Por: Carmen Lucía Castaño
La segunda jornada del examen de Colombia por el Comité para la Eliminación de la Discriminación racial (CERD) inició este 5 de agosto a las 10:00 am en el Palacio de las Naciones, sede europea de la ONU. La sesión comenzó con el saludo del presidente del Comité, José Franciso Cali, quien dio la palabra a la jefa de la delegación Colombiana, Carmen Vásquez Camargo.
Vásquez indicó que los diferentes miembros de la delegación intervendrían para responder a las preguntas de los expertos clasificadas por temas. A continuación dio la palabra a Moisés Medrano, director del Ministerio de Cultura quien hizo algunas precisiones estadísticas sobre la composición poblacional de Colombia.
Posteriormente intervino Mónica Fonseca, directora de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia. La funcionaria hizo referencia al proceso de fortalecimiento de la Fiscalía General de la Nación y de las Casas de Justicia como mecanismo previsto por el gobierno para combatir la impunidad y facilitar el acceso de la población a los procesos judiciales. Fonseca reiteró que, en Colombia, los tratados internacionales, incluida la Convención, prevalecen sobre toda otra disposición jurídica.
Por su parte, Iaki Sigindioy, asesor del Ministerio de Justicia, indicó que el uso del fuete, impuesto como castigo por las autoridades indígenas, no es considerado una forma de trato cruel inhumano o degradante en el ordenamiento jurídico colombiano.
Diego Mora, director de la Unidad de Nacional de Protección (UNP), señaló que el asesinado líder comunitario, Genaro García, contaba con medidas especiales de protección concedidas por el Comité de Evaluación de Riesgo y que consistían en el acompañamiento por un escolta, transporte, chaleco antibalas y equipo de comunicación. Mora afirmó que el guardaespaldas que protegía a García manifestó que no lo veía desde el 31 de julio y que no le solicitó acompañamiento para la salida que hizo el lunes 3 de agosto, cuando fue asesinado.
Katherine Herrera, asesora de la Unidad de Víctimas, destacó que la restitución de tierras es un proceso de reparación de víctimas que tiene lugar paralelamente al conflicto, cuyo fin se negocia hoy entre el gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC. La funcionaria precisó que aunque la Ley de Víctimas, marco legal de dicho proceso de restitución, cobija a quienes vieron vulnerados sus derechos entre 1985 y 2015, quienes hayan sido víctimas de delitos atroces antes de la fecha establecida pueden reclamar también su inclusión en este proceso de reparación.
”La restitución de derechos territoriales es una medida preferente dirigida a comunidades indígenas, afrocolombianas, raizales y rom para proteger los territorios colectivos, titulados o no.”, aseguró Herrera.
La viceministra Vásquez indicó que el objetivo del proceso de paz es terminar el conflicto y sentar las bases de la reparación integral y que va mucho más allá de la desmovilización de las FARC: “se trata de transformar las condiciones de vida en el campo y fortalecer la democracia para construir una paz duradera”.
La embajadora colombiana, Beatriz Londoño Soto, reiteró la voluntad del gobierno colombiano por construir la paz y por asumir los retos que aún enfrenta el Estado en materia de discriminación racial. Dicho esto, procedió a anunciar que la delegación estaba lista para dar inicio al diálogo interactivo con los expertos.
Preguntas de seguimiento
La nueva ronda de preguntas de los expertos inició con la intervención del brasilero Jose Lindgren, en la imagen, quien invitó a la delegación a reflexionar sobre la situación de la población rom en Colombia y a no perder de vista que su problemática no tiene nada que ver con la realidad que este pueblo vive en Europa. Lo anterior para subrayar que los indígenas y los afrodescendientes sí requieren la intervención del Estado para la protección de sus derechos.
Posteriormente intervino Carlos Vazquez, relator del CERD para Colombia, quien luego de agradecer a la delegación por la información facilitada y de destacar la labor de la Defensoría del Pueblo, señaló que esta institución tiene todavía importantes mejoras que hacer en materia de eficacia ya que, según indicó, en ocasiones tarda hasta tres meses en trasladar una solicitud de protección individual a la UNP. Por otra parte, indagó sobre el reclutamiento forzado de menores pertenecientes a comunidades indígenas y afrodescendientes
Por su parte, el experto rumano Ion Diaconu expresó su sorpresa por la legalidad del castigo corporal en la jurisdicción indígena pues, para él, no es posible que una parte de los colombianos pueda ser penalizada de esta manera. Por ello, indicó a la delegación que debe haber una armonización entre los castigos permitidos por las diferentes jurisdicciones.
Respuestas de la delegación
La asesora de la Unidad de Víctimas, Katherine Herrera (en la imagen), respondió, con respecto a los menores reclutados por los actores armados, que estos tienen un estatus especial en el sistema jurídico colombiano por lo que son tratados como víctimas y no como victimarios. La funcionaria indicó además que para ellos existe una política de reparación administrativa que incluye programas de formación.
El director de la UNP, Diego Mora, destacó que las medidas de protección colectivas han ayudado a reducir el riesgo de comunidades en peligro de violación de los derechos humanos. El funcionario precisó que el Estado es consciente de que no todos los riesgos pueden ser minimizados a través de escoltas y chalecos antibalas, por lo cual está implementando medidas alternativas como proyectos comunitarios y construcción de centros educativos.
La viceministra Vásquez intervino para informar que el gobierno de Colombia espera poder contar en octubre con una definición concreta del mecanismo de consulta previa que se aplicará con comunidades afrocolombianas. Con respecto a las preguntas formuladas por el relator Vazquez sobre el impacto de las actividades de las empresas Drummond y AngloGold Ashanti, la viceministra indicó que enviará información durante el plazo de 48 horas que otorga el Comité a partir del final del examen.
Iaku Sigindioy indicó, por su parte, que la justicia indígena tiene prohibido imponer el destierro, la cadena perpetua y la confiscación y que un proceso de consulta previa que está por realizarse permitirá hacer una armonización efectiva del ordenamiento jurídico nacional con los preceptos de la jurisdicción indígena.
Segunda ronda de preguntas de seguimiento
El experto libanés Melhem Khalaf reiteró sus interrogaciones sobre la explotación minera legal que trae como consecuencia la violación de los derechos consagrados en la Constitución colombiana. “¿Cuál es el criterio en el que se basa el Estado para privilegiar un interés monetario sobre el interés cultural?”, preguntó el experto.
Alexandra Córdoba, asesora del Ministerio del Interior, respondió que en Colombia se reconocen los saberes ancestrales, uno de los cuales es la minería artesanal, para el caso de las comunidades afrocolombianas. El Estado, señaló, está en proceso de regular esta actividad en aquellos casos en los que no se ejerce de conformidad con las normas ambientales.
Por otra parte, la experta irlandesa Anastasia Crickley, en la imagen, pidió especificar las medidas adoptadas para proteger de la discriminación a las mujeres pertenecientes a minorías étnicas y solicitó precisiones sobre su participación en la mesa de negociaciones de paz.
La experta Fatimata Dah preguntó si las medidas de reparación previstas para las víctimas del desplazamiento forzado comprenden el retorno a los lugares de los que fueron expulsados y si la política de reparación contempla medidas colectivas.
Tras la intervención final de la viceministra Vásquez, en la cual reiteró que el gobierno es consciente de que la construcción de la paz es un proceso que va más allá de la firma de los acuerdos, el presidente del CERD tomó la palabra para agradecer la presencia de la delegación y su diligencia en la entrega de la información.
Fin de la sesión
A la 1:00 pm, José Francisco Cali dio por terminada la segunda jornada de examen de Colombia en materia de discriminación racial.
El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial concluirá esta sesión el próximo 28 de agosto. Ese día hará públicas las observaciones finales y las recomendaciones que formulará a los países que fueron evaluados. Además de Colombia, se trata de Costa Rica, Holanda, Nigeria, Noruega, Macedonia, Surinam y República Checa.
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