Por: Ana Fondo

 

Ginebra, 1 de julio.- En un momento de crisis económica, caracterizado por continuas protestas en España, principalmente debido al descontento de la ciudadanía por las acciones políticas emprendidas a nivel social, el Ministerio del Interior de España pondrá en vigencia la Ley de Protección Ciudadana, también conocida como ley “Mordaza”.

Con esta nueva ley, acciones como impedir un desahucio, alterar el orden público en las proximidades del Congreso, grabar abusos policiales o manifestarse sin comunicado serán motivo de sanción, entre 100 a 600.000 euros. Según el ejecutivo, esta ley respeta la Constitución y deja al margen la discrecionalidad, pero las 44 conductas que serán sancionadas, en algunos casos, limitan las libertades democráticas y derechos humanos.

La oposición registrada por parte de numerosos colectivos y partidos políticos es elevada. Ayer se convocaron más de 30 manifestaciones en contra de la nueva ley, considerando los promotores que restringe derechos recogidos en la Constitución Española y viola libertades fundamentales consagradas en el derecho internacional y en el Convenio Europeo de Derechos Humanos, ratificado por España en 1979.

A nivel internacional existen diversas críticas para esta propuesta que hoy entra en vigor. “Las leyes mordaza violan claramente los derechos a la libertad de expresión, asociación y reunión. Imponen restricciones arbitrarias e innecesarias y sanciones indebidas y excesivas a los que tratan de utilizar las calles como un foro para la defensa de los derechos humanos y expresar sus preocupaciones acerca del sistema de gobierno”, dijo el Director de Comunicaciones e Incidencia de ISHR, Ben Leather.

Por otro lado, desde la ONU, el pasado mes de febrero, cinco relatores de derechos humanos (Maina Kiai, Davida Kaye, Ben Emmerson, François Crépeau y Michel Forst) firmaron un comunicado mostrando la preocupación por la nueva ley y señalaron la curiosidad de algunas definiciones, tales como “incitación y enaltecimiento” o “justificación” del terrorismo incluidas en la ley, en el sentido que son “demasiado amplias o ambiguas y allanan el camino para su ejecución desproporcionada o discrecional de la ley por las autoridades”.

Otras organizaciones de derechos humanos españolas, como Amnistía Internacional y activistas de Green Peace, insisten en que esta reforma del Código Penal permitirá castigar injustamente a los que organizan las marchas y las manifestaciones, aumentando, a su vez, las sanciones y limitando las libertades de los españoles.

En este sentido, Amnistía Internacional dio un paso más allá, con una recogida de firmas para evitar la entrada en vigor de esta reforma, pidiendo a las autoridades que respeten y garanticen los derechos a la libertad de expresión, información y reunión pacífica, y vigilará la aplicación y el impacto de la ley en los derechos humanos.

La ley de Seguridad Ciudadana requiere que las personas obtengan la autorización previa ante cualquier manifestación o protesta pacífica, violando el artículo 21 de la Constitución; por otra parte, se propone prevenir que el espacio público sea utilizado como un lugar de participación política.

Aún así, a pesar de todas las críticas de organizaciones internacionales, partidos políticos y la ciudadanía española, la Ley de Protección Ciudadana entrará en vigor hoy día 1 julio de 2015 instalando así un control más exhaustivo al derecho a manifestar la libertad de expresión en España.