Las catorce recomendaciones de Bachelet para superar la crisis en Nicaragua

Michelle Bachelet confirmó este martes ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU que, aunque ya no ocupen titulares, las violaciones cometidas en el marco de la crisis sociopolítica que enfrenta Nicaragua desde abril de 2018 son graves.

En el informe que presentó en Ginebra, la jefa de la oficina de derechos humanos de la ONU (OACNUDH) formuló 14 recomendaciones al Estado y a la comunidad internacional para cesar las prácticas violatorias de los derechos humanos, castigar a los perpetradores y reparar a las víctimas.

Para Bachelet, el primer paso que debe dar el Gobierno de Nicaragua es reanudar de manera urgente el diálogo con los sectores de la sociedad que participaron en las protestas en su contra o se oponen a la continuidad de su mandato.

En el mismo sentido, es necesario que cumpla con lo pactado con la Alianza Cívica, un grupo de organizaciones y ciudadanos con el que se alcanzaron algunos acuerdos en marzo de 2019, entre los que se encontraba la liberación de las personas detenidas en el contexto de las protestas contra el Gobierno del presidente, Daniel Ortega, iniciadas el 18 de abril del año pasado.

Según informó Bachelet, aunque las autoridades indican que 492 personas han sido liberadas hasta ahora, organizaciones de la sociedad civil aseguran que al menos otras 100 permanecen en la cárcel, la mayoría de ellas detenidas a partir de febrero de 2019.

En segundo lugar, el Estado debe garantizar el ejercicio de las libertades de reunión pacífica, expresión y asociación y condenar públicamente cualquier ataque contra defensores de derechos humanos, líderes comunitarios, periodistas y personas críticas con el Gobierno.

Adicionalmente, Bachelet pidió a las autoridades restablecer la personalidad jurídica de las nueve organizaciones de la sociedad civil y los medios de comunicación a los que se les ha cancelado y devolverles todos los bienes, documentos y equipos incautados.

Justicia para las víctimas

Quizás la recomendación más importante de las formuladas por Bachelet es la relativa a la rendición de cuentas, para la que llamó a las autoridades a establecer un plan de acción que contemple la investigación penal de todas las denuncias de violaciones de los derechos humanos, especialmente las más graves, como ejecuciones extrajudiciales, torturas y violencia sexual.

De igual forma, pidió llevar a cabo consultas participativas e inclusivas para reformar el sector judicial, con el fin de hacerlo compatible con las normas internacionales, y para elaborar y aplicar medidas que garanticen el acceso a la justicia y a la reparación de todas las víctimas de violaciones de los derechos humanos ocurridas en la represión de las protestas, en cuyo contexto han sido asesinadas 300, otras 2000 heridas y unas 80 000 han tenido que huir del país, según cifras de Naciones Unidas.

Como otro de los puntos del plan de acción para la rendición de cuentas, la alta comisionada de la ONU solicitó al Estado desarticular y desarmar a los grupos armados progubernamentales, señalados de ser los responsables directos de muchas de estas violaciones de derechos humanos.

Erradicar la tortura y las detenciones arbitrarias

Bachelet instó por otra parte a las autoridades a poner fin a los actos de tortura y malos tratos contra las personas privadas de la libertad y a investigar todas las denuncias recibidas en este sentido. De manera particular, la también exmandataria chilena pidió dar seguimiento a los hechos ocurridos en la cárcel La Modelo el 16 de mayo de 2019, en los que fue asesinado Eddy Montes, detenido desde mayo de 2018 acusado de haber participado en un atentado contra la policía.

Así mismo, abogó por la liberación de todas las personas privadas arbitrariamente de la libertad en el contexto de las protestas, o por tener posiciones críticas contra el Gobierno, y pidió acabar con la práctica de las detenciones arbitrarias, incluso haciendo reformas legales para garantizar que toda privación de la libertad sea ordenada por una autoridad judicial y que la detención preventiva se imponga solo si es necesaria y proporcionada.

De otro lado, la comisionada llamó al Gobierno a aplicar las reformas electorales e institucionales necesarias para asegurar que las elecciones sean justas y transparentes.

El papel de la institución nacional de derechos humanos y de la comunidad internacional

Con respecto a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, que es el equivalente a la Defensoría del Pueblo en Colombia, Bachelet solicitó el cumplimiento pleno de su mandato de promover y proteger de forma efectiva e independiente los derechos humanos.

En marzo pasado, esta institución fue degradada de la categoría A a la B luego de que su comisionado adjunto hablara en nombre del Estado ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, lo que atizó las dudas sobre su ya cuestionada independencia con respecto al Ejecutivo.

En ese sentido, la comisionada llamó a la Procuraduría a solicitar la cooperación de la OACNUDH, de la Alianza Mundial de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos y del Subcomité para la Prevención de la Tortura con el fin de hacer frente a los cuestionamientos que causaron su descenso de categoría y reforzar su mandato, incluido el del mecanismo nacional para la prevención de la tortura.

Por otra parte, Bachelet recomendó al Consejo de Derechos Humanos y a la comunidad internacional instar a Nicaragua a cumplir con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y a reanudar la cooperación con la OACNUDH y con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El trabajo conjunto con estas organizaciones fue suspendido, respectivamente, el 30 de agosto y el 19 de diciembre de 2018 por decisión del Gobierno de Ortega.

Finalmente, la alta comisionada pidió a los Estados miembros de la ONU reafirmar su apoyo a Nicaragua para encontrar una solución a la crisis sociopolítica y de derechos humanos a la que se enfrenta y para establecer el plan de acción para la rendición de cuentas. En el mismo sentido solicitó respaldar la labor de monitoreo y documentación llevado a cabo en Nicaragua, aunque de manera remota, por la OACNUDH.