Por: Carmen Carrasco

 

Ginebra, 2 de febrero.- La delegación oficial mexicana reconoció hoy en su informe ante el Comité de la ONU contra las desapariciones forzadas que la actuación del Estado ha sido insuficiente para los problemas que se persisten en esa materia. México presentó su informe en cumplimiento con la Convención para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas (CED, por sus siglas en inglés), a la cual México es adherente.

Juan Manuel Gómez Robledo, subsecretario de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, señaló que “México reconoce sin la menor ambigüedad que, a pesar de los importantes avances que existen en el país en materia de derechos humanos, seguimos enfrentando retos que debemos superar.”

Además confirmó el carácter especial de la intervención mexicana ante el Comité de la ONU debido a los dramáticos acontecimiento de la desaparición forzada de 43 estudiantes en Iguala, Guerrero el pasado 26 de setiembre.

Asimismo, el representante mexicano añadió que el caso de los estudiantes revela que el Estado debe “seguir atendiendo los problemas asociados a la pobreza, la exclusión y la corrupción, para hacer frente al crimen organizado y la violencia que lo acompaña”.

“Cuando se juzgue y sancione a todos los responsables de estos actos de barbarie y se acredite plenamente el paradero de los desaparecidos, podremos, Estado y sociedad, pasar del dolor a la recomposición del tejido social”, añadió Gómez Robledo.

El funcionario mexicano dijo que las investigaciones emprendidas por el gobierno federal, en asociación con peritos independientes argentinos contratados por los familiares de las víctimas, han permitido que la Procuraduría General de la República (PGR) llevase a cabo una investigación sin precedentes en la historia reciente de México.

Por último precisó que México se encuentra abierto a recibir cooperación de otras instituciones internacionales y de los gobiernos que se los han ofrecido, entre los que se encuentran, Estados Unidos, Reino Unido, Alemania y Francia; así como instituciones como la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el Comité Internacional de La Cruz Roja y la Unión Europea.

También destacó que en noviembre de 2014, el Presidente de la República anunció 10 medidas para mejorar la seguridad y la justicia en México, en las que se comprometió a elaborar una iniciativa de reforma que faculta al Congreso para expedir las Leyes Generales en materia de prevención de la Tortura y Desaparición Forzada, así como la creación de un Sistema Nacional de Búsqueda de Personas y uno de Información Genética.

Avances en materias de desapariciones

Por su parte, Eliana García, encargada de la procuraduría, señaló que las acciones del Estado, aunque han sido insuficientes, “representan un avance importante hacia una mejor búsqueda de personas desaparecidas”.

Señaló también que en septiembre de 2013, la PGR suscribió un convenio con el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) para el uso de la licencia del Software de la Base de Datos Ante Mortem – Post Mortem (AM/PM). Desde entonces se llevaron a cabo proceso de capacitación para la implementación de esta base. En este proceso trabajan conjuntamente con personal pericial y ministerial del Estado de México, Puebla, Tlaxcala, Veracruz y el Distrito Federal.

Asimismo, para generar información que alimente esta base de datos, se han desplegado 95 laboratorios móviles que sirven de apoyo a las instituciones de procuración de justicia de las entidades federativas, 30 de ellos, laboratorios genéticos, añadió la funcionaria.

“Nuestra prioridad es construir un modelo para la búsqueda de las personas desaparecidas” dijo García. Hasta enero de 2015, se han abierto 435 expedientes de búsqueda que significaban 627 personas que se están buscando; de éstas, se han localizado 102 personas, 72 de ellas con vida y 30 sin vida, precisó.

La PGR ahora trabaja en conjunto con familiares de migrantes centroamericanos desaparecidos y organizaciones mexicanas, para crear la Comisión Forense, señaló la representante de la delegación mexicana. Asimismo dijo que el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018 estableció como línea de acción “generar información que favorezca la localización de personas desaparecidas”.

Finalmente, la delegada mexicana concluyó que “el registro es un trabajo aún en construcción y queda mucho por hacer”.

Por otro lado, el gobernador de Coahuila, en representación de la Comisión de Derechos Humanos de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), señaló la existencia de unan iniciativa de ley ajustada a los estándares internacionales en la materia que el Jefe de Gobierno del Distrito Federal presentó recientemente.

Expertos cuestionan informe mexicano

En otro momento de la reunión, el experto del comité de la ONU, Rainer Huhler, señaló que en el informe mexicano no quedaba claro cuál era la estrategia del Estado en torno a la ley general en materia de desapariciones forzadas. Asimismo, tampoco era claro lo que significaba la ley general para la persecución penal, si quedaría en la Procuraduría General de la República (PGR) o en las procuradurías de los estados federales.

También pidió esclarecer el tema de la distinción de las categorías de desaparición forzada según la Convención internacional, ya que en el informe no se decía si las bases de datos daban cifras de cuáles eran desapariciones forzadas o por motivos distintos. Asimismo cuestionó sobre cuál era el procedimiento a seguir en los estados que no contaban con leyes sobre desapariciones forzadas en sus códigos.

Así también sobre la depuración de la base de datos, según la cual se actualizan y borran los datos de los desaparecidos encontrados, el experto señaló que el crimen de la desaparición forzada no desaparece por haberse encontrado a la persona viva o muerta. Esa base de estadística no sirve para tener en idea de lo que ocurre realmente con la desaparición forzada.

La cantidad de diferentes estadísticas, cifras y fuentes es “desconcertante en la diversidad y en la falta de instrumento metodológico”, de tal manera que nadie sabe cuántos desaparecidos hay en México, criticó el experto de origen alemán.

Asimismo, pidió que se explique por qué a pesar de que el protocolo de búsqueda homogénea daba importancia a las primeras 72 horas para la búsqueda de desaparecidos forzados, según información recibida, los funcionarios en el caso de los estudiantes desaparecidos, los funcionarios se negaron a iniciar una búsqueda aduciendo que había que esperar unos días para ver si la víctima aparecía.

Por otro lado, el experto de origen argentino, Luciano Hazán, pidió que se precise cuáles son las garantías de los migrantes que son detenidos de comunicarse con sus familiares, para mejorar el tema de la prevención de la desaparición forzada.