Por: Carmen Lucía Castaño

 

Ginebra, 17 de marzo.- La Comisión de Investigación Internacional Independiente sobre la República Árabe Siria presentó hoy su noveno informe sobre la situación en ese país ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. La Comisión expresó su preocupación por el desprecio que las partes en conflicto demuestran por los derechos humanos y el derecho internacional humanitario.

“Mujeres y niños, hombres y jóvenes, ancianos, personas discapacitadas son tratados como blancos legítimos por fuerzas gubernamentales, grupos armados antigubernamentales y organizaciones extremistas y terroristas”, aseguró el brasileño Paulo Sérgio Pinheiro, presidente de la Comisión.

El experto hizo un recuento de las principales violaciones de los derechos humanos que tienen lugar de manera permanente en Siria. Señaló, entre otras, el uso indiscriminado y desproporcionado de armas aéreas y terrestres que ha dejado como resultado la muerte de miles de civiles, las agresiones sexuales en contra de niñas y mujeres, la desaparición de defensores de derechos humanos, la detención arbitraria de activistas por la libertad de expresión, el bombardeo de escuelas y hospitales y los crímenes atroces perpetrados por los grupos Jabhat al-Nusra y el autoproclamado Estado Islámico de Iraq y del Levante (ISIL).

De la misma manera, recalcó la precaria situación de los trabajadores humanitarios quienes han sido víctimas de privación de la libertad, tortura y ejecuciones. “La medialuna roja ya no es un escudo de protección”, señaló Pinheiro.

Por otro lado, agregó que en la comunidad internacional hay consenso en torno a que la solución de ese conflicto no será militar y que la afluencia de armas hacia Siria debe ser detenida. “La impunidad alienta a los perpetradores de atrocidades y las armas los fortalecen”, añadió. En el mismo sentido, llamó la atención sobre la necesidad de señalar, perseguir y juzgar a los responsables de las violaciones e indicó que su trabajo no se limita a replicar la voz de las víctimas, sino a buscar justicia para ellas.

Pinheiro aseguró que la Comisión está lista para compartir información con Estados dispuestos a llevar a cabo procesos judiciales contra los perpetradores, en ejercicio de la jurisdicción universal: “este será un proceso respetuoso de los derechos humanos, del derecho de los acusados a un juicio imparcial y del derecho de las víctimas a la verdad”, afirmó el experto. La Comisión también aboga por la remisión, por parte del Consejo de Seguridad de la ONU, del caso de Siria a la Corte Penal Internacional o a un tribunal ad hoc.

Pinheiro recordó que la asistencia humanitaria a los casi 3.9 millones de refugiados sirios no es responsabilidad exclusiva de los países fronterizos, por lo que instó a los Estados a trabajar conjuntamente para asumirla.

Así mismo, destacó la labor de las agencias de la ONU y de las ONG que trabajan en el terreno y reiteró el apoyo de la Comisión al enviado especial de las Naciones Unidas para la crisis en Siria, Staffan de Mistura. Finalmente, el experto dijo que el Consejo de Derechos Humanos debe pedirle a la comunidad internacional que encuentre “una solución diplomática urgente capaz de terminar la violencia y llevar a los perpetradores ante la justicia”.

Por su parte, la delegación siria rechazó enfáticamente el informe. El embajador Hussam Edin Aala afirmó que el documento recicla acusaciones previas, que el método de trabajo de la Comisión es cuestionable y que se respalda en los testimonios de personas que pertenecen a grupos armados hostiles al gobierno. “Está basado en narrativas de fuentes desconocidas con motivaciones bien conocidas”, sentenció el diplomático.

En el mismo sentido declaró que la Comisión tiene una agenda predefinida que responde a los intereses de los Estados que financian el terrorismo en Siria. Criticó especialmente que en el informe no se haga mención del rol que países como Qatar, Arabia Saudita o Turquía tienen en el actual conflicto.

El embajador negó que el gobierno ataque a la población civil o que no esté en capacidad de protegerla y consideró inaceptable la acusación de haber usado cloro o gas en sus ataques. También hizo énfasis en que el informe presentó solamente una versión del conflicto ya que no incluyó la información suministrada por el gobierno. “Creemos que la Comisión se desvió de los principios de independencia, neutralidad y profesionalismo. Es por esto que rechazamos su informe”, concluyó.

De otro lado, cinco países latinoamericanos tomaron la palabra en el debate posterior. México se manifestó indignado y preocupado por la degradación de la situación generada por todos los actores del conflicto e instó a la comunidad internacional a tomar acciones en la materia. Chile deploró la violencia y destacó la labor de la Comisión, a la vez que preguntó a Pinheiro por el mecanismo para una efectiva rendición de cuentas de los responsables de las violaciones de los derechos humanos.

Por su parte, Cuba, Venezuela y Ecuador coincidieron en la condena a la violencia y a la muerte de civiles y en el rechazo a la injerencia en los asuntos internos de Siria. También señalaron que los grupos que hoy combaten contra las fuerzas armadas sirias fueron creados, entrenados y financiados por terceros países. Las tres naciones expresaron igualmente que la comunidad internacional puede prestar acompañamiento en el restablecimiento de la paz en Siria, pero que son los nacionales del país asiático quienes deben liderar tal proceso.

La Comisión de Investigación Internacional Independiente sobre la República Árabe Siria fue creada el 22 de agosto de 2011 por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU con el objetivo de investigar todas las violaciones de los derechos humanos cometidas en ese país a partir de marzo del mismo año. Además de su presidente, la Comisión está conformada por la norteamericana Karen Koning AbuZayd, la suiza Carla del Ponte y et tailandés Vitit Muntarbhorn. Damasco ha negado sistemáticamente la entrada de la Comisión a territorio sirio.