Posibles “ejecuciones ilegales” en Nicaragua deben ser investigadas cuanto antes: ACNUDH

por | 27-04-2018

El alto comisionado para los derechos humanos se pronunció por segunda vez sobre Nicaragua en menos de cinco días. Pidió celeridad en las investigaciones por las muertes en el marco de las recientes protestas.

En rueda de prensa en Ginebra el pasado 24 de abril, el alto comisionado de la ONU para los derechos humanos manifestó a través de su portavoz, Liz Throssell, preocupación por que varias de las muertes ocurridas durante las protestas en Nicaragua podrían ser “ejecuciones ilegales” e insistió en que las investigaciones sobre los hechos deben ser “prontas, exhaustivas, independientes y transparentes”.

Luego de seis días de intensas manifestaciones desencadenadas en distintas partes del país centroamericano en contra de las reformas al sistema de seguro social, la portavoz del alto comisionado dijo que cuentan con “informes confiables de que al menos 25 personas han muerto en Nicaragua durante las protestas”.

Throssell también expresó inquietud por las decenas de personas heridas o detenidas en el contexto de las protestas y reiteró su llamado al Estado a cumplir “con sus obligaciones internacionales de garantizar que las personas, incluidos los defensores y defensoras de derechos humanos que han estado monitoreando los acontecimientos, puedan ejercer libremente su derecho a la libertad de expresión y asamblea pacífica y asociación”. De igual forma, instó a los manifestantes a protestar de manera pacífica.

Finalmente, la portavoz se sumó a lo expresado por el secretario general de la ONU, António Guterres, quien el lunes 23 de abril hizo un llamado a todas las partes a actuar con “moderación” y declaró, a través de su portavoz, que “respalda la convocatoria de diálogo como un instrumento para abordar los desafíos actuales del país”.

El domingo anterior, con el objetivo de facilitar un diálogo nacional, el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, anunció la derogación de las reformas que habrían producido una deducción de 5 % a las pensiones y un aumento a las cotizaciones de empleadores y trabajadores. Sin embargo, la represión durante las protestas causó indignación en el país, lo que dio origen a otras manifestaciones.

Aunque las autoridades no han dado nuevas cifras de fallecidos, que mantienen en 10, el Centro Nicaragüense para los Derechos Humanos (CENIDH) dice haber confirmado 37 muertes, mientras que la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) calcula que 63 personas perdieron la vida durante las protestas. Marcos Carmona, secretario ejecutivo de esta organización, aseguró que todavía hay al menos 15 desaparecidos.

El Ejecutivo ha aceptado la mediación de la iglesia católica en su diálogo con las empresas y los trabajadores, a los cuales se sumarán posiblemente otros sectores de la población. Los estudiantes que continúan manifestando desde la Universidad Politécnica de Nicaragua (UPOLI), y que han encabezado las protestas, aceptaron el miércoles la invitación de la Conferencia Episcopal de Nicaragua a tomar parte en el diálogo, pero con la condición de que se garantice su seguridad y no sean perseguidos por las autoridades.

Alrededor del mundo, nicaragüenses se han reunido en muestra de apoyo a las manifestaciones. El 24 de abril tuvo lugar un plantón frente a la misión permanente de Nicaragua ante la ONU en Ginebra al que asistieron alrededor de 15 personas de distintas partes de Suiza.

En dos ocasiones tocaron a la puerta de la misión diplomática para conocer su postura ante el uso de violencia para reprimir las protestas, en ejercicio de su derecho a ser informados. La petición fue en vano puesto que no obtuvieron ninguna respuesta.