Por: Diego de León Sagot

 

Ginebra, 18 de marzo.- El Consejo de Derechos Humanos de la ONU se apresta a resolver un proyecto de resolución que pretende que todos los mecanismos de derechos humanos, como relatores especiales, grupos de trabajo y comités que supervisan el cumplimiento de los instrumentos internacionales, se pronuncien desde su campo de especialidad sobre el impacto de las políticas antidrogas en los derechos humanos.

El proyecto de resolución, que aún está en etapa final de negociaciones entre los Estados para ser puesto a consideración del Consejo, ha sido liderado por varios países latinoamericanos, como Colombia, Guatemala, México, Brasil, Uruguay y Paraguay, y acompañado entre otros por Suiza, Noruega y Albania; responde a la convocatoria de la Asamblea General de la ONU a una sesión especial en 2016 en la que se discutirán alternativas sobre cómo afrontar el problema de las drogas con mayor atención en la protección de los derechos humanos.

Organizaciones no gubernamentales, como la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) o Conectas Direitos Humanos (Brasil), han promovido la necesidad que mecanismos de derechos humanos, tanto del ámbito de Naciones Unidas como del Sistema Interamericano, ofrezcan mayor claridad al debate internacional sobre los efectos negativos de las políticas antidrogas.

Expertos de derechos humanos, como relatores especiales de la ONU sobre el disfrute de la salud física y mental, las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, o la tortura, entre otros, han manifestado su posición contraria a las políticas antidrogas vigentes, su enfoque altamente represivo, orientado a la criminalización del uso de las drogas, y el incremento que ha conllevado de fenómenos violatorios de derechos humanos, como detenciones arbitrarias, encarcelamientos masivos, tortura, desaparición forzada y desplazamientos, entre otros.

El proyecto de resolución en ciernes, promueve que el Consejo de Derechos Humanos solicite a la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ACNUDH, que prepare un estudio, en consulta con Estados, agencias especializadas de la ONU y otros actores relevantes, para ser presentado en septiembre de este año, con ocasión del 30 periodo de sesiones del Consejo.

Este estudio debe enfocarse en la dimensión de derechos humanos del problema mundial de las drogas, su impacto en el disfrute de los derechos humanos y ofrecer recomendaciones para afrontar este flagelo, con consideración particular de las personas que a causa de este problema se encuentran en situaciones vulnerables.

Así mismo, la resolución decide convenir la celebración de un panel de discusión en la misma sesión del Consejo de Derechos Humanos (septiembre 2015), en la que se debata la dimensión de este problema a partir de los hallazgos emanados del estudio preparado por ACNUDH, y propiciar una diálogo constructivo e inclusivo con actores relevantes, como las agencias especializadas, organizaciones de la sociedad civil y la Comisión de Estupefacientes de la ONU.

Según fuentes diplomáticas en la sede de la ONU en Ginebra, no se ha logrado aún alcanzar el consenso entre los Estados. Un bloque de países, en los que se incluye la mayoría de América Latina y Europa, apoya el proyecto en su totalidad, en tanto algunos Estados árabes, liderados por Egipto, rechazan la iniciativa en lo que respecta a la elaboración del estudio y promueven sólo la realización de un panel de discusión, de unas horas de duración y con participación voluntaria de Estados y otras partes interesados, como son habitualmente estos espacios. Hasta el momento, el único país que rechaza por completo el proyecto es Rusia.

Mañana jueves concluye el plazo formal para presentar proyectos de resolución que serán sometidos al Consejo de Derechos Humanos, ya sea para ser aprobados por consenso o por votación; no obstante, las negociaciones podrán continuar hasta el fin de la semana próxima, momento en el cual se procederá a la adopción de decisiones por parte del principal órgano de la ONU en materia de derechos humanos.

Para que una resolución sea adoptada, si no tiene el consenso, necesita la mayoría simple de los 47 miembros del Consejo, independientemente del número de abstenciones que se produzca. Además de esta resolución, el órgano intergubernamental deberá pronunciarse al menos en torno a 25 proyectos más, sobre diversidad de temas y procesos relacionados con derechos humanos y la acción internacional en la materia.