Por: Diego de León

 

Ginebra, 15 de marzo.- Representantes de una plataforma de más de 50 organizaciones hondureñas denunciaron en la sede europea de la ONU los altos niveles de violencia, las altas tasas de impunidad, los fuertes niveles de pobreza, así como la criminalización contra defensores de derechos humanos; pidieron que en la segunda comparecencia de Honduras ante el Examen Periódico Universal, EPU, el próximo 8 de mayo, los Estados recomienden medidas efectivas para mejorar la protección efectiva de los derechos humanos.

Juan Antonio Mejía Guerra, miembro del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia de Honduras, que integra el primer equipo de la plataforma organizada de cara el EPU, lamentó que el país tiene la tasa de criminalidad más alta del mundo; “vivimos una violencia social sin precedentes, con un Estado que definitivamente no logra controlar la situación… Nos estremece la situación de inhumanidad que se vive en el país, a la que están sometidos los sectores más vulnerables, que es el 80% de la población”.

El dirigente resaltó que en Honduras “solo un 20% de la población vive en situación decorosa, el 70% es pobre, y de éste, el 60 % es indigente, es decir que vive con menos de un dólar al día”. Señaló que mientras el 72% de la población campesina apenas tiene acceso al 12% de las tierras fértiles, el 1.6% de los grandes propietarios y terratenientes controla el 40% del territorio cultivable que lo utilizan para producir cultivos de exportación; “el banquete de los ricos es el hambre de los pobres en Honduras”, sentenció Mejía Guerra.

Por su parte, Tomás Gómez Membreño, indígena lenca y miembro del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas, COPIN, que aglutina a más de 200 comunidades indígenas que luchan por la reivindicación de derechos de los pueblos indígenas, denunció las privatizaciones y concesiones de territorios en donde están asentados los pueblos indígenas del país. Lamentó la persecución y criminalización del Estado contra quienes defienden los derechos y exigen el respeto de las garantías “que el Estado mismo ha aprobado, como la consulta definida en el Convenio 169 de la OIT, con base en el consentimiento previo, libre e informado”.

Según Marta Arno, representante del Observatorio Permanente de Derechos Humanos en el Bajo Aguán, de la Costa Norte de Honduras, las más de 50 organizaciones que integran la plataforma lograron consensuar una paquete de catorce recomendaciones que presentaron durante su visita a Ginebra a las misiones diplomáticas, con el propósito de que algunas de ellas sean formuladas a Honduras como parte de las acciones que debe implementar en materia de derechos humanos.

Estas recomendaciones buscan subsanar aspectos relacionados con la falta de acceso a la justicia y la impunidad, la debilidad institucional, la violencia contra los periodistas y las limitaciones a la libertad de expresión. También mejorar el acceso a la información pública, implementar el derecho a la consulta previa de los pueblos indígenas, garantizar la independencia judicial, revertir la militarización de la seguridad pública y atender la crítica situación que viven los miembros de la comunidad LGTBI, así como la niñez en situación vulnerable.

Recordaron que alrededor de “4 mil 800 niños y niñas viven en la calle, según cifras provistas por las propias instituciones del Estado”, pero que de acuerdo a estimaciones de organizaciones que se dedican a este tema, como Casa Alianza, esta cifra podría llegar hasta 18 mil. “El fenómeno de la prostitución es en extremo preocupante… Hay cadenas de prostitución, catálogos de niños, niñas y jóvenes para la gran empresa turística”, alertaron.

Según Juan Antonio Mejía Guerra, San Pedro Sula es la ciudad donde hay más niños viviendo en la calle, pero “qué es lo que ha hecho el gobierno?”, inquirió con tono de indignación y continuó, “censarlos y hasta darles un carné, para que el niño que pide dinero en este semáforo por la mañana, en la tarde no vaya pedir al otro… es una medida aberrante. Lo presentan como mecanismo para tener orden… no los escogimos (a las autoridades) para que censaran a esos niños, sino para que solucionen ese problema”, dijo el activista.

Respecto del mecanismo del EPU, las organizaciones dijeron estar conscientes de los alcances y las limitaciones. “El EPU no lo es todo, pero para nosotros que venimos de un país con una estructura gubernamental estancada, secuestrada por una clase oligarca, tener un instrumento, una herramienta internacional, nos ayuda para dar la lucha a favor de las comunidades y de las organizaciones… sabemos que el país tiene la posibilidad de aceptar o rechazar esas recomendaciones, pero esperamos que las acepte todas”.

Por último, informaron que durante su visita a Ginebra lograron informar a un número importante de misiones diplomáticas, así como a expertos del sistema de derechos humanos de la ONU. También adelantaron que la Relatora Especial sobre el derecho a la alimentación, Hilal Elver, tiene previsto una visita al país a finales del 2015 y que está en proceso de negociación la instalación en Honduras de una Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, como las que existe en México, Guatemala, Colombia y Bolivia.