Ginebra, 19 de septiembre.- Nicaragua rechazó recomendaciones ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU que le formularan diferentes Estados en el marco del llamado Examen Periódico Universal (EPU), la revisión global sobre libertades públicas y derechos individuales a la que deben someterse todos los países cada cinco años en Ginebra.

Alegando que significaría “una carga administrativa y presupuestaria adicional”, Nicaragua declinó adoptar nuevos instrumentos internacionales como el Estatuto de Roma que rige la Corte Penal Internacional (CPI), el cual habilita investigar crímenes de guerra y de lesa humanidad, como le propusieran Rumania, Suiza y México, al igual que la Convención contra la desaparición Forzada de personas, a invitación de Suiza.  Tampoco aceptó ratificar el Protocolo Facultativo de la Convención de todas las formas de discriminación contra la mujer, sugerido por Brasil, República Checa, Noruega, Paraguay, Suiza, Eslovenia y Austria. Ese Protocolo permite a personas o grupos de personas someter en queja sus casos a la ONU, una vez agotadas las instancias internas de un país, y al margen de la rendición de cuentas sobre la citada Convención, a la que están constreñidos los Estados que la han ratificado, de las que podrían ser oriundas las aludidas personas o grupos de personas. Éstas, si obtuvieran un fallo favorable de Naciones Unidas, conseguirían por esa vía imponerlo a nivel nacional.  

Al mismo tiempo Nicaragua rechazó las recomendaciones que le hicieran llegar México y Dinamarca, de “normalizar la definición de tortura”, adecuándola a las exigencias de la Convención internacional en la materia. Nicaragua estimó que el “concepto” de tortura existente en sus normas,  es “más amplio” que el elaborado por la ONU.  En cuanto al pedido de Hungría, de “garantizar” la investigación de los hechos de tortura cometidos por “agentes del orden”, Nicaragua lo desestimó por ser presuntamente innecesario. Valoró que la tortura está “prohibida” en su territorio.

En un contexto más amplio los Estados Unidos recomendaron “investigar las denuncias verosímiles de violaciones de los derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad y enjuiciar a los responsables según corresponda, de acuerdo con sus obligaciones y sus compromisos internacionales”, pero Nicaragua replicó que no hace falta pues ya lo hace.

La solicitud de Israel que Nicaragua disponga de “una estructura institucional que garantice el derecho al acceso a la información pública”, fue desoído dado que “ya contamos con una estructura institucional que garantiza el acceso a la información”. En parecido sentido Nicaragua no aceptó la recomendación de “despenalizar la difamación”, planteada por Ghana, debido a que “nuestra legislación no contempla” tal infracción, extendiendo su rechazo a la exhortación de la República Checa, que requiriera “promover activamente la pluralidad de los medios de comunicación, exigir responsabilidades a los autores de las agresiones contra los periodistas y despenalizar la difamación”.

Reafirmando considerar que lo viene haciendo Nicaragua rechazó “adoptar medidas eficaces, sobre todo de orden legislativo, para proteger los derechos de las personas privadas de su libertad”, una recomendación de Ucrania, y las elevadas por Australia y Bélgica, de derogar las enmiendas introducidas a la Ley 779, contra la violencia hacia las mujeres, de tomar medidas excepcionales para luchar contra esa violencia, siempre en perjuicio de las mujeres, “y evitar poner a las mujeres en una situación en que tengan que negociar con sus agresores”.

Al propio tiempo Nicaragua manifestó su adversidad a la idea de España para que se dotara de “una política de nombramientos en el poder judicial ajena a toda injerencia política, así como un respeto escrupuloso de los plazos para la renovación de los nombramientos”.

Con énfasis Nicaragua rechazó todas las recomendaciones que apuntaban a “reformar la ley sobre el aborto”, en virtud “que sería contrario a la voluntad popular  y soberana de los nicaragüenses que a través de un proceso democrático expresaron estar a favor de la penalización del aborto”. Las recomendaciones rechazadas sobre ese punto instaban a “revisar la legislación para garantizar el respeto de los derechos reproductivos de las mujeres y las niñas (Bélgica), un “reconocimiento pleno y efectivo de los derechos sexuales y reproductivos, especialmente mediante la despenalización del aborto” (Francia), y “suavizar la ley que prohibe el aborto terapéutico, o incluso restablecer la ley derogada en 2006, que daba libertad de elección a las mujeres víctimas de una violación o cuya salud peligrara seriamente debido al embarazo (Suiza).