Preocupación en la ONU por aumento de homicidios de defensores de derechos humanos en Colombia
En el informe anual de su oficina en Colombia, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (ACNUDH) documentó once presuntos casos de ejecuciones extrajudiciales.
La alta comisionada adjunta para los derechos humanos, Kate Gilmore, presentó el pasado miércoles en Ginebra el informe anual de su oficina en Colombia. “En las primeras seis semanas de 2018, el promedio semanal de homicidios de defensores de los derechos humanos casi se ha duplicado en comparación con el año pasado”, dijo la funcionaria en su presentación durante la 37.ª sesión el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
El informe, que formula 19 recomendaciones al Estado, presenta el balance de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (OACNUDH) del primer año de la implementación del acuerdo de paz en el país. Además, “destaca algunos desafíos, especialmente en las zonas rurales, como la falta de seguridad, la violencia vinculada a actividades económicas ilegales en contextos de disputas entre grupos armados ilegales y el crimen organizado, en particular en las antiguas áreas de influencia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo”.
Asimismo, el reporte expuso que en el 2017 “la OACNUDH registró 441 ataques, incluyendo 121 asesinatos. Estos últimos incluyen a 84 defensores de los derechos humanos que ejercían liderazgo, 23 miembros de movimientos sociales y políticos y 14 personas muertas durante las protestas sociales. También registró 41 intentos de asesinato; 213 amenazas; 61 violaciones de los derechos a la intimidad y la propiedad; cuatro desapariciones forzadas; y la violación sexual de una mujer activista”.
Tras la intervención de Gilmore hizo uso de la palabra durante cinco minutos la embajadora de Colombia ante las Naciones Unidas en Ginebra, Beatriz Londoño Soto, quien declaró que el Gobierno colombiano está haciendo un gran esfuerzo para “tener una presencia efectiva en todo el territorio y de esta manera facilitar que todas las personas, particularmente las residentes en zonas rurales apartadas y con mayor afectación por el conflicto, puedan disfrutar de los derechos que tiene como ciudadanos”.
La embajadora expresó que Colombia tiene nuevos desafíos después de la firma del acuerdo, como se señaló el informe de la OACNUDH. “El primero es la protección de los defensores de los derechos humanos, por lo que el Estado comparte la profunda preocupación expresada por la oficina, y prosigue su labor encaminada a garantizar la vida e integridad de los defensores de derechos humanos, líderes sociales, sindicales y políticos”.
Además, Londoño reconoció el alto índice de impunidad en el país, y dijo que el Estado colombiano trabaja arduamente, junto con la sociedad civil y organismos internacionales, para reducirla, e insistió en que “Colombia deberá persistir en su labor infatigable de promover y proteger la plena observancia de los derechos humanos. Solo de esta manera, el acuerdo de paz alcanzado tendrá el significado que merece para las víctimas, las mujeres, los campesinos, los indígenas, los afrodescendientes y todas las minorías”.
La diplomática finalizó su intervención agradeciendo a Todd Howland por su labor como representante del ACNUDH en Colombia durante los últimos seis años, y celebró la designación de Alberto Brunori como sucesor de Howland. Asimismo, ratificó “la voluntad para mantener con la oficina del Alto Comisionado una interlocución permanente, franca y constructiva en beneficio de toda la población”.
