Por: Edgar García

 

Ginebra, 28 de abril.- Hoy arrancó el examen del sexto informe periódico presentado por España ante el Comité contra la Tortura (CAT) con sede Ginebra, Suiza. Los diez expertos independientes que integran el Comité manifestaron sus preocupaciones con respecto a la impunidad para los autores de hechos de tortura, la mayoría de los cuales son agentes de las fuerzas del orden; también por las detenciones en régimen de incomunicación y la situación de las cárceles españolas y los Centros de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) en las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla.

Varios expertos, entre ellos el presidente del CAT, Claudio Grossman, expresaron su preocupación por el uso reiterado del indulto en casos de tortura en el país ibérico. El experto chileno recordó el indulto concedido por el Gobierno a cinco Mossos d’Escuadra (policía autonómica de Cataluña), tres de los cuales fueron condenados por tortura perpetrada en contra de Lucian Padurau en el año 2008. Según Grossman, esos indultos son incompatibles con la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes y afirmó que “no hay un sólo policía en la cárcel por haber torturado».

En el mismo sentido, la experta marroquí, Essedia Belmir, afirmó que “en España, no se reconoce el uso excesivo de fuerza por parte de la policía” como se pudo ver en las manifestaciones del movimiento de los “indignados”, donde hubo casos de brutalidad policial y sin embargo no hubo enjuiciamiento de policías según la experta.

El experto chileno y el Relator del Comité encargado de seguir la situación en España, Abdoulaye Gaye (Senegal), quisieron obtener informaciones sobre cualquier mecanismo de reparación o indemnización para las víctimas de tortura y saber si “hay una persona en cárcel por crimen de tortura en España”, interpeló Grossman.

Las detenciones en régimen de incomunicación, por ejemplo en contra de supuestos terroristas, fue otro tema de inquietud del CAT. El Comité inquirió acerca de las medidas que implementa el Estado español con el fin de revisar y abolir este régimen, ya que las garantías de los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad no están aseguradas.

El experto mauritano, Satyabhoosun Gupt Domah, preguntó a la delegación cuáles eran los motivos del régimen de incomunicación y agregó que “hay otras alternativas” a esas medidas de detenciones. De igual forma, Claudio Grossman, preguntó al Estado ibérico si aprobó modificaciones en su marco legislativo para prohibir el uso del régimen de incomunicación a menores de edad.

De igual forma, el Comité mostró su inquietud sobre la situación en las cárceles en España y en los CETI en los enclaves españoles en el norte de África de Ceuta y Melilla. Precisamente el experto italiano Alessio Bruni y Abdoulaye Gaye indicaron que los centros penitenciales y las instalaciones de acogida para migrantes están en situación de sobrepoblación. También, según Gaye, el 15 octubre 2014, se informó sobre palizas en los centros de acogida por parte agentes de la Guardia Civil.

Por su parte, Claudio Grossman se refirió a las denuncias de organizaciones no gubernamentales respecto a que éstas no podían ingresar en los centros y aseguró que eso contribuye a reforzar las acusaciones de tortura y malos tratos en esos centros. Además, la experta estadounidense, Felice Gear, preguntó por qué solo dos tercios de las cárceles españolas cuentan con sistema de vigilancia por vídeo y qué impide al Estado implementar este sistema a todas los centros penitenciales. Así, el presidente del Comité aseguró que ese sistema puede ayudar al “Gobierno a desmentir las acusaciones de malos tratos”.
La delegación española, encabezada por la Embajadora Ana María Menéndez, deberá responder mañana miércoles por la tarde a los interrogantes planteados por los expertos, momento en el cual el examen a España seguirá en una segunda y definitiva ronda, previo a que el Comité emita sus recomendaciones para mejorar la situación de la tortura en el país europeo.