Por: Carmen Lucía Castaño

 

Ginebra, 20 de septiembre.- En el marco de su trigésima sesión, el Consejo de Derechos Humanos recibió esta semana el informe de la Secretaría General de las Naciones Unidas sobre la seguridad de los periodistas y la impunidad. La situación de los comunicadores en el contexto de la lucha antiterrorismo y el ejercicio de sus derechos en la era digital fueron dos de los temas centrales del documento.

Algunas de las medidas emprendidas por los Estados para prevenir y responder los ataques de los grupos terroristas, dice el informe, “afectan directamente a los periodistas y sus derechos humanos”. Es el caso, por ejemplo, de la vigilancia de amplio alcance que ha “infringido el derecho a la intimidad y dificultado la labor de los periodistas y su desempeño en condiciones de seguridad”.

Igualmente, la legislación producida para combatir el terrorismo contiene definiciones imprecisas que “dan pie a una aplicación discriminatoria o arbitraria de sus disposiciones” y que ha permitido su uso en contra de periodistas. “En algunos Estados se han equiparado las expresiones legítimas de crítica, protesta y oposición al gobierno con el terrorismo, de modo que en la práctica se penaliza la libertad de expresión”.

Dado que los comunicadores en esta situación se encuentran “expuestos tanto a los terroristas como a las respuestas del gobierno frente al terrorismo”, la Secretaría General de la ONU recuerda en su informe a los Estados que “la libertad de expresión y de los medios de comunicación, dos pilares esenciales de la democracia y el estado de derecho, no deben limitarse injustificadamente en la lucha contra el terrorismo, dado que la inseguridad y el terrorismo prosperan si se vulnera el estado de derecho y no se respetan los derechos humanos”.

Por otro lado, el reporte señala que aunque la era digital representa todo un nuevo horizonte para el ejercicio del periodismo, su existencia entraña riesgos y desafíos en materia de protección de los derechos humanos: “la vigilancia digital, la retención de datos, las tecnologías y políticas para el anonimato, la localización de datos y el bloqueo de los nombres de dominio pueden tener efectos trascendentales, a veces de forma involuntaria, en la libertad de los medios de comunicación y la seguridad de los periodistas”.

En ese contexto, merecen especial protección el derecho a la intimidad y la libertad de expresión pues, como lo indica el informe, se han presentado casos en los que personas “catalogadas como
disidentes, a menudo sobre la base de información obtenida mediante actividades de vigilancia digital, han sido detenidas y presuntamente sometidas a torturas u otros tratos o castigos crueles, inhumanos o degradantes”.

Al final del documento, la Secretaría General recomienda a los Estados colaborar activamente con el Consejo de Derechos Humanos y sus mecanismos con el fin de mejorar la situación de seguridad de los periodistas. También los insta a continuar trabajando por la aplicación del Plan de Acción de las Naciones Unidas sobre la Seguridad de los Periodistas y la Cuestión de la Impunidad, un conjunto de principios, objetivos y acciones en la materia que fue elaborado con el liderazgo de la UNESCO y aprobado en 2012.

De igual manera, invita a Estados, organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación a implementar medidas similares a la plataforma del Consejo de Europa para la protección de periodistas, que consiste en una página de internet en la que se centralizan las alertas de amenazas a la libertad de expresión o a la seguridad de los comunicadores nacionales de los países europeos.

Finalmente, el reporte alienta a los periodistas víctimas de violaciones de los derechos humanos que no hayan recibido reparación en sus países a que “consideren la posibilidad de utilizar los mecanismos de derechos humanos competentes de las Naciones Unidas como una vía para reclamar justicia”.

El informe “La seguridad de los periodistas y la cuestión de la impunidad” está disponible en este enlace.