El Comité de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad urgió al Estado a prohibir las prácticas “correctivas” contra esta población. Chile también deberá investigar denuncias de maltrato físico e implementar un mecanismo nacional de prevención de la tortura.
Por: Carmen Lucía Castaño
Ginebra, 26 de abril.- “Preocupado por las evidencias de que en el Estado parte se lleven a cabo psicocirugías, tratamientos electroconvulsivos, aislamientos prolongados en celdas sin servicios básicos”, el Comité sobre los derechos de las personas con discapacidad (CRPD) recomendó a Chile prohibir explícitamente estas y todas las formas de tratamientos crueles, inhumanos o degradantes contra las personas con discapacidad psicosocial internadas por motivos de salud o legales.
Luego de examinar al Estado chileno los pasados 31 de marzo y 1 de abril en Ginebra, el Comité llamó a las autoridades nacionales a investigar los casos de maltrato físico “por parte de carabineros y otras fuerzas de seguridad” y a establecer las responsabilidades administrativas y penales que correspondan.
“Chile debe promover a las personas con discapacidad como sujetos de derechos humanos y no como objetos de caridad”, CRPD.
Adicionalmente, los expertos que conforman el órgano de las Naciones Unidas solicitaron a Chile crear un mecanismo nacional para la prevención de la tortura, que incluya visitas de supervisión por parte de expertos internacionales “a los centros psiquiátricos y albergues de larga estadía para personas con discapacidad”.
Por otra parte, el Comité afirmó que el Estado debe cambiar el enfoque médico y asistencialista con el que aborda la discapacidad. Para lograrlo, los expertos urgieron a Chile a “combatir los estereotipos en los medios de comunicación e impulsar campañas públicas de promoción de las personas con discapacidad como sujetos de derechos humanos y no como objetos de caridad”.
En el mismo sentido, los expertos del CRPD recomendaron al Estado actualizar su legislación, incluyendo la Constitución Política y el Código Civil, para hacerla plenamente compatible con las disposiciones de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, por cuya aplicación vela el Comité, y que fue ratificada por Chile en 2008.
De tal manera, términos peyorativos como “inválidos”, “incapaces” o “dementes” para referirse a las personas con discapacidad deben ser excluidos de instrumentos jurídicos vigentes en Chile, como el Código Civil o la Ley 20 422 de 2010 sobre igualdad e inclusión social.
Otras de las recomendaciones formuladas por el Comité a Chile fueron prohibir la institucionalización forzada de personas con discapacidad, proporcionar el acceso a la información y a los servicios de salud sexual y reproductiva, y universalizar los subsidios por discapacidad.
Chile debe garantizar pleno ejercicio de la personalidad jurídica a adultos con discapacidad
Finalmente, el Comité llamó al Estado a derogar las disposiciones legales que limiten la personalidad jurídica de los adultos con discapacidad y a garantizar, en consecuencia, que puedan participar en elecciones, contraer matrimonio o ejercer la paternidad en igualdad de condiciones con los demás ciudadanos. Igualmente, su consentimiento informado debe ser un requisito indispensable para practicarles cualquier tipo de intervención médica.
Chile tiene un año para informar al Comité sobre las medidas adoptadas específicamente en lo que respecta a la prevención de la tortura contra las personas con discapacidad. Posteriormente, deberá presentar, en agosto de 2022, su informe sobre los avances que haya emprendido para implementar las recomendaciones del Comité y las disposiciones de la Convención.
