La violencia de género en El Salvador preocupa al Comité de Derechos Humanos de la ONU

El 13 y 14 de marzo, El Salvador fue evaluado por el Comité de Derechos Humanos (CCPR) de la ONU, reunido este mes en Ginebra. El grupo de 18 expertos encargado de velar por la implementación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos dedicó una gran parte del examen a la situación de la violencia contra las mujeres en el país centroamericano.

La experta estadounidense Sarah Cleveland arrancó la sesión con la observación de que la violencia por razón de género es un fenómeno generalizado en El Salvador e indicó que los avances que ha hecho el Estado en la materia siguen siendo insuficientes.

En 2016, El Salvador presentó la tasa más alta de feminicidios en el mundo: 11.2 por cada 100.000 habitantes y, según el Observatorio de Violencia de la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (ORMUSA), en 2017 se registraron 468 feminicidios.

Además, la proliferación de pandillas ha sumido al país en un clima de inseguridad y violencia, cuyas víctimas principales son las mujeres. Al respecto, el Comité manifestó preocupación por la intimidación y violencia sexual que enfrentan algunas mujeres al ser reclutadas por miembros de estos grupos para ser sus «novias», lo que ha causado que muchas se vean forzadas a desplazarse a otras ciudades o incluso al extranjero.

Otro aspecto sobre el que llamaron la atención los expertos fue la violencia que enfrentan mujeres lesbianas, bisexuales y trans, quienes, además de estar expuestas a la violencia de género, según el Espacio de Mujeres Lesbianas Salvadoreñas por la Diversidad son víctimas de discriminación, hostigamiento y violencia por razón de su orientación sexual.

La ONG local también denunció casos de sometimiento a “terapia” de conversión y de violación correctiva, a menudo por los mismos miembros de sus familias. Se estima que en 2014 hubo 14 mujeres trans asesinadas en El Salvador, según un informe conjunto de Washington College of Law, Heartland Alliance, ASPIDH Arcoiris, COMCAVIS TRANS, y Generación de Hombres Trans de El Salvador HT503. De acuerdo con la misma fuente, ninguno ha sido investigado hasta la fecha. El experto Yadh Ben Achour manifestó preocupación debido a que en muchos casos el abuso proviene de la misma policía.

Acerca de este tema, los expertos pidieron al Estado explicar qué medidas tomaría para combatir los altos índices de impunidad en casos de violencia de género, en particular de feminicidio, cuya impunidad se ha estimado en un 77% y sobre el que no existe, además, una clara tipificación. Según lo expresó Cleveland, si bien se encuentra definido en la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres, las ONG han reportado que hay reticencia en su aplicación.

Este y otros fenómenos, como el subregistro de casos de violencia sexual y el optar por la reconciliación entre víctima y autor en casos de violencia doméstica, recibieron fuertes críticas por parte del Comité, que también abordó la prohibición total del aborto y la situación de las mujeres privadas de libertad como consecuencia de este hecho.

Los expertos notaron que su previa recomendación sobre la despenalización del aborto y la liberación de las mujeres detenidas por delitos conexos con el aborto no había sido aplicada. El experto Olivier de Frouville se refirió a la liberación de Teodora Vázquez, sentenciada en 2008 a 30 años de cárcel cuando sufrió un aborto espontáneo, pero también habló de la estudiante de 17 años Evelyn Hernández Cruz, una de las 17 mujeres que aún cumplen largas penas de prisión por cargos relacionados con el aborto.

El experto indagó si el Estado estaba aplicando medidas para evitar que las mujeres que acudan a los hospitales con complicaciones obstétricas no sean denunciadas por los médicos y detenidas. La delegación de El Salvador replicó que impulsaban una campaña de sensibilización del secreto médico y que los 7000 abortos espontáneos al año que sucedían en el país mostraban que el principio se estaba respetando.  Sin embargo, el hecho de que solo algunas mujeres estén pagando por la severa prohibición del aborto es evidencia del factor de discriminación que está en juego y que contribuye a criminalizar exclusivamente a mujeres de bajos recursos y educación.

El próximo 6 de abril, Comité de Derechos Humanos emitirá una serie de recomendaciones a El Salvador, que, como signatario del CCPR, deberá implementar para garantizar el respeto de los derechos civiles y políticos de sus ciudadanos.