Ginebra 16 Septiembre. – Para Carly Nist, directora legal de Privacy International, no estamos lejos de llegar a un mundo represor donde un “súper estado totalitario” vigila todos los ámbitos de la vida, incluso los pensamientos, como lo narrado en 1984, obra del escritor británico Georges Orwell.
La experta usó la analogía durante un debate sobre el ciberespionaje que tuvo lugar en el Consejo de Derechos Humanos para manifestar la urgencia de implementar normas internacionales que garanticen el derecho a la privacidad en internet y que protejan contra la vigilancia, las interceptaciones y la recopilación ilegal de datos en la red.
Según la representante de la organización no gubernamental, es urgente aunar esfuerzos en esta vía, pues “la privacidad se refiere a la dignidad, a la capacidad de tomar decisiones de manera independiente… el problema no es la inexistencia de normas, sino la dificultad de coordinar y comprender su efectiva aplicación” concluyó Nist.
Por su parte, la Comisionada Adjunta para los Derechos Humanos, Flavia Pansieri, advirtió que “la vigilancia en masa por parte de los gobiernos se ha revelado como un hábito peligroso y no una medida excepcional”. Además recordó que la violación a la privacidad es grave, pues acarrea la violación de otros derechos fundamentales como la libertad de expresión y asociación, a recibir y difundir información y a la vida familiar.
El debate suscitó la condena de diversos países latinoamericanos a las prácticas de interceptación masiva. Ecuador manifestó su “rechazo categórico al espionaje y acoso cibernético en escala masiva que algunos Estados hacen a otros”. Venezuela denunció que “la situación se agrava cuando las compañías internacionales se apropian de estos datos.” A su vez, Cuba advirtió que esa vigilancia “amenaza la soberanía de los Estados” y aseguró que “la lucha contra el terrorismo no puede usarse como excusa para ello”.
La relatora de la OEA para la libertad de expresión, la colombiana Catalina Botero, quien fue invitada al panel de discusión celebrado en Ginebra, declaró entender las preocupaciones de los países por el espionaje por parte de otros Estados, pero “la legitimidad de dichas preocupaciones debe partir primero de la preocupación por la interceptación y violación a la privacidad de sus propios ciudadanos”. Recordó que, “en las Américas ha sido evidente el uso de estas tecnologías para espiar a disidentes políticos, periodistas y defensores de derechos humanos.”
Botero explicó a Panorama Diplomático, luego de haber culminado la sesión en la ONU, que “es necesario establecer una legislación que regule las prácticas de vigilancia, pero no basta con cualquier ley. Éstas tienen que ser capaces sustancialmente de superar los estándares mínimos del derecho internacional de los derechos humanos; deben ser aprobadas por el congreso, o sea ser leyes materiales y formales, pero precisas, que digan exactamente lo que está permitido y lo que está prohibido.”
El debate llegó a la ONU por insistencia de países como Brasil y Alemania, tras el escándalo desatado el año pasado al saberse que la Agencia Nacional de Seguridad, de Estados Unidos, había interceptado datos privados de millones de personas dentro y fuera de territorio norteamericano, incluyendo los de personalidades y altos dignatarios, como la canciller alemana Ángela Merkel y la presidenta brasileña Dilma Rouseff.
El panel se realizó el pasado viernes en el marco de la 27 sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en la ciudad de Ginebra; contó con la presencia de representantes del sector privado de las telecomunicaciones, expertos académicos, miembros de la sociedad civil y periodistas.
