La Unión Interparlamentaria se pronunció sobre la condena de un diputado en Ecuador

La plenaria de la Asamblea de la Unión Interparlamentaria, que nuclea a todos los parlamentos del mundo, se manifestó “profundamente preocupada” por la condena del diputado ecuatoriano José Cléver Jiménez. El asambleísta fue procesado por difamar al presidente Rafael Correa luego de dar “declaraciones” que significarían “un ejercicio legítimo de la libertad de expresión”, según indica el documento adoptado por consenso en la plenaria, a la que no asistió Ecuador, hoy en Ginebra.

La decisión subraya que “los actos de represalias, cometidos contra parlamentarios que han expresado una opinión en el marco de su misión de control, socavan su capacidad para ejercer su mandato y tienen un efecto disuasivo sobre otros parlamentarios”. Así mismo, exhorta al Parlamento unicameral de Ecuador a que dé tratamiento a “las preocupaciones e interrogaciones concernientes al señor Jiménez”.

El documento indica que, en 2011, el diputado Cléver Jiménez, el periodista Fernando Alcibíades Villavicencio y el sindicalista Carlos Eduardo Figueroa presentaron una querella contra el presidente de Ecuador, Rafael Correa, por “crímenes contra la humanidad” y otros delitos. De esto lo acusaban luego de que hubiera “dado la orden de abrir fuego durante su evacuación” luego de una protesta policial en septiembre de 2010. Para los querellantes, Correa fue el “responsable de lo que pasó ese día”.

La Unión Interparlamentaria agrega que la Corte Nacional de Justicia consideró que la querella era “malévola y fantasiosa”. A continuación, el presidente Correa desencadenó “una acción penal” contra sus acusadores. Dos de ellos, Jiménez y Villavicencio, fueron condenados en 2013 a un año y medio de cárcel y multados. La sentencia fue confirmada en casación, pero fue declarada prescrita en 2015.

La decisión de la Unión Interparlamentaria está disponible (en inglés) en este enlace.

Citando los argumentos de Jiménez, el texto afirma que las persecuciones sufridas son “de naturaleza política y que están vinculadas a actos de corrupción que él denunció en el marco de sus actividades de control y a sus críticas hacia el presidente”. “Actualmente, continúa el documento, es objeto de acusaciones de espionaje, de divulgación de informaciones confidenciales y de tentativa de golpe de Estado”, relacionadas con “las infracciones” por las cuales ya fue juzgado en 2013.

En el petitorio de su querella, Jiménez solicita que su cargo de asambleísta le sea restituido, reclama garantías “de la plena vigencia del derecho al honor y buen nombre (…) luego de este tiempo de hostigamiento, acoso, desgaste psicológico y político” y hace valer “sus derechos humanos como legislador y ciudadano ecuatoriano”.

Jiménez aprovecha para lanzar un “llamado de atención ante la constante injerencia de la Función Ejecutiva en la labor de la Asamblea Nacional del Ecuador” y pide garantías para que “las opiniones de los parlamentarios sean inviolables y debidamente respetadas, conforme a las normas de un verdadero Estado de Derecho y a los principios y normas internacionales”.

Así mismo, Jiménez le plantea al Parlamento de su país “tomar las medidas necesarias para garantizar el libre ejercicio de la libertad de opinión y expresión” de los parlamentarios “sin importar su tinte ideológico o pertenencia a diferentes organizaciones políticas”. De igual manera, pide respetar “la inviolabilidad de sus opiniones” y que ninguna autoridad pueda “exigir responsabilidad” por lo que votan u opinan los parlamentarios en el cumplimiento de su función.