La ONU instó a Argentina y Honduras a garantizar el acceso al aborto seguro

por | 18-11-2016

El Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer exhortó a Argentina y Honduras a asegurarse de que las mujeres puedan acceder a la interrupción voluntaria del embarazo de manera legal y segura.

Tras examinar la situación de Argentina y Honduras, el Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer exhortó hoy en Ginebra a estos dos Estados a garantizar que las mujeres puedan acceder al aborto legal y seguro con el fin de proteger sus derechos fundamentales, en especial los sexuales y reproductivos, y de reducir la mortalidad materna.

La legalidad del aborto en ambos Estados latinoamericanos es bastante disímil, por lo que las medidas recomendadas por los 23 expertos del Comité difirieron también.

En el caso de Argentina, en donde el aborto no es punible en casos de violación y de riesgo para la salud de la mujer, las recomendaciones se encaminaron a eliminar los obstáculos que tienen las mujeres en la práctica para acceder a la interrupción voluntaria del embarazo y a ampliar las causales de legalidad. En Honduras el aborto está completamente criminalizado, por lo que el Comité se concentró en pedirle al Estado considerar la despenalización.

Argentina

Los expertos de la ONU manifestaron su preocupación por el acceso limitado al aborto legal “en contravía de la legislación y de la decisión tomada en 2012 por la Corte Suprema de Justicia”, que se refleja en la práctica por la frecuente objeción de conciencia del personal sanitario y el enjuiciamiento de mujeres que interrumpen voluntariamente un embarazo.

Por estas razones, el Comité recomendó a Argentina asegurarse de que “todas las provincias adopten protocolos sobre la práctica del aborto legal, en línea con la decisión de la Corte Suprema y del Protocolo nacional de aborto no punible”. De la misma manera, le recomendó velar por que las mujeres accedan a “servicios legales y seguros de aborto y posaborto” y precisar estrictamente las razones que pueden justificar la objeción de conciencia.

Además de instar al Estado a “considerar la situación particular de los embarazos precoces producto de violación o incesto que puede incluso configurar tortura”, el Comité pidió “acelerar la adopción del proyecto de ley sobre interrupción voluntaria del embarazo que amplía el acceso legal al aborto no solo en casos de violación o riesgos de salud de la mujer embarazada, sino también en circunstancias como el incesto o la inviabilidad del feto”.

Las recomendaciones están disponibles, en inglés, en este enlace.

Honduras

Acerca de la situación en el Estado centroamericano, el Comité se mostró alarmado no solo por la criminalización absoluta del aborto sino también por la prohibición de la anticoncepción de emergencia, la falta de estudios del impacto que estas restricciones tienen en la salud pública y la desinformación sobre derechos y salud sexual y reproductiva, que afecta al 71 % de las hondureñas.

Con el fin de garantizar el ejercicio de los derechos de las mujeres en Honduras, los expertos del Comité le recomendaron al Estado tener en cuenta las experiencias de otros Estados de la región, que comparten sus perspectivas culturales y religiosas, para reevaluar la descriminalización del aborto “por lo menos en casos de violación o incesto, riesgo para la vida o la salud de la mujer o incompatibilidad del feto con la vida”.

De la misma manera, el Comité instó a Honduras a evaluar el impacto que tiene la prohibición total del aborto y la anticoncepción de emergencia sobre la salud física y mental de las mujeres, adolescentes y niñas “con el fin de eliminar la interdicción y la criminalización”.

Las recomendaciones están disponibles, en inglés, en este enlace.

El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer es el órgano de las Naciones Unidas encargado de velar por el cumplimiento de las disposiciones de la Convención para la eliminación de la discriminación contra la mujer, ratificada por Argentina en 1985 y por Honduras en 1983.