Representantes del movimiento Defendamos la Paz se reunieron con Michelle Bachelet

Los exministros Álvaro Leyva y Eduardo Díaz, el defensor de derechos humanos Carlos Alfonso Rosero, los exasesores en el proceso de negociación con las FARC Mariela Kohon y Diego Martínez, y la experta en justicia transicional María Camila Moreno se reunieron este lunes en Ginebra con la alta comisionada de la ONU para los derechos humanos, Michelle Bachelet.

“Somos una comisión integrada por personas de distinto origen, incluso de distinta concepción ideológica, pero con un común denominador: que defendemos el proceso y el Acuerdo de Paz”, dijo a PANORAMA Eduardo Díaz, exdirector de la Agencia para la Sustitución de Cultivos Ilícitos y exministro de Salud, al referirse a esta delegación de la iniciativa Defendamos la Paz, que agrupa desde febrero a ciudadanos que comparten esta misma preocupación por las dificultades y retrasos en la implementación del Acuerdo.

Díaz señaló que, en su caso particular, le preocupa que se esté dejando de lado que la aplicación del Acuerdo debe ser integral y que, en su lugar, se esté compartimentando. “El tema de cultivos tiene que ver con el de tierras. Si no se avanza en el punto de la reforma rural integral, el otro deviene en un programa de discusión de si sembramos cacao o pimienta y se rompe la lógica de transformación de territorios y de las vidas de comunidades enteras”, aseguró.

El exfuncionario destacó que la alta comisionada los escuchó a todos “con muchísima atención” y que, como parte de su trabajo en pro del Acuerdo, a Defendamos la Paz le corresponde seguir expresándole a la comunidad internacional tanto las preocupaciones como las posibles soluciones sobre el proceso de implementación.

La situación de los defensores y líderes sociales

“Lo primero a lo que hicimos referencia fue al incumplimiento de los compromisos adquiridos por el Estado colombiano en materia de garantías para defensores de derechos humanos”, sostuvo, por su parte, Diego Martínez, ex secretario general del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos y exasesor en los diálogos de La Habana.

Martínez también adelantó que le presentaron algunas propuestas a Bachelet, como la creación de una comisión de seguimiento para hacer frente a los asesinatos de defensores y líderes sociales: se trataría de una instancia con funciones de verificación y asesoría tanto al Gobierno como a la Fiscalía General de la Nación.

El futuro de la Oficina de la Alta Comisionada en Colombia

“Hay una respuesta positiva en términos de que la Oficina se presta para este diálogo y puede ser un puente con las autoridades colombianas”, dijo Martínez, para quien resulta fundamental que la representación de la Oficina de Bachelet en Colombia continúe con sus labores de acompañamiento del proceso de puesta en marcha de las disposiciones del Acuerdo.

En esto coincide María Camila Moreno, directora en Colombia del Centro Internacional para la Justicia Transicional. “El Gobierno está ad-portas de renovar el mandato de la Oficina, que vence en septiembre. El propósito de la reunión también era compartir algunos argumentos de por qué es importantísima esa renovación del mandato sin restricción. Al contrario, creemos que hay que fortalecerlo”, explicó.

Al igual que Martínez, Moreno piensa que es apenas coherente que sea esta instancia la que acompañe la implementación pues “el Acuerdo de Paz es un acuerdo de derechos humanos”.

“Si bien la Misión de Verificación de la ONU tiene en su mandato la tarea de monitorear y hacer seguimiento al componente de reincorporación política económica y social de los excombatientes de las FARC –precisó Moreno– los otros puntos del Acuerdo le corresponderían a la Oficina. Y así está establecido en el Acuerdo”. “Creemos que una Oficina robusta en Colombia, con un mandato sin restricciones es una garantía para el país”, concluyó.

Horas después de concluida la reunión, Defendamos la Paz divulgó una carta en la que públicamente solicitó a la alta comisionada intervenir “para asegurar la permanencia de la Oficina en Colombia por varios años más con el mandato original en su integridad, así como el acompañamiento a la implementación del Acuerdo”.

¿Qué es la Oficina?

La Oficina en Colombia de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos se estableció en 1996 por un acuerdo entre el Estado y la ONU. Sus funciones son monitorear la situación en materia de derechos humanos, asesorar en este mismo tema y en derecho internacional humanitario (DIH) a las autoridades y a las organizaciones de la sociedad civil, brindar cooperación técnica en estos mismos asuntos, y promover y proteger los derechos humanos y el DIH.

A partir de la firma del Acuerdo de Paz, a la Oficina le fueron otorgadas nuevas funciones. Por ejemplo, debe incluir en sus informes anuales un capítulo sobre la implementación y acompañar la puesta en marcha del punto relativo a los derechos de las víctimas.

De la renovación del mandato de la Oficina, que por una cuestión de plazos debería estar teniendo lugar en este momento, poco o nada se ha sabido.

El pasado 21 de julio, como reacción a un artículo de El Espectador en el que se citaba un borrador del texto que prepararía el Gobierno para limitar el mandato, la Cancillería publicó un comunicado en el que negó la existencia de un documento oficial que contara con el visto bueno del canciller.

En el comunicado, el Ministerio no confirma ni desmiente que haya conversaciones en curso, pero aclara que, de haberlas, tendrían lugar “dentro del espíritu de cooperación y colaboración que distingue la relación de Colombia con el Sistema de las Naciones Unidas”. De igual forma, afirma que el Gobierno mantiene una relación cordial con la Oficina y que valora la asistencia y cooperación que le ha brindado desde su creación.