Por: Edgar García

 

Ginebra, 11 de junio.- La delegación chilena tuvo que responder a las preocupaciones del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CESCR) en cuanto la discriminación en el sistema educativo chileno, en el marco del examen ante el órgano de la ONU encargado de supervisar la implementación del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales (PIDESC).

Con respecto al derecho a la educación, el Comité mostró su preocupación por el “problema” de la discriminación con base en el estatuto socioeconómico o por identidad de género en el sistema educativo. Así, el experto belga Olivier De Schutter subrayó que las escuelas públicas sean más concurridas por niños de familia con bajos recursos, mientras que las escuelas privadas acogen a niños de familias con altos recursos.

Además, el sistema de cobro y selección tiene consecuencias en “la movilidad social” ya que restringe el acceso a la educación de forma equitativa, según De Schutter. A su vez el presidente del Comité, Aslan Abashidze, estimó que “la división va seguir empeorando” en el ámbito educacional.

Así, el Comité solicitó más información sobre la consistencia del gran debate sobre la reforma de la educación que empezó en el 2014. Los expertos inquirieron sobre si esta reforma podría eliminar la discriminación socioeconómica y disminuir la brecha de desigualdad generada por el actual sistema de educación, así como si el Estado está elaborando una política pública para establecer una educación primaria gratuita y de calidad.

La delegación chilena encabezada por Marcos Barraza Gómez, ministro del Desarrollo Social, declaró que la Reforma Educacional era una “prioridad presidencial” y considera un “conjunto de iniciativas legislativas” y “políticas educativas”, con énfasis en la educación pública, que buscan aumentar la inclusión en el sistema escolar, mejorar la calidad integral de los aprendizajes y reducir las brechas de desigualdad del sistema.

En términos de avances concretos, Chile destacó la aprobación por el Congreso en enero 2015 de la ley 2845 sobre la Inclusión Social cuyo objetivo es “la regulación de la admisión de los estudiantes, también eliminar el financiamiento compartido y prohíbe el lucro en establecimientos que reciben aportes del Estado”. El sistema educativo chileno se ha construido “desde la provisión mixta”, es decir “desde un componente de educación pública con fondos públicos” que provee educación gratuita y de “un componente de educación privada” que recibe subvención y cobran un copago.

Con la Ley 2845, todas las escuelas subvencionadas por el Estado deberán ser gratuitas y se espera que en el 2018, el “93% de los establecimientos educativos subvencionados por el Estado sean gratuitos” continuó la delegación. De igual manera, el Gobierno “contempla avanzar gradualmente en la gratuidad universal” de la educación superior. Así, se prevé que la educación será gratuita para los estudiantes “pertenecientes al 70% más vulnerable de la población en los próximos seis años”.

En materia de los derechos de los pueblos indígenas, el Comité pidió informaciones sobre el proyecto de reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas, así como sobre los mecanismos existentes para “la devolución de tierras ancestrales de pueblos indígenas y particularmente sobre los recursos asignados al Fondo de Tierras y Aguas Indígenas de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI)”.

El ministro señalo que “el proyecto de reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas continúa su tramitación en el Senado”. Asimismo informó que se incorporará el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas en el proyecto de la nueva Constitución.

En cuanto a las devoluciones de las tierras ancestrales, el jefe de la delegación señaló que “el presupuesto para el 2015 de la CONADI destina un total de US$ 197 millones que representa un aumento del 67% respecto del 2014″. Además “de este total, US$ S129 millones se utilizaron para financiar restitución de tierras históricas y subsidios para la construcción de obras, riegos y drenaje, a través del Fondo de Tierras y Aguas Indígenas, aumentando un total de 70% respecto del año 2014”, puntualizó.

El Comité emitirá sus conclusiones finales y recomendaciones sobre el examen del Estado chileno el próximo 19 de junio. Por su parte, el país deberá implementar dichas recomendaciones en el curso de los próximos cinco años, cuando le corresponderá de nuevo comparecer ante el CESCR.