Por: Ana Fondo

 

Ginebra, 28 de septiembre.- Así lo declaró Javier Flórez, director de la política antidroga del Ministerio de Justicia de Colombia, quien participó en el panel de discusión sobre esta temática que tuvo lugar hoy en el marco de la trigésima sesión del Consejo de Derechos Humanos.

“Nada en las Convenciones justifica acciones como la estigmatización y exclusión de los usuarios de drogas, la coacción frente a las adicciones, la discriminación de las minorías, la tortura o la pena de muerte”, aseguró el funcionario, quien se refirió a la decisión de Colombia en el sentido de “liderar el proceso de la región latinoamericana y participar en el mayor número de escenarios posibles”.

Durante la discusión, moderada por la expresidenta de Suiza, Ruth Dreifuss, y que contó con la participación de la Alta Comisionada adjunta para los Derechos Humanos, Flavia Pansieri, las intervenciones de los países latinoamericanos fueron unánimes ante la necesidad de concebir un nuevo enfoque en la lucha contra la droga en el mundo: la búsqueda de soluciones alternativas, la seguridad ciudadana, el bienestar de las personas, la prevención y la prohibición de la tortura aparecieron en los discursos de la mayoría de los Estados que tomaron la palabra.

“En Colombia, el narcotráfico y su violencia devastadora no solo sacudió los cimientos del Estado, sino que dinamizó el conflicto armado, con consecuencias profundas para el país”, resaltó Flórez durante su discurso como panelista, en el que se centró en la experiencia colombiana en materia de lucha antidroga. “Haremos muy poco si nos enfocamos exclusivamente en desarticular las organizaciones criminales”, dijo en referencia a la urgencia de mejorar la situación en los territorios afectados por la producción y el tráfico de narcóticos.

Ecuador, en representación de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), insistió en que es necesario abordar este problema desde un “enfoque integral de responsabilidad común y compartida”, centrado en el bienestar de los individuos, que incluya un enfoque de género y se proponga la abolición de la tortura.

En nombre de la Unión de Naciones del Sur (UNASUR), el delegado de Uruguay confirmó los desafíos de los Estados a la hora de buscar enfoques alternativos para eliminar las prácticas de marginación del consumidor y abolir mundialmente la pena de muerte para los delitos relacionados con drogas.

Por su parte, la embajadora colombiana, Beatriz Londoño Soto, habló sobre las consecuencias no deseadas de las políticas antidrogas y de la prevención como herramienta para proteger el derecho a la salud. También ratificó su acuerdo frente a la posición de su compatriota Javier Flórez ante la tortura y el maltrato a los usuarios de sustancias.

Otros Estados latinoamericanos como Paraguay, Nicaragua, Bolivia o El Salvador coincidieron en que la búsqueda de soluciones alternativas debe hacerse en concordancia con la comunidad internacional. Bolivia recordó además la importancia de reconocer el consumo de la hoja de coca como práctica indígena ancestral.

El panel y la posterior discusión tuvieron lugar en conjunto con la presentación del informe de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ACNUDH) acerca del impacto del problema mundial de la droga sobre el disfrute de los derechos humanos. Este reporte servirá como insumo para la Sesión Especial de la Asamblea General de la ONU sobre las políticas antidrogas que tendrá lugar en abril de 2016.