Naciones Unidas pide liberar a ochenta personas detenidas arbitrariamente en Nicaragua

La oficina de derechos humanos de la ONU (ACNUDH) informó este miércoles que, contrario a lo que afirma el Gobierno, ochenta personas permanecen privadas arbitrariamente de la libertad en Nicaragua. “Hemos recibido acusaciones de que algunos de ellos han sido sometidos a torturas o malos tratos por parte de los funcionarios de la prisión”, denunció en Ginebra Kate Gilmore, alta comisionada adjunta para los derechos humanos.

“Pedimos la liberación de todos los detenidos arbitrariamente por su participación en las manifestaciones o por expresar opiniones o críticas, incluyendo aquellos que están sometidos a medidas alternativas a la prisión”, dijo Gilmore, quien, sin embargo, señaló como un paso positivo la liberación de 442 personas desde el pasado 27 de febrero.

La funcionaria, segunda al mando de la oficina que preside Michelle Bachelet, hizo estas declaraciones al presentar ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU un informe preliminar sobre Nicaragua.

Según ella, en el contexto de la represión de las manifestaciones contra el Gobierno, que iniciaron en abril de 2018, han muerto más de 300 personas, otras 2000 han sido heridas y unas 70.000 se han ido del país huyendo de la violencia.

Aunque destacó que bajo el amparo de la Ley de Amnistía, adoptada en el país el pasado 8 de junio, fueron liberadas 106 personas, Gilmore indicó que esta norma “contiene ambigüedades que pueden beneficiar a quienes han cometido violaciones de derechos humanos durante las manifestaciones”.

De igual forma, reiteró que esta ley no garantiza a las víctimas sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación, tal como lo había denunciado Michelle Bachelet el pasado 8 de junio.

Persisten las violaciones de derechos humanos

“A pesar de que nuestra Oficina, la Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH) y el Grupo Internacional de Expertos Independientes de la OEA han documentado graves violaciones en el contexto de las protestas, el Gobierno sigue negando la responsabilidad de agentes estatales y grupos armados progubernamentales”, lamentó Gilmore y pidió llevar a cabo investigaciones para establecer responsabilidades “sin ninguna excepción”.

Según la información con la que cuenta la ACNUDH, en Nicaragua la protesta sigue siendo reprimida y la labor de defensores, líderes comunitarios y periodistas sigue siendo estigmatizada.

Gilmore informó que entre el 16 de marzo y el 30 de junio 21 personas resultaron heridas en manifestaciones y que, según organizaciones no gubernamentales, al menos 500 habrían sido detenidas. De acuerdo con ella, 100 periodistas ya han dejado el país como consecuencia de las amenazas, el acoso y la censura y no se les ha restituido la personalidad jurídica a nueve ONG cuyo registro fue cancelado a finales de 2018.

La comisionada lamentó que las conversaciones con la opositora Alianza Cívica se mantengan suspendidas desde abril. En ese sentido, llamó a las autoridades a “establecer un diálogo genuino, significativo e incluyente con el fin de resolver las demandas legítimas de las personas de obtener justicia y reparación y llevar a cabo reformas institucionales y electorales”.

Así mismo, pidió al Gobierno cumplir los acuerdos a los que alcanzó a llegar en los diálogos suspendidos, “permitiendo el ejercicio de las libertades de asamblea pacífica, expresión y asociación, y condenando y sancionando todo ataque contra los defensores de derechos humanos, líderes comunitarios, oponentes políticos y periodistas”.

Finalmente, Gilmore se mostró optimista en que el personal de la ACNUDH pueda volver a ingresar a Nicaragua luego de que su equipo fuera expulsado en agosto de 2018.

Nicaragua insiste en que ya liberó a todos los detenidos y niega violaciones

“Una vez restablecido el orden y la tranquilidad luego de las acciones de grupos violentos que el año pasado intentaron romper el orden constitucional, el Gobierno se dispuso a consolidar la paz y retomar la senda de progreso y bienestar que venía impulsando”, dijo el delegado nicaragüense al tomar la palabra tras la intervención de la alta comisionada adjunta.

Luego de mencionar una serie de reformas aprobadas por la Asamblea Nacional, incluida la Ley de Amnistía, el representante fue enfático al señalar que se había producido la liberación de todas las personas detenidas en las manifestaciones de 2018 “cerrando los procesos de todos los procesos administrativos y penales relativos”.

El funcionario aseguró que el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) participó en la elaboración de las listas de personas detenidas y que acompañó el proceso de excarcelación.

“En Nicaragua no hay persecución a personas y organizaciones defensoras de derechos humanos”, indicó. Sin embargo, añadió que “un pequeño grupo de organizaciones han pervertido esta noble causa con la cubierta de organizaciones no gubernamentales y han recibido financiamiento para hacer avanzar sus intereses políticos a cualquier costo, incluyendo la pérdida de vidas humanas”.

Así mismo, negó la restricción del derecho a la protesta pacífica y los señalamientos de uso excesivo de la fuerza: “No es política de Estado inhibir protestas sociales”, afirmó.

Un informe exhaustivo sobre la situación de Nicaragua será presentado por la alta comisionada al Consejo de Derechos Humanos en la sesión que tendrá lugar del 9 al 27 de septiembre en Ginebra. En ese momento, el reporte se discutirá con los miembros de la ONU y con representantes de la sociedad civil, tal como ocurrió el pasado viernes con el informe de la ACNUDH sobre Venezuela.