Relator de la ONU denuncia falta de determinación para implementar el Acuerdo de Paz

Michel Forst, relator especial de la ONU sobre los defensores de derechos humanos, hizo público su muy esperado informe acerca de la grave situación de los defensores y líderes sociales en Colombia. A lo largo de 18 páginas, el experto francés da cuenta de los hallazgos de su visita al país, que tuvo lugar, por invitación del Gobierno, entre noviembre y diciembre de 2018.

En sus conclusiones, Forst indicó que “el retraso y falta de determinación política y de designación de fondos suficientes para la implementación del Acuerdo de Paz, que prioriza, entre otros, el desmantelamiento de estos grupos [armados ilegales] y la presencia integral del Estado, es sin duda una de las causas estructurales clave que mantienen la situación de riesgo de los defensores”.

“Tras analizar la información recibida del Gobierno, la sociedad civil y otros actores, el Relator Especial concluye que la gran mayoría de las personas defensoras en Colombia no pueden trabajar en un entorno seguro y propicio”, consignó en su informe Forst, quien también observó que los defensores en el país no cuentan con un reconocimiento social positivo, y que son deslegitimados y criminalizados por actores estatales y no estatales.

El relator concluyó también que el riesgo para quienes defienden los derechos humanos ha aumentado desde la firma del Acuerdo de Paz, y que precisamente los líderes sociales que promueven su implementación en las zonas rurales más afectadas por el conflicto “son el principal blanco de asesinatos, ataques y otras violaciones”.

“Al menos 323 personas defensoras han sido asesinadas desde entonces en un contexto de altos índices de impunidad. Colombia sigue siendo el país con el mayor número de personas defensoras asesinadas en América Latina, y las amenazas en su contra se han disparado”, afirmó el experto.

Según pudo determinar en su análisis de la situación en Colombia, la violencia contra los líderes, incluyendo a los que defienden la tierra, el medio ambiente y los derechos de los pueblos indígenas y afrocolombianos “frente a los intereses estatales y de actores no estales, como empresas nacionales e internacionales y otros grupos de poder”, se debe a “una combinación de factores y problemas estructurales todavía no resueltos”.

Además de la falta de implementación del Acuerdo, el experto coincide con lo que analistas, defensores y periodistas denuncian desde hace tiempo: “La desmovilización de las FARC-EP no conllevó la movilización y presencia estatal integral en las zonas antes bajo su control, lo que permitió la reorganización del poder a manos de grupos armados ilegales y grupos criminales en torno a economías ilícitas, ante la inacción y/o ausencia del Estado”.

Los otros dos factores estructurales identificados por Forst son “la deuda histórica del Estado con los derechos humanos de las comunidades étnicas” y los campesinos, en particular el acceso a la tierra “que hasta ahora ha resultado en favor de los intereses de las empresas nacionales e internacionales y ciertas élites”, y la falta de una reforma agraria y de una política efectiva de restitución de tierras.

“El número de conflictos relacionados con la protección de la tierra y los derechos ambientales seguirá en aumento mientras el tema del modelo de desarrollo y su sostenibilidad no se aborde y se llegue a un acuerdo con las comunidades afectadas basado en los derechos humanos”, sostuvo el relator, quien formuló al Gobierno ocho recomendaciones para hacer frente a la situación de violencia contra los defensores y líderes sociales.

Las recomendaciones de Forst a Colombia

La primera y más detallada es reafirmar su compromiso político con el Acuerdo de Paz, priorizar su implementación y garantizar los recursos necesarios para hacerlo.

En esta recomendación, el experto pide específicamente al Gobierno asegurar el funcionamiento de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, el despliegue integral de instituciones civiles y servicios del Estado en las zonas de mayor riesgo para los defensores, la permanencia, con recursos y personal suficientes, de la Unidad Especializada de la Fiscalía, la autonomía del Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo y la puesta en marcha de un plan nacional de desarrollo, reforma agraria y restitución de tierras con enfoque de derechos humanos.

Las otras recomendaciones del relator especial de la ONU incluyen adoptar e implementar la Política Pública Integral de Respeto y Garantías para la Labor de la Defensa de los Derechos Humanos; reconocer de manera pública y regular el carácter fundamental de la labor de los defensores y líderes sociales; priorizar la lucha contra la impunidad por los asesinatos, amenazas y todo tipo de violencia en su contra, y garantizar que la legislación sea compatible con el ejercicio de los derechos civiles y políticos, así como los de los pueblos indígenas y afrocolombianos.

Este informe de Michel Forst será presentado y discutido en la próxima sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que tendrá lugar del 24 de febrero al 20 de marzo en Ginebra. En el debate podrán participar los Estados miembros de Naciones Unidas, el relator especial y las organizaciones de la sociedad civil.