Las violaciones de derechos humanos no han cesado en Nicaragua: Michelle Bachelet
En su intervención ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, la alta comisionada presentó su actualización sobre la situación en Nicaragua.
Michelle Bachelet afirmó el jueves pasado ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU que en Nicaragua “las violaciones de derechos humanos no han cesado”. Su actualización sobre la situación en el país fue solicitada a través de una resolución aprobada en marzo del año pasado por ese mismo Consejo, máximo órgano de la ONU en materia de derechos humanos, que se se encuentra reunido este mes en Ginebra para su 43. ª sesión.
El país centroamericano se sumió rápidamente en una crisis sociopolítica tras una ola de protestas antigubernamentales, iniciadas en abril de 2018, que fue violentamente reprimida por las fuerzas del orden. Hasta la fecha, el saldo es de más de 300 muertos, 2000 heridos y miles de detenidos.
Prohibición de protestas
En su discurso ante el plenario, Bachelet señaló que en Nicaragua “el derecho a la protesta pacífica es sistemáticamente negado”. En agosto de 2018, la Policía de Nicaragua publicó un comunicado prohibiendo las manifestaciones que no hubieran obtenido su permiso previo.
“Los masivos despliegues policiales desalientan a los nicaragüenses a manifestarse. Cuando se realizaron protestas, incluso durante celebraciones religiosas, la policía los dispersó abruptamente o elementos progubernamentales los atacaron violentamente”, añadió en su discurso la alta comisionada.
Al tomar la palabra en nombre del Estado, el vicecanciller de Nicaragua, Valdrack Jaentschke, respondió que “la libre movilización y expresión política están garantizadas para quienes se expresan en paz y sin intenciones de perturbar la tranquilidad de la población”.
Las detenciones continúan
Bachelet se refirió específicamente al caso de los 16 activistas arrestados el 14 de noviembre de 2019 al entregar agua a familiares de detenidos que se encontraban en huelga de hambre en una iglesia de Masaya, en el suroeste del país. Entre ellos, las líderes estudiantiles Amaya Coppens y Olga Valle, quienes habían asistido a la sesión pasada del Consejo de Derechos Humanos en septiembre de 2019.
“Algunas de estas personas habían proporcionado información a mi Oficina, por lo que su detención podría considerarse como una represalia por haber cooperado con nosotros”, denunció Bachelet.
Aunque tomó nota de las excarcelaciones ordenadas por el Estado, la alta comisionada advirtió que las detenciones arbitrarias en el país continúan y que 61 personas siguen presas por cargos relacionados con las protestas de 2018. Bachelet instó al Gobierno a liberarlos.
Ataques a indígenas y campesinos
La alta comisionada también se refirió a los ataques en contra de campesinos e indígenas y comunicó que su Oficina había registrado 14 homicidios en el norte del país en 2019, de los cuales cuatro habían sido esclarecidos y solo uno había terminado en condena.
“Distintas comunidades indígenas, como los Miskitu y los Mayangna, han denunciado la presencia de colonos en sus tierras, amenazando sus territorios y recursos”, declaró.
A finales de enero, seis indígenas fueron asesinados y diez desaparecidos cuando un grupo armado de 80 colonos invadieron la comunidad Mayagna Alal, ubicada en la reserva Bosawás en la región Caribe Norte.
En relación con este tema, el vicecanciller Jaentschke contestó que “Nicaragua cuenta con unas de las legislaciones y prácticas más avanzadas del hemisferio en materia de reconocimiento del Estado a los derechos de su población indígena y afrodescendiente”.
Un grupo de Estados latinoamericanos lidera la negociación, en el Consejo de Derechos Humanos, de una resolución que busca renovar el mandato que permite que la Oficina de la Alta Comisionada siga monitoreando la situación en Nicaragua.
