Por: Edgar García

 

Ginebra, 20 de mayo.- El Comité de los Derechos del Niño de la ONU mostró su preocupación en torno a casos de tortura y abusos sexuales contra niños y niñas en el país norteamericano. También interrogó a la delegación oficial del Estado si México ratificará el Protocolo Facultativo de la Convención homónima relativo al procedimiento de comunicaciones. El Comité está compuesto por 18 expertos independientes, y tiene como misión velar al cumplimiento de la Convención adoptada en 1989 y que entró en vigor desde 1990.

Las expertas Hynd Ayoubi Idrissi (Marruecos) y Maria Parsi (Italia) mostraron sus preocupaciones por el alto número de casos de tortura, así como por las “pocas condenas” en caso de violencia sexual, por ejemplo en centros educativos. Según la experta italiana, aunque la tortura es prohibida por la Constitución mexicana, esta práctica “usada por fuerzas de seguridad” es “sistemática” y causa secuelas físicas y morales a las víctimas.

Así, Ayoubi Idrissi quiso saber si “han habido investigaciones” y cuáles fueron los resultados de las mismas. De igual manera, interrogó sobre cuáles son la medidas tomadas por México para “luchar contra la impunidad y qué se hace para que los niños queden protegidos […] ante las represalias”.

Por su parte Parsi, pidió información sobre acciones emprendidas por el Estado para tipificar el delito de tortura en adecuación con la Convención Contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.

Al respecto la delegación mexicana reconoció que “hay pocas sentencias” en estos casos. Además agregó que “no se ha calificado correctamente” el delito de tortura en el marco legislativo del país. Sin embargo, México destacó avances en la materia, como la reforma constitucional que “establece [la tortura] como una violación grave a los derechos humanos, con base en una ley general que está armonizada con la Convención [contra la Tortura]”.

Por su parte, la senadora Martha Elena García, quien integró la delegación mexicana que viajó a Ginebra, indicó que ahora el Congreso tiene la facultad “para expedir leyes generales que establezcan como mínimo los tipo penales y sus sanciones para el delito de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes y de desaparición forzada de personas”

Otro avance en la materia es un protocolo de investigación que va ser homologado por todas las procuradurías de las 32 entidades federales y que fue elaborado por la Procuraduría General de la República (PGR).

En cuanto a la violencia sexual, el Comité pidió informaciones sobre las medidas tomadas “para poner fin a la impunidad en materia de casos de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes, inclusive cuando los presuntos responsables son personas eclesiásticas o religiosas”. Además, la experta marroquí quiso saber si el Estado implementará un sistema de información estandarizado “para desglosar los datos por edad, sexo, naturaleza del delito, tipo de violencia sexual [así como] de los resultados de las investigaciones y si ha habido una condena”.

Por otro lado, el Relator del Comité sobre México, el experto Jorge Cardona Llorens, preguntó a la delegación si el Estado mexicano iba ratificar el Protocolo Facultativo de la Convención relativo al procedimiento de comunicaciones. Al respecto, la delegación encabezada por Juan Manuel Gómez Robledo, respondió que ser parte de un protocolo facultativo es un “proceso deliberativo en el cual todas las instituciones estatales están involucradas” y que este proceso “no ha concluido”.

Aunque México no ratificara el protocolo, el Jefe de la delegación informó que la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en su artículo 83, obliga el establecimiento de mecanismos “para que los niños presenten denuncias frente a instancias administrativas y judiciales”.

Por último, el Comité señaló su inquietud en cuanto a la pobreza, la migración, el acceso a una educación de calidad, los cuales siguen siendo problemas que afectan a miles de menores de edad a pesar de los esfuerzos realizados por México por hacer cumplir las disposiciones contenidas en el instrumento internacional que garantiza los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes.