Por: Juan Gasparini
El Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU pidió a México le informara sobre las actuaciones en curso para esclarecer las desapariciones de la llamada “guerra sucia”, en la cual desaparecieron alrededor de 500 personas al fin de los años 60 y comienzos de los 70, durante los gobiernos de Gustavo Díaz Ordaz y Luis Echeverría Alvarez.
Las respuestas dadas por México precisan que investigan la desaparición forzada de 492 personas. Al respecto se han iniciado “252 averiguaciones previas” y “se han recabado 22 declaraciones de militares de alto rango”, y “de las víctimas y testigos”, como así también “muestras de sangre de los familiares para obtener su perfil genético y hacer confronta con restos óseos”.
México añade que “se practican diligencias de excavación, en particular en las instalaciones que ocupa seguridad pública estatal, que fueron anteriormente el cuartel militar de Atoyac de Alvarez, de conformidad con el Protocolo Modelo para las Investigaciones Forense de Muertes Sospechosas de haberse producido por Violaciones de los Derechos Humanos”.
Agrega que “se llevó a cabo la práctica de escaneo del subsuelo en el terreno conocido como la “Ciudad de los Servicios”, del Municipio de Atoyac de Alvarez Guerrero; se hizo una prospección del subsuelo en el terreno ubicado al noroeste del Campo de Tiro de la entonces 27° Zona Militar, que constituye las afueras del ex cuartel, en el Municipio de Atoyac de Alvarez”.
“Se localizaron a dos personas gracias a estas acciones”, resume esta parte del informe, sin otra precisión.
Sin embargo, México no respondió si le parece cierta la cifra de desaparecidos de aquella época que dispone el Comité, de 1300 personas, la cual difiere sensiblemente de la de 492 personas admitida por las autoridades mexicanas, ni lo que piensa hacer el gobierno “para colmar esa brecha”, como preguntara uno de los diez expertos del Comité, Rainer Huhle.
En cuanto a las reparaciones de la “guerra sucia”, México admitió haber concretado 87 sobre 275 que han sido adoptadas por el Estado, o sea el 31%, pero la delegación explicó que “las 188 restantes es la tardanza”, pues “es difícil localizar a los beneficiarios.
Al finalizar este martes las dos jornadas que duró este examen ante el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, el jefe de la delegación mexicana, Juan Manuel Gómez Robledo, adelantó que “esperamos el informe con las recomendaciones que nos enviará el Comité … podemos anticipar que van a ser recomendaciones en torno a los pendientes y desafíos que tiene todavía México, tanto desde el punto de vista legislativo, como desde el punto de vista de políticas públicas, y evidentemente habrá luego que dar seguimiento y cumplimiento a estas recomendaciones”.
Juan Manuel Gómez Robledo, el jefe de la delegación mexicana y el embajador en Ginebra Jorge Lomónaco
“La Ley General de Desaparición Forzada es un reto inmediato. El Congreso inició sesiones ayer, debemos lograr esa reforma constitucional primero y la ley después antes que termine esta legislatura, en junio, cuando habrá elecciones intermedias, por lo tanto tenemos que lograrlo antes de junio”, consignó Gomez Robledo, Subsecretario para asuntos multilaterales y derechos humanos de México.
“En el estado actual de esos registros no podemos decir que hay un registro exclusivo de desapariciones forzadas, hay un registro que mezcla personas no localizadas y eventualmente personas desaparecidas forzadamente, es algo que hay que corregir sin duda alguna”, admitió el subsecretario.
Las organizaciones no gubernamentales y familiares de desaparecidos del caso Ayotzinapa, presentes en Ginebra, le habían pedido al Comité el pasado lunes que exhortara a México a unificar los registros de desaparecidos, una forma de solucionar las imperfecciones en el contenido de esos registros.
