El experto David Kaye presentó hoy su informe anual ante el Consejo de Derechos Humanos y propuso llevar a cabo un estudio amplio sobre las obligaciones de las empresas con respecto a los derechos de los usuarios de Internet.

 

Por: Gabriela Sotomayor

 

Ginebra 16 Junio .- El Relator Especial de la ONU sobre libertad de expresión y opinión, David Kaye, lanzó una iniciativa sobre la responsabilidad del sector privado para asegurar la libertad de expresión en línea en el marco de la trigésima segunda sesión del Consejo de Derechos Humanos.

“Las empresas privadas toman decisiones que afectan profundamente la expresión digital y la libertad en Internet”, dijo el Relator Especial al presentar su informe ante el pleno.

Señaló que es muy común en nuestros días que las empresas privadas censuren, vigilen la conducta de los usuarios o lleven a cabo otras restricciones a la libertad de expresión, a menudo bajo la presión de los gobiernos, pero a veces por su propia iniciativa.

El proyecto que propone Kaye establece las bases para llevar a cabo un estudio detallado en los próximos años sobre las obligaciones del sector privado para garantizar la libertad en línea. “Teniendo en cuenta su papel central, ¿qué responsabilidades tienen las empresas privadas para promover la libertad de expresión o de resistirse a las exigencias del gobierno?”, cuestionó el experto.

“Desde el derribo de contenidos a la suspensión de servicio, desde la regulación de los conceptos ampliamente definidos como el extremismo y el discurso de odio a la aplicación de las denominadas normas de la comunidad, los actores privados requieren una guía práctica sobre cómo aplicar las normas de los derechos humanos en su papel como guardianes y facilitadores de expresión”, subrayó. 

“Los Estados no deben obligar a las empresas a tomar medidas que de manera innecesaria o desproporcionada interfieren con la libertad de expresión”: David Caye

El nuevo informe, el Relator Especial de la ONU ofrece una visión innovadora de los problemas y preocupaciones en materia de derechos humanos y empresas privadas en el espacio digital actual, así como la regulación del Estado y las decisiones que afectan a los usuarios individuales. En él se detallan, además, las miles de maneras en las que el sector privado se ve implicado en cuestiones relativas a la libertad de expresión, se destacan los actores involucrados y las prácticas de regulación. 

“Los requisitos mínimos de las normas de derechos humanos son claras. Los Estados no deben obligar a las empresas a tomar medidas que de manera innecesaria o desproporcionada interfieran con la libertad de expresión”, valoró Kaye, quien sostuvo que todas las medidas para censurar contenidos o llevar a cabo la vigilancia deben, por lo menos, basarse en leyes válidas para alcanzar objetivos legítimos que deberán estar sujetos a la supervisión externa e independiente.

“Las corporaciones deben deben garantizar la mayor transparencia posible en relación con las políticas, normas y acciones que implican a los usuarios individuales”: David Kaye

“Al mismo tiempo, las empresas deben hacer frente a sus propias políticas que corren el riesgo de interferencia con la libertad de expresión”, dijo. “Como mínimo absoluto, deben garantizar la mayor transparencia posible en relación con las políticas, normas y acciones que implican a los usuarios individuales”. 

Kaye presentará su próximo estudio sobre las responsabilidades del sector privado en el mundo digital al Consejo de Derechos Humanos en 2017. En ese momento se examinarán las normas que rigen las empresas de telecomunicaciones y proveedores de servicios de Internet, que enfrentan cada vez más exigencias a cerrar durante los períodos de protesta y de elecciones. 

El Relator Especial también preparará estudios temáticos sobre temas tales como las restricciones de contenido impuestas por los actores privados y los gobiernos, la responsabilidad de los intermediarios para la expresión de terceros, el papel de la industria de la vigilancia, el papel de los actores públicos y privados en las áreas de seguridad digital, la gobernanza de Internet, y los esfuerzos para ampliar el acceso a Internet. 

El proyecto implicará a expertos internacionales así como visitas a corporaciones y actores gubernamentales en todo el mundo.

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