Por: Carmen Carrasco

 

Ginebra, 7 de julio.- Los expertos del Comité de Derechos Humanos de la ONU (CCPR) se hicieron eco de las denuncias de tortura en casos de detención incomunicada en España. Sus observaciones se dieron en el marco del examen que hace el Comité a la nación europea estos 6 y 7 de julio en Ginebra.

Durante la comparecencia de la delegación española ante los 18 expertos del CCPR, el francés Olivier de Frouville señaló que la fuente de dichas denuncias es un equipo de médicos argentinos que verificó fallas en los controles sanitarios que se hacen a los detenidos, ya que no se toman las medidas necesarias frente a posibles casos de tortura.

Asimismo demandó la razón por la que se concedieron indultos a funcionarios reconocidos como culpables de dicha violación de los derechos humanos, pues esto podría generar un clima de impunidad en el entorno policial.

En respuesta, Jorge Zurita, funcionario de la Secretaría de Estado de Seguridad, afirmó que la delegación carecía de información sobre las quejas de los médicos argentinos, por lo que solicitó tiempo para realizar las investigaciones.

En el caso de los indultos, Cristina Martínez, fiscal y asesora de la subsecretaría del ministerio de Justicia, señaló que se trataba de un caso “excepcional” y que el Estado no ha vuelto a conceder indultos.

Entre los aspectos positivos, la jefa de la delegación, Ana María Menéndez, embajadora representante permanente de España ante la ONU, precisó que dos tercios de las instalaciones policiales ya cuentan con mecanismos para grabar en video la actuación de sus funcionarios. Asimismo, aseguró que las personas en detención incomunicada en los últimos años han sido solo el 8% de los detenidos por terrorismo.

Migrantes

La experta estadounidense Sarah Cleveland recalcó la importancia de proteger a los migrantes detenidos de tres tipos de maltrato: el de las fuerzas del orden en la zona franca, el que pueden ejercer sobre ellos otras personas en su situación (en especial la explotación sexual), y el excesivo uso de fuerza en elmomento de la detención, especialmente en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. En ese sentido preguntó si estaba planeado establecer un protocolo de violencia.

De parte de la delegación española, la embajadora Menéndez señaló que en el 2014 se adoptó el Protocolo Marco de menores extranjeros no acompañados, el cual se inspira en el interés superior del menor tal y como lo hace la Convención de los Derechos del Niño.

Crímenes del pasado

El experto francés Olivier de Frouville, resaltó que la Ley de Amnistía de 1977 podía ser un obstáculo para la investigación de los crímenes del pasado. “Se deben eliminar todas las ambigüedades de la ley”, aseguró. También destacó lo ya señalado por el Grupo de Trabajo sobre desapariciones forzadas: que se debe actuar con rapidez, habida cuenta de la edad de los testigos y personas que vivieron la guerra civil y la dictadura española.

En respuesta, la delegación española afirmó que la Ley de Amnistía no es una ley de punto final y que una eventual derogación no tendría valor porque los delitos concernidos ya prescribieron y la imprescriptibilidad de crímenes de lesa humanidad solo se introdujo en el 2010.

La examinación que continuará hoy martes a las 10:00 am, hora local de Ginebra, se lleva a cabo en virtud de los compromisos adquiridos por España al ratificar, en 1977, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.