Por: Eva Díaz Piola
Ginebra, 28 de abril.– Guatemala afronta grandes desafíos para combatir la discriminación racial que sufren los pueblos y comunidades indígenas del país, que conforman al menos el 40 por ciento de la población. Ésta es la conclusión a la que ha llegado el Comité de Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD), que esta tarde evaluó el informe presentado por el Estado guatemalteco en 2013 y lanzó una batería de preguntas a la delegación oficial.
El Comité, formado por 18 expertos, solicitó al Gobierno de Guatemala explicaciones sobre la falta de consultas previas a las comunidades indígenas en materia de propiedad y concesión territorial a empresas mineras y extractivas, tal y como establece el artículo 169 de la Organización International del Trabajo (OIT).
Además, los expertos criticaron la falta de leyes que protejan la propiedad colectiva de los pueblos indígenas sobre las tierras en las que habitan. Por este motivo, varios miembros del Comité instaron al Estado a que establezca mecanismos de consulta vinculantes para resolver los problemas entre el gobierno y los pueblos indígenas.
La delegación de Guatemala, por su parte, declaró que es “inaceptable que se diga que no se hacen consultas en explotación de tierras”. Además, destacó que el suelo y subsuelo son territorios de soberanía estatal y que la Constitución “no reconoce territorios indígenas”.
Por otra parte, el CERD condenó la desigualdad social y la situación de pobreza extrema en la que se encuentra el 47 por ciento de la población indígena. Guatemala es el país de Latinoamérica con mayor índice de desnutrición crónica infantil, la cual afecta principalmente a niños que viven en áreas rurales. En este sentido, el relator especial para el caso, Dilip Lahiri, lamentó que “el racismo económico no se ha resuelto”.
Los expertos también se mostraron preocupados por la falta de representación y participación política en los poderes públicos por parte de personas indígenas. En la actualidad, 22 de los 158 diputados del Congreso nacional son indígenas. “No se puede vivir juntos en democracia si no hay una representación equitativa de la población en la vida pública y la participación política”, sentenció Melhem Khalaf.
El Comité recomendó que se apruebe una reforma electoral que, entre otras medidas, reduzca los costos de las campañas electorales para permitir un mayor acceso de candidatos indígenas.
Otra de las recomendaciones propuesta por varios expertos fue la tipificación de la discriminación racial como acto punible. Según explicó el experto Carlos Manuel Vázquez, las penas por discriminación actualmente son por un periodo máximo de tres años de cárcel, lo cual permite evitar la condena “al pagar un monto muy bajo de quetzales”.
Especialmente crítico se mostró el relator Lahiri, quien se declaró “desconcertado” con los datos aportados por el Gobierno por “invertir la historia”. A su vez, Lahiri criticó la criminalización y las agresiones contra defensores de derechos humanos y represantes de comunidades indígenas, al señalar que en 2010 se registraron 135 agresiones contra activistas.
Asimismo, Lahiri también destacó que muchos medios de comunicación “siguen divulgando estereotipos racistas contra los pueblos indígenas” e instó a que se realice un mayor monitoreo por parte del Estado para controlar los mensajes racistas.
El presidente de la Corte Suprema de Justicia de Guatemala, José Baquiax, declaró que el racismo histórico es un fenómeno que se ha “naturalizado” en la sociedad guatemalteca e “impide el desarrollo de seis millones de indígenas” en el país. “Guatemala transita de un país racista y excluyente a un estado democrático y participativo. Pero no hay medidas mágicas”, dijo Baquiax.
El conjunto de los miembros del Comité destacaron la labor del indígena guatemalteco Francisco Calí Tzay, quien en la actualidad es el presidente del CERD. Calí Tzay no participó en la sesión de evaluación ni trabajará en la realización de recomendaciones sobre Guatemala, para evitar discrepancias en la independencia y neutralidad del Comité.
La delegación estatal deberá responder mañana a las cuestiones planteadas por el CERD. A partir de estas sesiones e informes, los expertos elaborarán una serie de recomendaciones al gobierno guatemalteco.
