Por: Diego de León Sagot

 

Ginebra, 16 de octubre.- Limitaciones a la libertad de asociación, criminalización y judicialización de líderes comunitarios y el desarrollo de megaproyectos en territorios indígenas sin el consentimiento de dichos pueblos, son parte de las denuncias remitidas por representantes de organizaciones que se hicieron presente en la sede de Naciones Unidas en Ginebra.

Su visita tuvo lugar días previos a que la situación de derechos humanos en Bolivia sea evaluada en el marco del Examen Periódico Universal (EPU), mecanismo creado por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU a través del cual los 193 Estados miembros de la organización mundial son examinados de manera periódica, cada cuatro años y medio. A Bolivia le corresponderá comparecer el próximo 28 de octubre.

La delegación estuvo conformada por delegados de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB), la Confederación Nacional de Mujeres Indígenas de Bolivia (CNAMIB), el Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (CONAMAQ) y la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI).

“Estamos en Ginebra porque van a examinar a Bolivia, y el gobierno ha elaborado un informe sin la participación de nuestras organizaciones y comunidades”, indicó Cancio Rojas Colque, representante de CONAMAQ. “Queremos que nuestro propio informe le sirva a los demás Estados para formular preguntas y hacer sugerencias en el marco del examen”, agregó. El EPU permite a todos los Estados miembros de la ONU indagar al país concernido respecto de la situación de derechos humanos y hacer recomendaciones con el propósito de que se avance en garantizar y proteger los derechos humanos.

Para los líderes indígenas “Bolivia es garante de los derechos de los pueblos indígenas consagrados en instrumentos internacionales y en la Constitución Política, pero no los cumple… simplemente los viola”, como ha ocurrido, según indicaron, en torno al proyecto de construcción en el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), respecto del cual “no se ha respetado el derecho a la consulta a pesar de que las comunidades se han pronunciado en contra de ese proyecto”.

Reclaman además persecución política contra la dirigencia indígena a raíz de las marchas que han realizado en rechazo a esa carretera prevista por el gobierno, según una declaración escrita remitida a Panorama Diplomático.

Para Carlos Mamani Condori, miembro de la delegación que asistió a Ginebra, “abrir la carretera implica la colonización de esos territorios”. Según el activista “el gobierno del presidente Evo Morales tiene una máscara campesina e indígena que no corresponde con la realidad… ahora representa a intereses ligados al extractivismo y la explotación de los recursos naturales… el verdadero conflicto es con las empresas transnacionales y el gobierno protege a esas empresas”.

Las organizaciones indígenas solicitaron a representaciones diplomáticas que le recomienden al país durante el EPU “que invierta esfuerzos políticos, económicos e institucionales en el cumplimiento de los compromisos asumidos en el Convenio 169 de la OIT, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas y el artículo 30 de la Constitución del Estado Plurinacional de Bolivia”, que se refiere a los derechos de las naciones y pueblos indígenas.

Además que garantice “en todas las medidas administrativas y legislativas susceptibles de afectar a los pueblos indígenas el derecho a la consulta para su consentimiento previo, libre e informado” y que “…respete el funcionamiento independiente del órgano judicial, cumpliendo con las decisiones y fallos del misma, y cese la persecución contra los magistrados”.