Estados de la ONU piden a Nicaragua liberar a los detenidos durante las protestas

Aunque con diferencias en los términos, Estados latinoamericanos y europeos pidieron a Nicaragua liberar a las personas detenidas en el contexto de las protestas que precipitaron una crisis política desde hace 13 meses en el país centroamericano. Mientras que países como Argentina, Chile, Colombia y Perú pidieron la “liberación de los prisioneros políticos”, otros como Bélgica, Eslovaquia, Noruega y Suiza llamaron a las autoridades a “liberar a las personas detenidas arbitraria o ilegalmente”.

Estas declaraciones ocurrieron en el marco del Examen Periódico Universal (EPU) de Nicaragua, al que acudió el pasado miércoles en Ginebra por tercera vez desde la creación, en 2006, de este mecanismo de la ONU.

Durante las tres horas y media en las que transcurrió la evaluación tomaron la palabra 90 Estados y al menos 20 de ellos expresaron su preocupación por la suerte de quienes han sido privados de la libertad en Nicaragua desde abril de 2018.

Algunos de ellos permanecen detenidos bajo cargos como porte ilegal de armas o incluso terrorismo, pero según informes de organismos de derechos humanos están siendo castigados por su participación en las protestas y les ha sido negado el debido proceso. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) estima que más de 600 personas están detenidas en esas condiciones.

Nicaragua niega que haya presos políticos, persecución o restricción de libertades

En una de sus intervenciones durante el examen, el vicecanciller nicaragüense, Valdrack Jaentschke, fue categórico al afirmar que en su país no hay presos políticos: “Quienes incitan y utilizan la violencia no pueden ser considerados presos políticos. Aunque afirmen haber actuado por razones políticas, los hechos que ejecutaron son constitutivos de delitos comunes”.

El funcionario también aseguró que en lo transcurrido de 2019 han sido liberadas 236 personas “como parte de la voluntad política del Gobierno”.

Jaentschke descartó igualmente que en Nicaragua haya persecución a los defensores de derechos humanos, como lo manifestaron países como Islandia y Luxemburgo, o que no se garantice el derecho a la protesta, como lo denunciaron Estados de todas las regiones, como Ghana, Irlanda, Japón, México y Australia.

Alarma por la libertad de expresión

La situación de los periodistas y de los ciudadanos en busca de información fue otro de los asuntos de mayor preocupación durante el examen: al menos 35 países le pidieron a Nicaragua garantizar que la prensa pueda hacer su trabajo sin temor a represalias ni a presiones de ningún tipo.

Al respecto, el vicecanciller aseguró que en Nicaragua «hay plena libertad de expresión» tanto en la prensa como en las redes sociales y recordó que la Constitución consagra “el derecho a la información veraz”.

“A raíz del intento de golpe de Estado, algunos medios de comunicación y periodistas hicieron uso de la difusión de noticias falsas, presentadas como verdades absolutas”, dijo Jaentschke. “Ningún periodista ha sufrido cárcel o persecución por ejercer el derecho a informar, en todo caso si alguna persona ha tenido que responder a la Justicia, lo ha hecho por la comisión de conductas ilícitas, establecidas en el Código Penal como delito y no como profesionales de la comunicación”, añadió el funcionario.

Cooperación con mecanismos internacionales de derechos humanos

Los Estados también llamaron reiteradamente a Nicaragua a cooperar con los mecanismos de derechos humanos de la ONU y la CIDH, organismos que tuvieron presencia en el país hasta septiembre y diciembre de 2018, respectivamente, y a los que desde entonces se les ha negado el acceso al territorio nacional.

Paraguay pidió específicamente cooperar en el cumplimiento de la resolución adoptada en marzo por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en la que se solicita a la oficina de Michelle Bachelet la elaboración de un informe sobre Nicaragua y se llama al cese de las violaciones de derechos humanos en el país.

A partir del viernes se hará público un documento con todas las recomendaciones que recibió Nicaragua durante su examen periódico. El Estado puede informar ese mismo día cuáles de ellas acepta o cuáles rechaza. Sin embargo, tiene la posibilidad de aplazar su decisión hasta septiembre, para comunicarla al Consejo de Derechos Humanos durante la sesión que celebrará del 9 al 27 de ese mes.