Naciones Unidas urgió a Honduras a enjuiciar a los asesinos de Berta Cáceres

El Comité de las Naciones Unidas contra la Tortura dio a Honduras un año de plazo para proporcionarle información detallada sobre el enjuiciamiento de los presuntos responsables del asesinato de la defensora de derechos humanos y ecologista Berta Cáceres, ocurrido el 3 de marzo de 2016 en el municipio la Esperanza, ubicado en el oeste del país.

Luego de examinar la situación de Honduras en materia de lucha contra la tortura, los expertos del Comité lamentaron que el Estado no hubiera proporcionado información suficiente sobre la supuesta implicación de “un miembro en activo del ejército hondureño en el asesinato de Berta Cáceres”, ni sobre las alegaciones según las cuales la activista haría parte de una lista negra “en manos de una unidad de élite del ejército”.

Adicionalmente, el Comité rechazó las declaraciones públicas de “altos funcionarios del Estado en las que se descalifica el trabajo de los defensores de derechos humanos y periodistas poniendo así en riesgo su integridad física”.

Por estas razones, Honduras, en cumplimiento de las obligaciones que adquirió al ratificar la Convención contra la Tortura en 1996, deberá presentar, a más tardar en agosto de 2017, los avances que haya hecho para garantizar la protección de los representantes de la sociedad civil “frente a los actos de intimidación y violencia a los que podrían exponerles sus actividades”.

En el mismo sentido, el Estado tendrá que informar al Comité sobre las medidas que emprenda con miras a que se investiguen y sancionen con celeridad “todas las amenazas y agresiones contra periodistas, defensores de derechos humanos y miembros de las organizaciones de la sociedad civil”.

Personas privadas de la libertad

Por otra parte, preocupan al Comité el hacinamiento carcelario, la falta de seguridad y de personal especializado en las prisiones, la infraestructura inadecuada y la ausencia de programas de rehabilitación para los reclusos.

Además de “redoblar esfuerzos” para dar solución a estas situaciones, los expertos instaron a Honduras a traspasar la gestión de las cárceles, actualmente controladas por las Fuerzas Armadas y la policía, al Instituto Nacional Penitenciario.

Violencia de género y derechos sexuales y reproductivos

El Comité contra la Tortura también recomendó al Estado fortalecer la prevención, combatir y sancionar penalmente todas las formas de violencia contra la mujer. Lo anterior comprende “velar por que las víctimas obtengan reparación integral, incluida una reparación justa y adecuada, y una rehabilitación lo más completa posible”.

Respecto a la interrupción voluntaria del embarazo, el Comité pidió a Honduras “que vele por que las mujeres, especialmente las víctimas de violación, tengan acceso a abortos legales y en condiciones seguras”.

Las observaciones y recomendaciones del Comité están disponibles en este enlace.

Otros de los temas abordados en las recomendaciones formuladas por los expertos del Comité contra la Tortura fueron los derechos de las personas LGBTI, la protección de los menores contra el reclutamiento forzado, la limitación del uso de la fuerza y el fortalecimiento y adecuada financiación del Comité Nacional de Prevención contra la Tortura y otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes (CONAPREV).

Honduras deberá entregar su próximo informe periódico al Comité en agosto de 2020.