“Los efectos de la censura violenta siguen intactos en Colombia”: director de la FLIP

En el marco del examen de Colombia ante el Comité de Derechos Humanos, que tuvo lugar los pasados 19 y 20 de octubre, estuvo en Ginebra el director ejecutivo de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), Pedro Vaca, quien hizo parte de una delegación que vino a poner en conocimiento de los expertos del Comité la situación de la libertad de expresión en el país y a exponer casos emblemáticos de violaciones de este derecho fundamental, como el de la periodista Jineth Bedoya, quien también asistió al examen.

Panorama habló con él sobre su visita a Ginebra, el ejercicio del periodismo en Colombia, los acuerdos de paz y su expectativa frente a las recomendaciones que los expertos formularán al Estado y que serán publicadas mañana.

Estoy muy contento. En el caso colombiano, cada punto del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que abarca tantos asuntos y obligaciones de los Estados, es un universo enorme. Que en el examen se hayan tratado puntos como la violencia, espionaje y vigilancia contra los periodistas, y casos emblemáticos como el de Jineth Bedoya, muestra un interés claro del Comité en la libertad de prensa, el derecho que nosotros trabajamos.

Las respuestas del Estado pudieron haber sido mejores, como lo dijeron los expertos. Si se dan respuestas muy generales a preguntas concretas, el diálogo se interrumpe de algún modo. Esperamos que Colombia responda por escrito y que eso nos dé respuestas a nosotros, que tenemos las mismas preguntas desde hace mucho tiempo. Por ejemplo, ¿qué pasó con los periodistas que estaban denunciando corrupción en la Policía? Fueron silenciados. Ojalá que el Estado se pronuncie sobre esto.

En Colombia persiste la violencia contra la prensa. Hay menos asesinatos, pero los efectos de la censura violenta siguen intactos. Es decir, cuando se mata o amenaza a un periodista no se está coartando solamente a una persona: se está mandando el mensaje, muy potente, de que ese tema no se puede volver a tocar. Y la autocensura que eso genera afecta el derecho de la sociedad a estar informada.

Hay otros temas no vinculados con el conflicto que también tienen efectos de censura, como el acoso judicial: lo que ocurre cuando los funcionarios denuncian por injuria y calumnia a periodistas, no con el objetivo de controvertir lo dicho, sino de silenciar. Nos parece muy importante que el Comité haya preguntado por los ajustes al delito de difamación porque, en medio de la tragedia histórica de la violencia contra la prensa, hay problemas que parecen desdibujarse, pero que siguen existiendo.

Otro asunto tiene que ver con la publicidad oficial. Es común que las entidades públicas promocionen sus campañas a través de los medios y paguen por ello. Eso en sí mismo no está mal: lo que está mal es que no existan criterios para la asignación de la publicidad, y que además se utilice arbitrariamente como un mecanismo de presión que premia el silencio y castiga la crítica.

A eso se suma que en Colombia no hay una pluralidad de medios de comunicación y esto ocurre en todas las escalas: hay regiones del país donde solo hay emisoras de carácter militar, de la Policía o de la Armada. Eso va en contra del principio de la pluralidad de voces que rige la libertad de expresión.

Por último, creo que en Colombia hace falta una apropiación social de la libertad de expresión. Lamentamos que muchas de las agresiones registradas últimamente no vienen de políticos ni de grupos armados, sino de la misma gente.

Más que a los medios pequeños es a los que actúan en lugares con economías poco dinámicas en donde las posibilidades de que el medio dependa de la pauta oficial son mucho más altas. En esos entornos, es mucha la presión que puede recibir el periodista de parte de esa autoridad pública a la cual, en principio, vigila.

Nosotros lo llamamos “la ironía del micrófono y el sombrero”: hay periodistas que en una mano tienen que sostener el sombrero pidiéndole publicidad, por ejemplo, al alcalde, y en la otra tienen el micrófono para hacerle la entrevista en la que van a preguntarle por casos de corrupción. En estos casos es muy difícil conciliar la sostenibilidad del medio con la autonomía en los contenidos.

El problema no es la concentración de los medios en los conglomerados económicos, sino el déficit de pluralismo en el ecosistema de la prensa. Es paradójico exigirle a un medio de comunicación, cuyo dueño es un banquero, que critique las tasas de interés. El problema es que no haya otro actor que no tenga ese conflicto y que pueda hablar de las tasas de interés.

Es decir, el problema no es el conflicto que tiene el medio de comunicación con el sector del cual hace parte su conglomerado, sino que no hay garantías suficientes para que otros que no lo tienen, no puedan hablar. No se trata de quitar espacios, sino de brindar más, entre otras cosas porque tanto los banqueros, como los industriales o como cualquier otro sector, tienen derecho a tener medios de comunicación y a expresarse libremente.

Lo que va en contra de la libertad de expresión es que el Estado no brinde garantías para que otros sectores, que igualmente quieran expresarse, puedan acceder a esas mismas plataformas.

Esto se ve muy claramente a nivel nacional, pero es muy poco conocido lo que pasa a nivel local. Por ejemplo, en Miraflores, Guaviare, solo hay una radio, que es del Ejército. No solo es una zona de conflicto, sino que una de las partes en la confrontación tiene el monopolio de la información.

Además, en Colombia hay un déficit de información local: hay personas que tienen acceso a un medio de comunicación y están muy enteradas de los huecos que hay en Bogotá, de las agendas públicas que hay en Medellín, pero no saben nada acerca del puente que está a un kilómetro de su casa y que puede ser determinante para su futuro.

La concentración aquí, más que de medios, es temática: es una agenda noticiosa muy enfocada en lo que ocurre en los círculos de poder nacional, pero hay otros locales que no tienen mayor escrutinio.

Hay tres niveles de análisis. El primero es que la terminación de un conflicto que ha producido censura es una buena noticia para la libertad de prensa en el país.

El segundo es que, en el acuerdo, concretamente en el punto de participación política, quedaron varios temas relacionados con la libertad de expresión en los que no hay nada que atente contra ese derecho. Sin embargo, el acuerdo plantea qué se quiere hacer, pero no cómo se quiere hacer. Va a depender de la implementación si las medidas representan un avance o un retroceso respecto a las garantías actuales.

El tercero es que hay aspectos del proceso de paz, como la asignación de 31 frecuencias a la cooperativa surgida de la reincorporación de las FARC, que van en contra de los estándares internacionales de libertad de expresión. ¿Por qué? De un lado, el espectro radioeléctrico debe ser asignado por concurso público, y un acuerdo de paz no lo es. De otro lado, la asignación debe tener una limitación temporal, y este no es el caso.

Además, el Estado debería abrir convocatorias en los mismos lugares en donde otorgue esas frecuencias para que otras voces, distintas a las FARC, puedan tener acceso a la misma porción de espectro radioeléctrico. De no llevar a cabo esta medida de compensación, corremos el riesgo de que en algunas poblaciones las FARC tengan el monopolio de la información, lo cual va en contra de la libertad de expresión.

Esta reflexión nos llama a estar pendientes y disponibles para contribuir a que la eventual implementación de estos acuerdos esté ajustada con los estándares de libertad de expresión. Sobre todo porque hay experiencias como la Ley de medios de Ecuador, cuyo diseño e implementación lo que ha hecho es restringir el debate público. Obviamente no vamos a permitir que eso suceda en Colombia.

La relatoría sobre libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Unesco tienen en su radar prioritario a Colombia desde hace muchísimos años.

Lamentablemente, en Colombia no hay ninguna agencia, ni del sistema interamericano ni del sistema universal, que haya asumido esta agenda. Está la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, que lleva los casos de periodistas en la perspectiva de defensores de derechos humanos, pero no hay una experticia respecto a la libertad de expresión.

La agenda de los procedimientos especiales de la ONU, concretamente la del Relator para la libertad de expresión, es bastante tímida, por no decir ausente, en el escenario colombiano. Y la coyuntura actual, más allá del escenario de la negociación de paz, es un momento de alta deliberación pública en Colombia. Si esa deliberación no cuenta con garantías previas, corremos el riesgo de que no sea libre, franca, sólida, vigorosa y contundente.

Saludamos y agradecemos que dentro de la agenda del Comité se haya tenido en cuenta a los medios, los periodistas y la libertad de expresión: tanto los expertos como el Estado resaltaron la importancia que tiene este derecho en el marco del Pacto.

En cuanto a las recomendaciones esperamos que se insista en las promesas incumplidas en el pasado: la lucha contra la impunidad y la garantía de justicia, protección y prevención de agresiones contra la prensa. La promoción de casos emblemáticos, como el de Jineth Bedoya o el de Guillermo Cano, tiene que prevalecer en el marco de las recomendaciones.

Ojalá que el Comité también contemple que en Colombia persisten problemas de democracia, aun si está a la expectativa del fin del conflicto. Teniendo en cuenta que estas revisiones son al cabo de varios años, bien haría el Comité en evaluar, además de los aspectos relacionados con el conflicto, los problemas que tendrán que ser prioritarios con el fin de construir un entorno que garantice la libertad de expresión.

Es ahí donde consideramos que la publicidad oficial debería ser un tema sobre el cual se emita por lo menos una recomendación que permita hacer un seguimiento ya no solo de una agenda de conflicto, justicia transicional e impunidad, sino de fortalecimiento democrático, independencia de los medios de comunicación, es decir, de una agenda más democrática.