Por: Carmen Carrasco
Ginebra, 1 de junio.- Con motivo del examen del tercer informe de Venezuela ante el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CESCR) de la ONU, que se desarrollará hoy y mañana en el Palacio Wilson, en Ginebra, distintas organizaciones civiles informaron al Comité sobre problemas de desabastecimiento en el área de salud, entre otros. El Comité está integrado por 18 expertos independientes encargado de supervisar la implementación del Pacto homónimo.
Con respecto al artículo 12 del Pacto (Derecho a la salud), la Coalición de organizaciones por el derecho a la Salud y a la Vida, señala que Venezuela aún no dispone de una ley orgánica de salud que aplique lo estipulado en la Constitución, y que el Estado “ha desvirtuado la norma constitucional, agregando mayor fraccionamiento, inequidad y debilitamiento a las instituciones rectoras, mediante un sistema paralelo de salud”.
Entre los principales problemas de sanidad que enfrenta el país, la coalición señala el creciente número de muertes maternas y de niños recién nacidos, la ausencia de programas que atiendan el alto número de embarazo adolescente e infantil, la continua expansión del virus de VIH, el sobresaliente aumento de la malaria, y numerosos casos de tuberculosis.
Asimismo las restricciones a las que han estado sometidos los centros de salud, así como el desabastecimiento de insumos y medicamentos han provocado “una pérdida de por lo menos el 50 % de los médicos y un déficit crónico de 60% de personal de enfermería”, señala el informe.
Otro tema que fue denunciado por las organizaciones fue la escasez de alimentos. “La situación alimentaria en Venezuela se caracteriza por una significativa contracción de la producción nacional de alimentos y el uso intensivo de las importaciones, las cuales registran una caída durante los últimos años”, señala un informe elaborado por el Observatorio Venezolano de la salud y otras organizaciones.
En ese sentido, se observa un aumento de obesidad y de desnutrición, y sin embargo “existen serias restricciones de acceso a la información y disponibilidad de datos, lo que trae como consecuencia que en estos momentos se desconozca la profundidad del impacto de las medidas económicas en la escasez”, sostiene el mencionado informe.
Por otra parte, la Red por los Derechos Humanos de los niños, niñas y adolescentes (NNA) subrayó “la ausencia de un sistema de indicadores por área de derechos que sea de acceso público y que permita monitorear los avances y retos” en materia de derechos de NNA.
Finalmente, el colectivo feminista Género con Clase señaló que si bien ha habido mejoras en el ámbito de embarazos adolescentes, como la creación del Consejo Consultivo del Poder Popular para las Mujeres en el 2014, “resulta imperante reducir el índice de natalidad temprana”.
