“Nicaragua no cumple con su obligación de proteger a manifestantes pacíficos”: ACNUDH
El alto comisionado de la ONU para los derechos humanos se mostró consternado por el asesinato de al menos 16 personas tan solo esta semana en el contexto de las protestas en Nicaragua y reiteró su solicitud para entrar al país.
Zeid Ra’ad al Hussein, alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, lamentó que Nicaragua «no cumpla con sus obligaciones internacionales de proteger a los manifestantes pacíficos de la violencia y garantizar la rendición de cuentas por el uso ilegal de la fuerza». Según los datos que proporcionó, tan solo esta semana al menos 16 personas fueron asesinadas y más de 100 resultaron heridas en el contexto de las protestas en contra del Gobierno en la capital, Managua, y en otras ciudades del país.
A través de su portavoz en Ginebra, Liz Throssell, el alto comisionado instó hoy por tercera vez a las autoridades a «realizar investigaciones efectivas, rápidas, independientes, imparciales y transparentes de todas las denuncias de las graves violaciones a los derechos humanos que se han producido en las últimas semanas», que incluyen «denuncias de asesinatos, tortura, desapariciones y detenciones arbitrarias».
El miércoles 30 de mayo, cuando se celebraba localmente el Día de la Madre, las calles de Nicaragua se tiñeron del azul y blanco de las banderas alzadas en solidaridad con las madres de los más de cien asesinados y más de mil heridos en las protestas que comenzaron el pasado 18 de abril como rechazo a las reformas al sistema de pensiones decretadas por el presidente, Daniel Ortega.
En la que llamaron la «Madre de todas las marchas», miles de estudiantes, campesinos y diversos sectores de la sociedad nicaragüense se manifestaron en Managua contra el Gobierno. Según el alto comisionado, durante la manifestación se reportaron ataques con arma de fuego por parte de la policía y de grupos armados afines al Gobierno.
Zeid también se refirió a reportes según los cuales seis defensores de derechos humanos, entre los que figuran dos adolescentes, fueron arrestados el miércoles en la madruga por el ejército cerca de la frontera con Costa Rica, para luego ser conducidos a un centro de detención en Managua. En vista de estos hechos, el alto comisionado hizo un llamado a las autoridades a que «garanticen su pronta liberación y todas las garantías jurídicas, incluido el acceso a abogados, y que respeten la prohibición absoluta contra la tortura y los malos tratos».
Esto se suma a una larga lista de denuncias de «amenazas de muerte, actos de violencia e intimidación en contra de periodistas, estudiantes, miembros de la iglesia católica, entre otros», que preocupan al ACNUDH y a otros órganos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que otorgó medidas cautelares para proteger a 13 estudiantes y al obispo auxiliar de Managua, Silvio José Báez, al determinar que su vida e integridad personal corren peligro debido a su rol en las negociaciones con el Gobierno que se llevan a cabo a través de la Mesa de Diálogo Nacional.
El alto comisionado valoró el hecho de que, bajo la supervisión la Organización de Estados Americanos y la CIDH, el Gobierno haya aprobado la creación de un Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) cuya misión será investigar las muertes y otros hechos violentos ocurridos desde el inicio de las protestas. El mecanismo es una propuesta de la CIDH en línea con las recomendaciones formuladas a raíz de su visita al país del 17 al 21 de mayo y destinadas a buscar «una solución pacífica, democrática y constitucional para la grave crisis política».
Sin embargo, el ACNUDH reiteró al Estado su solicitud de acceso al país hecha el pasado 7 de mayo, y para la cual aún no ha obtenido respuesta.
La Mesa de Diálogo Nacional iniciada el pasado 16 de mayo también se mantiene en suspenso debido a que ninguna de las partes muestra voluntad de ceder a las demandas de la otra. Por un lado, estudiantes y representantes de la sociedad civil y del sector privado exigen el cese a la represión, la dimisión de Ortega y elecciones anticipadas. Por el otro, los representantes del Estado demandan que se levanten los tranques erigidos en son de protesta y que paralizan al país en varios departamentos.
A medida que incrementan las tensiones, una gran parte de la población intenta impulsar al sector privado a un paro nacional para ejercer mayor presión sobre el Gobierno, pero los empresarios muestran una enorme resistencia debido a los impactos que esto pudiera tener sobre la economía del país.
