“Los niveles de violencia e inseguridad en Honduras son alarmantes”: ACNUDH

por | 23-03-2017

En su primer informe oficial, la Oficina en Honduras del Alto Comisionado para los Derechos Humanos señaló que la violencia en el país es omnipresente y llamó a las autoridades a reforzar los sistemas de seguridad y justicia.

La Alta Comisionada Adjunta para los Derechos Humanos de la ONU (ACNUDH), Kate Gilmore, afirmó que “los niveles de violencia e inseguridad en Honduras son alarmantes”. Así lo expresó Gilmore al presentar el primer informe realizado por la Oficina del ACNUDH en Honduras durante la sesión del Consejo de Derechos Humanos que tiene lugar en la sede de la ONU en Ginebra, Suiza.

“La violencia y la inseguridad (en Honduras) impregnan todas las capas de la sociedad y todas las formas de vida”, dijo Gilmore y subrayó la necesidad urgente de acciones en materia de seguridad y justicia, que respondan a los derechos humanos en el contexto de la lucha contra la delincuencia organizada.

Señaló que su Oficina trabajará en el apoyo a la protección de las personas en situación de riesgo de violaciones de los derechos humanos y abusos, específicamente en las comunidades rurales e indígenas remotas, y en el tratamiento de “los altos y persistentes niveles de violencia de género”.

El informe presentado ante el Consejo insta al Gobierno de Tegucigalpa a que tome medidas para formular una política integral con el objeto de proteger a los defensores de derechos humanos, tal y como recomendó la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

“Dicha política debe incluir la promoción de un entorno seguro y propicio, al que deben contribuir las autoridades estatales reconociendo públicamente el papel de los defensores y la importancia de su labor, así como medidas claras para mejorar la investigación y el enjuiciamiento de los delitos contra los defensores de los derechos humanos”, cita el documento.

Así mismo, exhorta a “establecer un espacio específico para el diálogo entre los defensores de los derechos humanos y las autoridades gubernamentales a fin de acompañar y supervisar la aplicación de la política, con participación internacional”.

Insta al Ministerio Público y a la Policía Nacional “a intensificar la investigación de las agresiones a defensores de los derechos humanos y a avanzar en su enjuiciamiento, entre otras cosas, haciendo los ajustes necesarios en su estructura y procedimientos”.

Y “reitera su recomendación formulada en abril de 2016 al Estado y al Ministerio Público, de que consideren solicitar el apoyo de los mecanismos regionales o internacionales de derechos humanos en relación con la investigación del asesinato de la líder indígena Berta Cáceres”.

Por otra parte, el ACNUDH exhorta al Gobierno “a que diseñe e implemente un plan de seguridad que logre un progreso rápido hacia la desmilitarización de las funciones de orden público, refuerce la transparencia y la supervisión civil en relación con los asuntos de defensa y seguridad, incluidas las actividades de inteligencia militar, y garantice el desarrollo de una policía civil profesional y responsable”.

De igual forma, llama al Gobierno a emprender actuaciones urgentes e identificar medidas concretas para ayudar y proteger a los desplazados internos, entre otras cosas, aprobando una política y una ley nacional que sea conforme con los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos, bajo la coordinación de la comisión interinstitucional para la protección de las personas desplazadas por la violencia.

La ONU exhorta al Congreso a velar por que la legislación relativa al sector de la seguridad que se revise o apruebe sea conforme con las normas de los derechos humanos y dé prioridad a áreas como la reforma de la policía, el control de armas de fuego y las municiones y la reglamentación de las empresas de seguridad privada.

En lo relacionado con la violencia de género, el informe insta al Estado a garantizar que las mujeres y las niñas tengan acceso a la reparación y la protección: “Esto incluye la aprobación de una ley específica sobre violencia contra las mujeres y las niñas; la revisión de los protocolos para investigar y enjuiciar la violencia y el feminicidio con el objeto de reforzar el cumplimiento de las normas internacionales, en particular la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará), y su aplicación efectiva”, subraya.

El Alto Comisionado recomienda la prestación de atención y apoyo especializados a las víctimas, incluidos programas jurídicos y de rehabilitación y reintegración psicosocial y albergues, en cooperación con organizaciones de la sociedad civil.

De igual forma, urge al Estado, y en particular al Congreso, “a que reforme la legislación y permita el aborto al menos en los casos de violación o incesto, amenazas a la vida o la salud de la mujer y malformaciones graves del feto, de acuerdo con las obligaciones regionales e
internacionales del Estado”.

En cuanto a los derechos de los pueblos indígenas, el Alto Comisionado exhorta a todas las instituciones del Estado a que respeten, protejan y hagan efectivo el derecho a la consulta y al consentimiento previo, libre e informado.

El informe alienta al Estado a que participe en una evaluación integral y participativa de la situación de los derechos humanos de los pueblos indígenas a fin de reformar y elaborar políticas y marcos jurídicos adecuados, e invita al relator especial sobre los derechos
de los pueblos indígenas a que proporcione orientación y asistencia en esta tarea.


Finalmente, Honduras, al hablar como país concernido, destacó los enormes desafíos que enfrenta la implementación de los derechos humanos en situaciones de pobreza y extrema pobreza, inseguridad, violencia y corrupción.

El Estado hondureño reconoció la importancia del trabajo de los defensores de los derechos humanos y manifestó su compromiso de satisfacer las necesidades de unas 174.000 personas que tuvieron que huir de la violencia ocasionada por el crimen organizado y grupos de narcotraficantes.

Según datos proporcionados por miembros de la sociedad civil, también presentes en el recinto durante la presentación del informe, la impunidad en Honduras está en un nivel históricamente alto y es un factor clave de la continua violencia e inseguridad.

En 2016, el 29 % de las denuncias recibidas por la policía fueron remitidas al Ministerio Público. La Oficina del ACNUDH en Honduras no tuvo acceso a datos oficiales, pero, según la Alianza para la Paz y la Justicia, solo 4 de cada 100 homicidios dieron lugar a una condena.