“Perdonar es muy difícil cuando no se tiene la verdad en la mano”: Jineth Bedoya Lima

El 25 de mayo del 2000, la periodista colombiana Jineth Bedoya fue secuestrada, torturada y agredida sexualmente mientras trabajaba en una investigación sobre una red de tráfico de armas y secuestrados en la que estaban implicados militares, policías, políticos, empresarios y funcionarios. Hoy, 16 años después de los hechos, solo hay dos condenados como autores materiales, pero quien ordenó estos delitos permanece en la impunidad.

Bedoya, actualmente subeditora de El Tiempo, el diario más importante de Colombia, está en Ginebra para asistir al examen de Colombia ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU. Como parte de su agenda, hoy se reunió con los expertos internacionales que lo conforman y les expuso su caso, ya convertido en emblemático porque en él confluyen múltiples violaciones de los derechos humanos.

Panorama habló con ella.

En Colombia han sido muchos los periodistas asesinados, secuestrados, amenazados, exiliados… a ellos les apagaron la voz, pero a mí no. Cuando miro hacia atrás y veo el asesinato de Jaime Garzón, de Guillermo Cano, de los periodistas de El Espectador y de tantos otros colegas, creo que tengo una gran responsabilidad porque sus casos ni siquiera han podido llegar a la instancia a la que ha llegado el mío.

A los periodistas en Colombia se nos ha hecho creer que no tenemos derechos: que nuestra responsabilidad está ligada simplemente a informar y muchas veces llevamos la peor parte por hacerlo mal o por trabajar en los medios relacionados con los grupos económicos o con el Gobierno de turno.

Por eso hemos dejado de reclamar nuestros derechos: se nos ha olvidado decir que hoy la pauta oficial nos está autocensurando, que está cerrando los medios de comunicación pequeños y afectando a los medios alternativos. Por eso era fundamental traer esa voz a este espacio.

La reunión que tuvimos esta mañana con los expertos del Comité me deja una gran esperanza. Sé que por estas reuniones pasan muchas ONG, muchos casos, a veces muy similares. Se habla mucho de la vulneración de los derechos sexuales, del racismo o la homofobia, pero muy pocas veces se le pone un rostro y una voz a la violencia sexual porque ese sigue siendo un asunto que estigmatiza, que avergüenza, que nos fuerza a quedarnos en la sombra y a que otro hable por nosotros.

Por eso creo que el hecho de que un sobreviviente pueda intervenir en un espacio como este le da mucho impulso al tema. Eso fue lo que sentí esta mañana al hablar con los expertos. Su receptividad, y la de la gente que estaba en la reunión, me hace sentir que vale la pena seguir haciéndolo pese a lo difícil que es: mucha gente cree que esto es un paseo más y no sabe lo que cuesta dar la cara y decir “a mí me violaron”.

Esta mañana en la reunión con los expertos les decía que el 25 de mayo del 2000, el día de mi secuestro, me silenciaron. La investigación que estaba haciendo era sobre una gran red de tráfico de armas y de secuestrados en la que estaban involucrados militares y policías, que tenían negocios con los paramilitares, y cuyos compradores eran los miembros de la guerrilla. Públicamente todos eran enemigos, pero, por debajo de la mesa, eran socios en un negocio criminal.

Yo lo estaba investigando sin saber todos los tentáculos y la dimensión que tenía ese entramado. Hoy lo tengo muy claro, pero en ese momento solamente estaba jalando uno de los extremos y me estrellé contra la punta del iceberg que era una de las más grandes redes de corrupción que ha habido en Colombia. Casi me matan. La investigación quedó ahí y hoy, 16 años después, no la hemos publicado.

Pero este año hicimos un pacto con los periodistas que me estaban acompañando en esa investigación, mis jefes en ese momento en el diario El Espectador: entendimos que tenemos que dar a conocer lo que encontramos, que está perfectamente documentado. Lo vamos a hacer conjuntamente, El Tiempo y El Espectador, dos periódicos que son competencia. Y lo vamos a hacer en honor a la verdad de lo que no pudimos publicar hace 16 años.

Este tiene que ser uno de los ejemplos para el país de lo que significa abrir el camino hacia el perdón. Espero que cuando salga la publicación, parte de esta carga que me ha tocado llevar durante tantos años me quede mucho más liviana.

No, pero sí siguen estando las personas involucradas. La red se desarticuló porque la guerrilla ya no secuestra, así que ya no compra secuestrados. Además, los paramilitares de desmovilizaron.

Sin embargo, quienes estaban metidos en esa red hoy siguen en Colombia sin estar judicializados. Algunos de ellos son empresarios en el negocio de la seguridad. No sé cuáles serán sus nexos actualmente, pero imagino que después de esa red hicieron otros actos de corrupción porque ese es su perfil.

Inmediatamente se destrabe el tema del proceso de paz.

Algo que he aprendido a lo largo de los años, en particular desde cuando me acepté como víctima, es el valor que tiene la verdad. Creo que no hay años de cárcel para un victimario que puedan devolverle a uno la tranquilidad.

En este momento, dos de mis victimarios están condenados, pero eso no me deja tranquila por una sencilla razón: ellos no dijeron la verdad. Y me pidieron perdón solamente porque al hacerlo iban a obtener una rebaja de pena. En la última audiencia decidí no aceptar ese perdón porque no es un perdón que nace del alma, sino del interés del beneficio que pueden obtener de él.

El pedir perdón tiene que estar ligado a la verdad y ellos no la dijeron. Si algo podría permitirme cerrar este ciclo es conocer la verdad: por qué lo hicieron, quién lo ordenó. Y que quien lo ordenó dé la cara y lo acepte. No me importa que pague tres o cinco años de cárcel: quiero la verdad.

Ese se ha convertido en un común denominador entre las víctimas en Colombia, que quieren saber dónde quedaron sus seres queridos, recibir sus restos. Las viudas y los huérfanos quieren escuchar por qué mataron a sus seres queridos. Eso es lo que le da sentido a empezar un camino de perdón.

Por mi parte, no he acabado de perdonar. Aprendí a transformar el dolor, que es diferente. Pero perdonar es muy difícil cuando no se tiene la verdad en la mano.

En este momento el caso está en la etapa de fondo en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Lamentablemente, la respuesta que ha dado el Estado colombiano es tan mediocre como el tratamiento que les da a las víctimas: sin argumentos, sin investigación, sin una respuesta de fondo sobre lo que ha pasado.

Y aquí quiero resaltar que soy una persona pública en Colombia: soy una periodista del medio más importante del país, salgo en televisión, tengo mucha visibilidad… y si, en mi caso, que tengo todas esas posibilidades, no pasa nada, pueden hacerse una idea de lo que pasa con los demás, los que son NN, y que lamentablemente nunca van a salir de ese archivo negro que tiene la justicia colombiana para manejar, sobre todo, los crímenes de lesa humanidad como la violencia sexual.

Tomé dos decisiones frente al proceso. La primera fue devolver la plata de la indemnización que me dio el Estado luego de haberme registrado en la Unidad de Víctimas, mecanismo que nos daba la posibilidad a los ocho millones de colombianos que hemos sufrido la guerra de acceder a la verdad, la reparación y la no repetición.

Cuando me acogí al procedimiento, pedí específicamente que mi caso no se utilizara para mostrar una supuesta eficiencia del Estado. Pero cuando recibí esa retribución monetaria, pasó lo contrario: el Estado lo usó para mostrar que sí es efectivo. Lo hizo este año ante la CIDH. El Gobierno colombiano, en la audiencia, dijo que no entiende cómo sigo reclamando justicia si ya me dieron una indemnización.

Así que devolví la plata: en una rueda de prensa hice pública mi intención de devolverla y fue muy mal recibida, obviamente, pero mi argumento es que la plata no le soluciona la vida a una víctima. A una gran mayoría las puede aliviar, porque muchas víctimas viven en circunstancias económicas muy difíciles. Pero eso no nos da justicia ni reparación.

La segunda decisión que tomé fue no conciliar con el Estado en la CIDH porque, por más ceros que tenga, no hay cheque que pueda cubrir el dolor. Cuando el Estado ofrece conciliar, lo que propone es “le doy esta plata y dejemos así”. La impunidad no es negociable, y mi caso sigue impune.

Pero esto va más allá: en algún momento me convertí en la voz de millones de mujeres que han sido violadas como yo. Y en Colombia la violación es un delito de quinta categoría: es el más invisibilizado, sobre todo en el marco del conflicto armado. Yo no estoy dispuesta a negociar con un Estado que sigue mintiendo y amparando a mis victimarios y a los de otras mujeres; que es ineficiente a la hora de impartir justicia y revictimizante, como la ha sido conmigo una y otra vez. No hay nada que conciliar.

Espero tener una noticia de aquí a diciembre. El Gobierno ya dio su última respuesta: era el chance que tenían para aportar algo y respondieron con la misma torpeza que han tratado mi caso. Mi gran ilusión es que el proceso sea admitido en la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Algunas personas consideran que no es compatible ser activista y periodista porque eso quita la objetividad. Pero yo quiero que levante la mano el primer periodista que pueda decir que es totalmente objetivo.

Nunca pensé tener un espíritu activista dentro de mí. Siempre me consideré solo periodista, pero al ver que la frase que acuñé cuando di a conocer mi caso, en agosto de 2009, se convirtió en el lema “no es hora de callar”, que se volvió una campaña, pues me di cuenta de que tenía la posibilidad de contar las historias de violaciones de los derechos humanos de otra manera.

También comprendí que los medios de comunicación tenemos una gran responsabilidad social en materia de violencia de género y que a nivel global somos los responsables del 50 % de la invisibilidad y del mal manejo del tema. Eso me llevó a asumir que, indudablemente, los medios sí podemos salvar vidas de mujeres.

Entonces, para mí, periodismo y activismo no son incompatibles, al menos en el caso de la violencia de género. El activismo me ha permitido que un medio de comunicación como El Tiempo, un medio tradicional, el más grande de Colombia, asuma las banderas de una campaña que les dice todos los días a las mujeres que no se callen frente a la violencia y que esté denunciando que la cosificación de las mujeres lleva a que las vulneren y las maten.

El Examen

Los próximos 19 y 20 de octubre, Colombia rendirá su examen ante el Comité de Derechos Humanos, órgano de las Naciones Unidas encargado de supervisar el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ratificado por el Estado colombiano en 1969.

Los invitamos a seguir el cubrimiento en vivo de la sesión a través de nuestra cuenta Twitter.