Panamá objetó las conclusiones del experto de la ONU sobre deuda externa y derechos humanos

Panamá rechazó de manera categórica las conclusiones del informe de la visita que hizo al Estado Juan Pablo Bohoslavsky, experto de la ONU sobre las consecuencias de la deuda externa en el goce de los derechos humanos, y que fue presentado hoy ante el Consejo de Derechos Humanos, reunido actualmente en Ginebra para su 37.ª sesión.

“En él se ha soslayado el hecho de que la deuda externa y el endeudamiento público de Panamá no están en ninguna forma afectando negativamente los derechos humanos de su población”, argumentó el Estado tras la intervención del experto argentino, quien expuso los hallazgos de su visita a Panamá, llevada a cabo entre el 2 y el 10 de mayo de 2017, y que tenía por objetivo evaluar las políticas enfocadas en mejorar la transparencia y combatir los abusos fiscales y los flujos financieros ilícitos.

De acuerdo con el informe, aunque Panamá está entre los países del mundo con mayor crecimiento económico en el último decenio, esto no se ha traducido en una disminución de la desigualdad puesto que el índice de pobreza extrema en las comarcas indígenas llega al 40 %, o sea, cuatro veces más que la media nacional.

Bohoslavsky juzgó que “si bien entre 2008 y 2016 los datos indican una reducción constante de la pobreza, esta no fue proporcional a la expansión económica”. Además, encontró que las opciones políticas y económicas han favorecido la concentración y consolidación de la riqueza en manos de unos pocos.

Es indispensable, según el informe, aplicar un marco regulatorio robusto que controle eficientemente el flujo de capital. De ello son evidencia la reciente crisis financiera de 2007-2008, que sacudió a las economías del mundo entero, y el escándalo de los papeles de Panamá, que revelaron un amplio y complejo sistema de facilitación para la evasión fiscal y la ocultación de activos mediante la creación de sociedades offshore.

Ambas circunstancias demostraron el inmenso daño potencial que representan los abusos fiscales y la política de opacidad que manejan las entidades financieras, en particular para los sectores más empobrecidos de la población. El informe comunicó que en 2015 la riqueza privada no declarada depositada en el extranjero se estimaba entre 24 y 36 millones de dólares, lo cual representa una enorme pérdida para la inversión social que podrían realizar los Estados.

Además, en el informe se estima que esto se dio dentro del margen de prácticas legales en acuerdo con el derecho panameño. El Estado calificó esta afirmación de “deformación de la realidad” y dio como argumento que el dinero no se encontraba en su territorio. Esto apunta, justamente, a una de las debilidades señaladas por Bohoslavsky en la ley panameña: que solo considera las infracciones fiscales cometidas por personas que residen en el país y no las que ocurren desde el extranjero.

En este contexto, el experto recomendó a Panamá imponer como requisito legal hacer pública la información del beneficiario final de toda entidad comercial y firmar acuerdos bilaterales de intercambio de información fiscal con aquellos países con los que mantiene relaciones comerciales. Asimismo, instó al país a catalogar la evasión fiscal y la asistencia en la materia como delito en su Código Penal.

Al finalizar su intervención ante el Consejo, en la que presentó también su reporte anual y sus informes sobre Túnez y Suiza, Bohoslavsky lamentó la decisión de Brasil de cancelar la visita al Estado que iba a tener lugar del 19 al 29 de marzo. Sin embargo, el experto dijo tener confianza en que Brasilia determinará pronto una nueva fecha para llevar a cabo su primera visita oficial al país suramericano.