Expertos de la ONU emitieron cinco comunicaciones en poco más de un año para proteger los derechos del mismo número de activistas mexicanos arbitrariamente detenidos. Once ONG exigieron al Estado la liberación de los tres defensores que aún siguen presos.

 

Por: Gabriela Sotomayor

 

Ginebra 20 de abril.- Entre agosto de 2014 y diciembre de 2015, el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria dirigió cinco opiniones oficiales al gobierno de México en las que considera que existieron detenciones arbitrarias e irregularidades en los procesos penales de cinco defensores de derechos humanos. “Es la primera vez que el Grupo emite tal número de opiniones en un lapso de poco más de un año”, subrayó la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT).

Se trata de los casos de Damián Gallardo Martínez, Pedro Celestino Canché Herrera, Librado Jacinto Baños Rodríguez, Enrique Guerrero Aviña y Nestora Salgado García, quienes fueron detenidos arbitrariamente y encarcelados por delitos que no cometieron.

“Algunos de ellos fueron obligados a firmar confesiones de hechos delictivos bajo tortura y amenazas de represalias contra sus familias, y enviados a penales de máxima seguridad en confinamiento solitario”, recordó la OMCT en un comunicado firmado por otras diez organizaciones defensoras de derechos humanos, como Artículo 19 y Front Line Defenders.

“Además se les fabricaron cargos y sufrieron agresiones de distintos agentes estatales, dentro y fuera de las instalaciones penitenciarias en las que permanecieron o permanecen recluidos”, denunciaron las organizaciones.

En el texto señalaron que “es de especial preocupación que las cinco personas detenidas arbitrariamente son defensoras de derechos humanos o periodistas, en su mayoría indígenas, y que su detención se dio en represalia a su labor y, así, como parte del patrón de criminalización de la protesta social en México”.

Las organizaciones firmantes del comunicado manifestaron que los cinco casos son emblemáticos de este grave patrón, que también ha sido evidenciado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

En su informe sobre la Situación de Derechos Humanos en México, publicado en diciembre de 2015, la CIDH resaltó que “la tortura es generalizada y se presenta frecuentemente entre el momento de una detención – que suele ser arbitraria – y antes de que la persona detenida sea puesta a disposición de un juez”. “Las detenciones son utilizadas políticamente como herramienta para acallar voces disidentes, movimientos sociales y movimientos estudiantiles”, concluyó la CIDH en el citado informe.

El Estado mexicano solo ha dado cumplimiento parcial a dos de las cinco opiniones emitidas por el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU, a través de la liberación de Nestora Salgado García y de Pedro Celestino Canché Herrera. Según el colectivo encabezado por la OMCT, la persecución penal en contra de ambos defensores, sin embargo, continúa.

“Es por demás preocupante que el Estado no haya respondido a las comunicaciones emitidas en dos de los casos –según manifestaciones del mismo grupo de trabajo–. El hecho evidencia el desinterés de las autoridades mexicanas respecto de la adopción de medidas adecuadas para revertir la situación de peligro que enfrentan los defensores de derechos humanos en nuestro país”, valoró la OMCT en nombre de los once firmantes.

Adicionalmente, destacó que las opiniones emitidas “contienen estándares de suma importancia, basados en normas e instrumentos jurídicos internacionales en favor de los derechos humanos, mismos que han sido ratificados por los Estados miembros de las Naciones Unidas y permeados en el derecho interno de muchos de ellos, inclusive en México”.

Por otra parte, el grupo de organizaciones argumentó que “es evidente el fin represivo de las detenciones sin sustento para acallar las voces de disenso y nulificar las labores de defensa de los derechos humanos, situación que nos lleva a preguntarnos: ¿cuántos casos como los retomados en estas cinco opiniones quedan en el completo anonimato?”.

Finalmente, con base en los compromisos internacionales adquiridos por el Estado mexicano en materia de derechos humanos, el colectivo le exigió “que cumpla de forma integral las diversas recomendaciones contenidas en las opiniones emitidas, mismas que deben redundar en la liberación inmediata de los tres defensores de derechos humanos que continúan injusta y arbitrariamente detenidos”.

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