
¿Cómo pudo ocurrir algo así en un país cuyo Estado acaba de festejar sus 200 años de existencia? Cabe recapitular que el flagrante desvió del río Atuel, cuyo último caudal entró en La Pampa hace 65 años, fue llevado a cabo por la provincia de Mendoza mediante un expolio de baja intensidad a lo largo de varias décadas. La falta de irrigación ocasionada es un ejemplo de la desertificación por voluntad humana que ha secado una suerte de Mesopotamia en los inhospitalarios confines pampeanopatagónicos.
Lentamente fue acabando con los humedales del Atuel en esa provincia, que habían constituido un oasis para las etnias autóctonas (tehuelches y mapuches) y para las corrientes criollas y migratorias extranjeras que posteriormente transitaron y poblaron las orillas del complejo fluvial. La tragedia por la privación del agua natural que brindaba la naturaleza por conducto del Atuel se concretó tras la conquista del desierto en 1879, con la ocupación militar de La Pampa y la Patagonia, que selló el exterminio y el desplazamiento de los indios.
El saqueo del citado río en La Pampa engendró la desaparición de especies animales y vegetales y el deterioro demográfico, verificado en la emigración de su población hacia lugares más prósperos.
Para colmo, la región se caracteriza por escasas lluvias, del orden de los 350 mm anuales de media, lo que agrava las sequías debidas al secuestro del río aguas arriba. La involución del paisaje físico aumentó con el crecimiento y avance de los médanos por los frecuentes y violentos vientos del sudoeste, generando las condiciones para la propagación de bosques xerófilos en las antiguas áreas húmedas.
No debe dejar de consignarse que el río Atuel nace en la alta cordillera de los Andes y atraviesa transversalmente la provincia de Mendoza. Originalmente penetraba después 170 km en la provincia de La Pampa, regaba un inmenso humedal de casi 300 km de largo por un ancho variable, generalmente superior a 10 km, equivalente a un quinto de la superficie de Bélgica, para hacerse una idea comparativa.
La arrogancia y codicia de una provincia más poderosa en perjuicio de una más débil, en conjunto con la indiferencia de los restantes poderes del Estado, explican algo comparable a un presunto crimen ecológico y a una violación generalizada de los derechos económicos, sociales y culturales.
La sustracción de los caudales del Atuel se operó en distintos lugares y fechas, según las cartas geográficas de la época. Se consumaron la apropiación de un afluente y tres cortes, todo por voluntad humana, en 1908, 1918, 1937, y 1947 que le cambiaron el destino al Atuel, que hoy irriga Mendoza, pero tiene secos a los pampeanos.
La ONU ha comprendido la magnitud del drama e intenta ayudar con su prestigio, persuadiendo a las autoridades competentes a que apliquen diferentes principios de derechos humanos, especialmente el derecho al agua, reconocido como tal por el Consejo de Derechos Humanos en 2010.
