Por: Carmen Lucía Castaño

 

Ginebra, 2 de julio.- El canciller de la República Dominicana, Andrés Navarro, manifestó hoy ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas que, gracias a un decreto presidencial de noviembre de 2013, el gobierno nacional no lleva a cabo deportaciones “ni masivas ni individuales”.

La aclaración surge en un contexto de preocupación por el vencimiento, el pasado 17 de junio, del plazo establecido por República Dominicana en su Plan Nacional de Regularización de Extranjeros para admitir solicitudes de legalización del estatus migratorio de personas en situación irregular.

Lo anterior despertó las alarmas de la ONU ante la posibilidad de una expulsión masiva de extranjeros hacia Haití, lo cual podría haber desembocado en una crisis de refugiados.

Precisamente, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados advirtió entonces que las consecuencias de una deportación masiva podrían ser “devastadoras”, toda vez que la población en riesgo en República Dominicana está estimada en unas 200 000 personas. “Instamos al gobierno a que se asegure de que las personas cuya nacionalidad fue puesta en cuestión no sean deportadas”, dijo el ACNUR en su momento.

En su intervención de hoy jueves 2 de julio, el canciller Navarro señaló que, hasta la fecha establecida como plazo, un total de 288 466 individuos habían elevado una solicitud de regularización y que “están en proceso de recibir el estatus que ameritan”. Esta cifra equivale, señaló el funcionario, a un 69% de las personas que se encuentran en situación migratoria irregular, según la Encuesta Nacional de Inmigrantes elaborada en 2012.

El diplomático dominicano precisó también que, en el marco del proceso, 17 456 extranjeros se acogieron al programa de retorno voluntario que les facilita el regreso a sus lugares de origen y que, en los casos en que las circunstancias ameriten deportaciones en virtud de la aplicación de la Ley de Migración, estas se llevarán a cabo como parte de “un proceso individualizado, con la identificación de cada persona y todas las debidas comprobaciones de sus estatus y documentación. Como ocurre diariamente en cualquier lugar del mundo”.

Ante las manifestaciones de preocupación expresadas por agencias como la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) sobre la posible expulsión de personas apátridas, Navarro dio un parte de tranquilidad al reiterar que el gobierno dominicano “ha establecido mecanismos para que ninguna de estas situaciones pueda materializarse”.

El Canciller expresó que 55 000 dominicanos de origen extranjero han recibido la ratificación de su nacionalidad en virtud de la Ley 169 de 2014, un instrumento jurídico concebido para restituir la documentación nacional a personas inscritas irregularmente en el registro civil.

De igual manera, esta Ley establece un mecanismo facilitado de naturalización para los indocumentados nacidos en territorio dominicano que beneficiará a las 8755 personas en esta situación que se inscribieron hasta el pasado mes de febrero.

La política de regularización de extranjeros de la República Dominicana “ha sido una victoria para los derechos humanos”, de acuerdo con Navarro, quien se puso a disposición de los miembros del Consejo para dar detalles sobre el desarrollo de este proceso.