Por: Carmen Carrasco

 

Ginebra, 3 de julio.- El Consejo de Derechos Humanos de la ONU adoptó ayer jueves una resolución que solicita al Alto Comisionado de la ONU que presente un informe sobre las distintas formas en que la adquisición, posesión y empleo de armas de fuego por civiles se han regulado, para evaluar la contribución de las medidas legislativas de los Estados en esta materia. El informe deberá ser presentado en la 32º sesión del Consejo de Derechos Humanos.

La Resolución fue aprobada por 41 votos a favor, 6 abstenciones y ningún voto en contra. Esta resolución “contribuirá de manera positiva a disminuir el número de víctimas a causa de armas de fuego”, indicó la delegación peruana, principal promotora de esta decisión, en su presentación ante el Consejo.

En el debate que precede a la votación, el representante de Estados Unidos señaló que su país aún sufre por la masacre de Charleston, donde murieron nueve personas a manos de una persona en posesión de armas. Sin embargo, indicó que EEUU se abstendría de dar su voto a favor porque la reglamentación nacional no debe ser tema de atención internacional en el Consejo, y se trata de un “derecho exclusivo y soberano de cada Estado” reglamentar el uso de armas.

La resolución denominada “Los derechos humanos y la regulación de la adquisición, posesión y empleo de armas de fuego por personas civiles” también invita a todos los procedimientos especiales de la ONU, las comisiones de investigación y los órganos de tratados (Comités) a que tengan en cuenta esa resolución en el marco de sus mandatos.

La decisión adoptada parte de la alarma ante cientos de miles de personas de todas las edades en todo el mundo que “se siguen viendo afectados de manera negativa por el empleo indebido, intencionado o fortuito, de armas de fuego y porque un número considerable de las muertes de mujeres ha ocurrido como consecuencia de la violencia infligida por su pareja”.

Además, exhorta a los Estados “a que hagan todo lo que esté en sus manos para adoptar las medidas legislativas, administrativas y de otra índole que proceda, de conformidad con el derecho internacional de los derechos humanos y con su marco constitucional, a fin de que la adquisición, la posesión y el empleo de armas de fuego por civiles sean reguladas de manera efectiva”.

La resolución L.18 fue impulsada por Perú y Ecuador, y patrocinada por 23 países, entre ellos Cuba, Venezuela, Nigeria, Nicaragua y Suiza.