Ginebra, 27 de septiembre.- Por medio de una resolución el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra adoptó por consenso el compromiso de fomentar “la creación y el mantenimiento  de un entorno seguro y propicio en que la sociedad civil pueda funcionar sin trabas ni inseguridad”, y que los Estados “reconozcan públicamente la importante y legítima función que desempeña la sociedad civil en la promoción de los derechos humanos, la democracia y el estado de derecho”.

La resolución liderada por Chile, Irlanda, Japón, Sierra Leona y Túnez, y auspiciada por más de 50 Estados miembros y observadores del Consejo de Derechos Humanos, resalta “el importante papel de la sociedad civil en los planos local, nacional, regional e internacional”, pues su labor “facilita el logro de los propósitos y principios de las Naciones Unidas”.

De manera enérgica el texto rechaza “todo acto de amenaza, agresión, intimidación o represalia cometido contra agentes de la sociedad civil… los Estados deben investigar todo presunto acto de este tipo, velar por que los responsables rindan cuentas y por que se disponga de recursos efectivos, y tomar medidas para evitar que vuelvan a producirse”.

Durante el proceso de adopción, Chile puso como ejemplo que “la sociedad civil jugó un papel fundamental durante la dictadura… y en el momento de la transición a la democracia”. Asimismo, afirmó que “los espacios para la sociedad civil están íntimamente relacionados con libertad expresión y asamblea pacífica… cuando se garantizan estos derechos la sociedad puede defenderse”.

La decisión adoptada realza la importancia de la sociedad civil para “el empoderamiento de los miembros de grupos minoritarios o vulnerables y de las personas que abrazan convicciones o creencias minoritarias o disidentes… exhorta a los Estados a que velen por que ni las leyes, ni las políticas ni las prácticas menoscaben el disfrute de los derechos humanos de estas personas ni las actividades realizadas por la sociedad civil en defensa de los derechos que las asisten”.

A pesar de haber sido aprobada por consenso, esta resolución fue objeto de tentativas de enmienda, 10 en total, que pretendían cambiar aspectos de forma y fondo del proyecto; no obstante, ninguna de ellas logró los votos necesarios -mayoría simple- para ser adoptada.

Cuba, quien fue parte de los promotores de enmiendas en ocho ocasiones, lamentó que “durante las consultas informales -para la formulación del proyecto de resolución-, sus principales promotores hayan tenido una actitud poco constructiva que motivaron las enmiendas… el proyecto no ahonda sobre los deberes y obligaciones de la sociedad civil, su financiación y su participación en foros de Naciones Unidas”. China, Egipto, Bahrein, los Emiratos Arabes Unidos, Rusia y Venezuela fueron impulsores del total de enmiendas al final descartadas.

A pesar del reclamo, la resolución original y finalmente adoptada reafirma “el derecho de toda persona, individualmente o en asociación con otras, al libre acceso a los órganos subregionales, regionales e internacionales, en particular las Naciones Unidas, sus representantes y sus mecanismos, y a la comunicación con ellos sin restricciones”.

Insta a los Estados a que “velen por el acceso a la justicia y la rendición de cuentas… que acaben con la impunidad por las violaciones de los derechos humanos y los abusos cometidos contra los agentes de la sociedad civil… sometiendo a examen y cambiando, leyes, políticas, instituciones y mecanismos capaces de crear y mantener un entorno seguro y propicio en el que la sociedad civil pueda funcionar sin trabas ni inseguridad.