ONG piden a la ONU instar al presidente de Colombia a firmar la Ley de la Justicia Especial para la Paz
Tres organizaciones de la sociedad civil hicieron esta petición al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que sesiona actualmente en Ginebra.
La Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), la Oficina Internacional de Derechos Humanos – Acción Colombia (Oidhaco) y Brigadas Internacionales de Paz (PBI) pidieron este viernes en Ginebra al Consejo de Derechos Humanos de la ONU “que urja a Colombia a que demuestre, más allá de las palabras, su firme voluntad de implementar el Acuerdo de Paz firmando la Ley Estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz”.
En una declaración conjunta hecha ante el máximo órgano de la ONU en materia de derechos humanos, Ana María Rodríguez, la representante de la CCJ, se refirió a la posibilidad de que el presidente Duque anuncie hoy sus objeciones a esta Ley, que ya fue avalada por la Corte Constitucional. “Si esto ocurre, el texto deberá regresar al Congreso, donde seguramente se le introducirán cambios que aumenten los riesgos de impunidad”, agregó Rodríguez.
La intervención de estas tres organizaciones ocurrió en el debate sobre los informes anuales presentados por los expertos del Consejo, y en ella se refirieron, en particular, al reporte del relator especial sobre defensores de derechos humanos, Michel Forst, consagrado a la situación de las mujeres defensoras alrededor del mundo. “Reiteramos el riesgo extraordinario que enfrenta este colectivo en Colombia, su dificultad para acceder a la justicia y los altos niveles de impunidad que rodean los crímenes en su contra”, aseguraron las organizaciones en su alocución.
“Para avanzar en la lucha contra la impunidad de los crímenes contra mujeres defensoras, lideresas comunitarias y víctimas del conflicto en Colombia, es de vital importancia que el Presidente Iván Duque firme, antes del 11 de marzo, la Ley Estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz. Sin esta firma, esta nueva Jurisdicción no podrá funcionar apropiadamente”, continuó Rodríguez.
La jurista colombiana explicó también que de no ser sancionada la Ley Estatutaria “se ralentizarán aún más el acceso a la justicia y el esclarecimiento de hechos como la violencia sexual, causando la revictimización de las mujeres que sufrieron las consecuencias más brutales del conflicto armado”.
En contraste con la incertidumbre generada por la falta de sanción presidencial de la Ley Estatutaria de la JEP, en sus discursos ante diferentes órganos de la ONU Colombia ha declarado reiteradamente su compromiso con la implementación del Acuerdo de Paz.
Precisamente el día anterior a esta intervención de las ONG, la embajadora colombiana ante la ONU en Ginebra, Adriana Mendoza, hizo esta afirmación a este mismo Consejo: “el trabajo mancomunado en temas de vital importancia para nuestra agenda de legalidad y equidad social, como lo son el respeto a la vida, la implementación de garantías de seguridad, los derechos de las víctimas o la materialización de los postulados del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto, es la mejor demostración de que en Colombia la defensa y protección de los derechos humanos están en el corazón de la agenda política”.
