La represión en Nicaragua es sistemática: alto comisionado de la ONU para los derechos humanos
Según un informe de la OACNUDH, Nicaragua ha reprimido, perseguido y estigmatizado a quienes han participado en las protestas iniciadas el 18 de abril y a quienes percibe como opositores o contradictores políticos.
En un informe presentado ayer en Ginebra, la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (OACNUDH) aseguró que, como consecuencia de la persecución, estigmatización y represión contra manifestantes y defensores de derechos humanos, en Nicaragua “no existen las condiciones para el ejercicio libre y seguro de los derechos a la libertad de expresión, de asociación y de reunión pacífica”.
“La sistemática persecución y represión de la disidencia o de la oposición así percibida por parte de las autoridades gubernamentales y grupos progubernamentales, sumado a la continua intimidación por parte de grupos armados progubernamentales, ha resultado en un clima de temor generalizado, frustración y desesperación en la población”, sostiene la ONU en su informe.
Para los funcionarios de la OACNUDH, presentes en Nicaragua por invitación del Estado, la represión sistemática de la disidencia es característica de la tercera fase de la crisis política que empezó el pasado 18 de abril, cuando iniciaron las protestas contra las reformas al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, y en la que han sido asesinadas más de 300 personas y otras 2000 han sido heridas, según cifras recogidas en el informe.
Según pudieron observar los expertos durante su estancia en el país, y a través de monitoreo remoto desde la sede de la OACNUDH para América Central, personas vinculadas con las manifestaciones han sido víctimas de amenazas de muerte, hostigamiento y campañas difamatorias en las redes sociales, así como de arrestos individuales y colectivos. Aunque algunos detenidos fueron liberados sin cargos “otros se han enfrentado a procesos judiciales y muchos han sido acusados de delitos desproporcionados o sin fundamento, y con infracciones sistemáticas de las garantías mínimas del debido proceso”.
De igual manera, constataron que las autoridades, “incluyendo el presidente Ortega y la vicepresidenta Murillo y los medios de comunicación controlados por el Gobierno”, estigmatizan a manifestantes y defensores de derechos humanos a quienes se han referido como “terroristas”, “golpistas” o “plagas”.
#Nicaragua: La crisis de #derechos_humanos exige acción y depurar responsabilidades. Muchas de las personas que participaron en las protestas o expresaron opiniones disidentes han tenido que esconderse/salir del país o intentar hacerlo — informe ONU: https://t.co/DYSf57fTLD pic.twitter.com/GQtwSx7lvp
— UN Human Rights (@UNHumanRights) August 29, 2018
La OACNUDH también identificó que desde los primeros días de la crisis “surgió un patrón caracterizado por la implicación de elementos armados progubernamentales”, que atacaron a los manifestantes y habrían llevado a cabo labores de inteligencia e incluso detenciones. Los expertos indicaron haber recibido información de que “estos grupos progubernamentales actuaron con el consentimiento (y frecuentemente de forma conjunta y coordinada) de autoridades estatales de alto nivel y de la Policía Nacional y que actuaron con total impunidad”.
Los expertos aseguraron que militantes del Partido Sandinista, funcionarios del Gobierno y miembros de las fuerzas de seguridad también han sido víctimas de la violencia, y reportó que 22 policías fueron asesinados. “El grado de brutalidad de algunos de estos episodios, que incluyeron quemaduras, amputaciones y profanación de cadáveres, ilustra la grave degeneración de la crisis”, consignaron en el informe, y llamaron a investigar estos hechos.
Finalmente, formularon 12 recomendaciones a las autoridades nicaragüenses y pidieron al Consejo de Derechos Humanos de la ONU monitorear la situación en el país y adoptar medidas para evitar que siga deteriorándose. “Estas medidas, dijo la OACNUDH, podrían incluir la creación de una Comisión Internacional de Investigación o una Comisión de la Verdad híbrida para asegurar el acceso a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas”.
La respuesta del Estado
En un documento de 33 páginas, Nicaragua rechazó el contenido del informe y las recomendaciones que le fueron formuladas por la OACNUDH.
Según el Estado, el informe “toma como fuente noticias e informaciones publicadas por medios de comunicación adversos al gobierno y otras fuentes, con una posición política claramente definida, informaciones que se pretenden dar por ciertas sin ser previamente investigadas y verificadas”, por lo que lo calificó de improcedente, sesgado y parcializado.
Por otra parte, Nicaragua aseguró que la represión no es una política de Estado, como muestra de lo cual citó “las múltiples marchas que han ocurrido en el país, en las que no se dio ningún fallecido ni lesionado”.
Así mismo, Nicaragua negó la existencia “de los supuestos grupos parapoliciales, grupos armados progubernamentales, turbas o fuerzas de choque”, y sostuvo que “la Policía Nacional es el único cuerpo armado, encargado de cumplir su misión constitucional, y para la restitución del orden constituido, de acuerdo a nuestra legislación, no se auxilia de personal civil, terceros u organizaciones civiles (sic)”.
